BOLETÍN  
DE LA ACADEMIA  
NACIONAL DE HISTORIA  
Volumen XCV  
Nº 198  
Julio–diciembre 2017  
Quito–Ecuador  
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA  
DIRECTOR:  
Dr. Jorge Núñez Sánchez  
SUBDIRECTOR:  
SECRETARIO:  
TESORERO:  
Dr. Franklin Barriga López  
Ac. Diego Moscoso Peñaherrera  
Hno. Eduardo Muñoz Borrero  
Mtra. Jenny Londoño López  
BIBLIOTECARIA-ARCHIVERA:  
JEFA DE PUBLICACIONES:  
Dra. Rocío Rosero Jácome  
RELACIONADOR INSTITUCIONAL: Dr. Vladimir Serrano Pérez  
BOLETÍN de la A.N.H.  
Vol XCV  
Nº 198  
Julio–diciembre 2017  
©
Academia Nacional de Historia del Ecuador  
ISSN Nº 1390-079X  
e-ISSN Nº 2773-7381  
Portada  
Monumento a Vicente Rocafuerte  
en la ciudad de Guayaquil  
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Quito  
landazurifredi@gmail.com  
enero 2019  
Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación  
BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA  
Vol. XCV – Nº. 198  
Julio–Diciembre 2017  
INJERENCIA MILITAR  
EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO  
Oswaldo Redrován Samaniego1  
Con enorme responsabilidad y con muchísimo respeto a  
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, me dediqué por muchísimos  
años a investigar el papel que han jugado los militares ecuatorianos  
en el quehacer constitucional y democrático de la República. El  
resultado de la investigación fue muy interesante y enriquecedor, y  
me propuse contarlo, escribiendo un ensayo, porque la Historia  
exige que se reseñe la verdad.  
En el libro Nunca más…Cuartelazos ni Dictaduras, que tendré  
el agrado de entregarles una vez concluida esta solemne ceremonia,  
hago la siguiente reflexión: “La inmadurez política del Ecuador no pro-  
viene de su edad cronológica, sino de su reiterada negativa en aceptar su  
2
experiencia histórica”.  
Para conocer y fundamentar mi análisis sobre la injerencia  
militar en el proceso constitucional ecuatoriano, es necesario partir  
del concepto y acepción general que acarrea el término militar. El  
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define los  
siguientes términos:  
Militarismo: Como el predominio del elemento militar en el gobierno del  
3
Estado. El modo de pensar de quien propugna dicho predominio.  
Militar: (Del latín Militaris). Perteneciente a la milicia o a la guerra. El que  
4
profesa la milicia, o sigue la carrera de las armas. Servir a la guerra o profesar la milicia.  
1
Escritor, periodista y abogado. Asesor político, jurídico y de comunicación en organismos  
estatales y privados. Catedrático en varias universidades del país. . Miembro de varias  
instituciones académicas y culturales del país. Ha obtenido numerosos reconocimientos y  
premios en eventos relacionados con su profesión.  
2
Oswaldo Redrován Samaniego, NUNCA MÁS… Cuartelazos ni Dictaduras, R&M Redrován-  
Mackliff. CONSULTORES, Quito, p.1  
3
4
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 2014.  
Ibíd.  
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Injerencia militar en el  
proceso constitucional ecuatoriano  
En el libro Miseria del Militarismo, del investigador Fernando  
Hernández Holgado, se puntualiza lo siguiente:  
La palabra “militarismo” posee resonancias antiguas, de otros siglos.  
A veces su misma pronunciación sugiere casi de manera automática el  
adjetivo “prusiano”, evocándonos la figura del Káiser Guillermo II, con  
su política imperialista de rearme, preparadora de la Primera Guerra  
Mundial; o recuerda a regímenes que, como el nazi o el japonés de  
Hirohito, realizaron grandes inversiones en armamento que a la postre,  
les permitieron sostener una larga guerra de agresión contra sus  
vecinos en Europa y Asia.5  
El término “militarismo” se encadena con el de “complejo  
militar-industrial”: aquel monstruo híbrido de empresarios, políticos  
y militares que fue responsable de la gigantesca escalada armamen-  
tista estimulada por los diversos gobiernos estadounidenses con  
posterioridad a la II Guerra Mundial.  
Todos los estudios que se han ocupado del militarismo han  
empezado por destacar su carácter difuso, variado, multidimensio-  
nal, lo que siempre ha dificultado una definición genérica. Y es que  
se trata de un concepto de largo aliento, atravesado por la Historia.  
Un recorrido por sus múltiples acepciones –desde su acuñación en  
el siglo XIX– es un viaje por la Historia, a través de las diversas  
realidades que han ido enriqueciendo su significado con el paso del  
tiempo.  
Tanto el socialista Louis Blanc como el anarquista Pierre Jo-  
seph Proudhon, fueron dos de los primeros teóricos en utilizarlo.  
Ambos veían en esa palabra, a mediados del siglo XIX, la amenaza  
de los gobiernos autoritarios que recurrían al ejército no solo para  
defenderse o atacar a un enemigo exterior, sino para protegerse y  
reprimir al “enemigo interior”: la conflictividad social alimentada  
por el descontento de las clases desposeídas y oprimidas de la propia  
nación.  
Un gobierno apoyado en el ejército, esto es, en la Fuerza y  
no en el Derecho, constituía la antítesis y el obstáculo a salvar para  
5
Fernando Hernández Holgado, Miseria del Militarismo, Editorial Virus Editorial, 2003, p.35  
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la consecución de una sociedad libre y justa. Michael Klare, a partir  
de sus estudios del militarismo de la guerra fría, señalaba:  
La tendencia del aparato militar de una nación (que incluye las fuerzas  
armadas, las fuerzas paramilitares, burocráticas y servicios secretos),  
a asumir un control siempre creciente sobre la vida y el comportamien-  
to de los ciudadanos, sea por medios unilaterales como la preparación  
de la guerra, la adquisición de armamento, el desarrollo de la industria  
militar, o a través de los valores militares como la centralización de la  
autoridad, la jerarquización, la disciplina y el conformismo, la comba-  
tividad y la xenofobia, con vistas a dominar cada vez más la cultura,  
la educación, los medios de comunicación, la religión, la política y la  
6
economía nacional, a expensas de las instituciones civiles.  
Otras miradas han abierto aún más el abanico de significados  
y matices de lo militarista. Al fin y al cabo, la definición de Klare acu-  
sa quizá una visión excesivamente simplificada del fenómeno: ¿Un  
proceso de militarización social, es dirigido e impulsado únicamente  
por la esfera militar, por los propios militares y sus colaboradores?  
En nuestro país, difícilmente se negará que muy constante-  
mente los sectores civiles no relacionados con el elemento castrense,  
contribuyeron, en medida aún mayor que los propios militares, a la  
militarización de conflictos históricos y políticos, que dieron lugar a  
las militaradas, golpes de Estado, gobiernos de facto, intentonas gol-  
pistas, dictaduras, o como se quiera llamarlas; y, en efecto, en el  
Ecuador, ese ha sido nuestro calvario.  
En nuestra República, el inicio de las actividades militares lo  
marca la fundación de la ciudad de San Francisco de Quito, el 6 de  
diciembre de 1534 y las restantes ciudades fundadas por el colonia-  
lismo español. Concretamente, nuestro militarismo tiene su origen  
en las guerras de la independencia, como una necesidad vital de los  
pueblos americanos de expulsar el yugo europeo que, a partir del  
descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, se instauró en  
los diferentes países del nuevo continente.  
6
Fernando Hernández Holgado, Miseria del Militarismo. Editorial: Virus Editorial. Barcelona-  
España, p.35  
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Injerencia militar en el  
proceso constitucional ecuatoriano  
La búsqueda de la independencia del yugo español, general-  
mente se ha explicado como producto de la influencia de las  
doctrinas del racionalismo político del Siglo XVIII, como reflejo de  
lo ocurrido en las colonias inglesas de América del Norte y como  
secuela de la revolución francesa. Hay que puntualizar que, el hecho  
de la emancipación hispanoamericana es mucho más que reflejo o  
imitación. “El proceso del crecimiento social interno, llegado a la mayoría  
de edad histórica, es autoconciencia que se cobra tras una larga etapa de  
7
caminar, sentir, pensar y vivir”.  
Los hispanoamericanos iniciaron su experiencia política en  
el secular ejercicio del orden municipal y sus procesos legales. Fue  
su mejor y más larga escuela de convivencia histórica y, por tanto, la  
mejor fuente de autonomía o de afán por la autonomía. Los cabildos  
municipales, poco a poco, fueron separándose de la Corona,  
Hasta el día en que fueron el albergue del afán independentista y abrie-  
ron sus puertas al vecindario, en una emocionada sesión de cabildo  
abierto, a fin de que todos expresaran su necesidad de emancipación y  
suscribieran los documentos públicos por los cuales se declaran naci-  
dos los Estados autónomos y republicanos constitucionales y libres del  
vínculo con el poder de España”.8  
Primero con timidez y luego con decisión, en más de veinte  
años, acaso en una generación, los personajes formados en Europa  
comenzaron a pensar de distinta manera en materia política.  
Este afán de pensar de otro modo, esta necesidad de salir de los anti-  
guos moldes ideológicos, se extendió por todos los órdenes intelec-  
tuales y profesionales, universitarios y cultos. Los clérigos, los frailes,  
los abogados, los médicos, los hacendados; lectores de una literatura  
que atraía, atentos a los cambios que se operaban en Europa, amigos  
del progreso reunidos, los más de ellos, en la “Sociedad de Amigos del  
País”, fundada por Eugenio Espejo con apoyo de las personas más  
distinguidas de la Real Audiencia, todos sin excepción, querían un  
7
8
Francisco Huerta Rendón, revista Vistazo. Guayaquil, 1965. p. 42  
Ibíden, p.36  
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cambio. Un cambio que consistía, primeramente, en dejar de ser colonia  
y, en segundo lugar, en ordenar una sociedad ya despierta en Estado y  
con Constitución propia.  
Los sucesos vinieron en forma paulatina en auxilio de las intenciones.  
Las intenciones pasaron a interesantes propósitos y éstos, finalmente,  
a la realidad, a ser evidentes y prácticos.  
Sucedió lo que con frecuencia pasa en la historia: un conjunto de  
hombres alerta, que aprovechan las situaciones propicias. Los hombres  
despiertos a la acción política, a la búsqueda de la libertad y a la instau-  
ración de un régimen independiente, eran numerosos en Quito.  
De otra parte, Guayaquil, que era una especie de fuerte del realismo y  
del poderío español, junto con Cuenca, aparentemente se mantuvo fiel  
a la monarquía, aunque la idea independentista ahondaba cada día  
más en el ánimo de mayor número de personas representativas de esta  
urbe, entre quienes se contaba a los admiradores de Simón Bolívar y  
José de San Martín, cuyos nombres, hechos y éxitos, atraían el ánimo  
de la vida nueva.9  
Los dos caudillos más importantes del movimiento y de las  
guerras ansiaban acercarse y con esa finalidad Bolívar, envió una  
brillante delegación de oficiales ante San Martín, que se encontraba  
en Lima. Eran tres: Miguel Letamendi, León de Febres Cordero y  
Luis Urdaneta. personas persuasivas que, al llegar a Guayaquil, se  
convirtieron en el centro de la vida social.  
Tras la actividad social se escondía algo más importante: los  
jóvenes oficiales nada menos que del Batallón Numancia, se conecta-  
ron con la gente más ilustre y con la oficialidad más distinguida de  
los batallones acantonados en la plaza de Guayaquil. Pronto se urdió  
la conspiración y bajo la aparente vida social, los preparativos se  
desarrollaron fácilmente, hasta que en la noche del 8 de octubre de  
1
820 se produjo la toma de cuarteles, el encarcelamiento de las au-  
toridades del viejo régimen y la afirmación del movimiento que, al  
siguiente día, tomó forma de pronunciamiento legal.  
9
Historia del Ecuador. Edición Bilingüe. Primera Edición. Cuenca. 1990, p. 88  
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proceso constitucional ecuatoriano  
Guayaquil, la mañana del 9 de octubre de 1820, pasó de la vida mo-  
nárquica a la vida republicana, siendo el único caso de pronunciamien-  
to consumado de una vez y para siempre. El realismo no volvió a  
dominar en esa región. El triunfo de Bolívar en Boyacá afirmó la fe  
republicana de esta ciudad. Algunas otras ciudades también proclama-  
ron su independencia en 1820, pero no la pudieron mantener como  
Guayaquil.  
Organizada la vida jurídica y constituido el gobierno, vino la necesi-  
dad de afirmar lo conquistado, defendiéndolo de los posibles ataques  
que se preparaban, tal como había sucedido contra Quito, a raíz del 10  
de Agosto de 1809. Lo mejor, según lo patriotas guayaquileños, fue  
atacar y con ese propósito levantó su primer ejército que se enfrentó  
definitivamente al enemigo en las cercanías de Ambato, en el campo de  
Huachi, donde los realistas vencieron al primer ejército guayaquileño,  
que pese a ello, se reorganizó en Guaranda. Tras un nuevo encuentro  
con las tropas realistas en Tanizahua, el ejército patriota quedó total-  
mente aniquilado. El comandante de esta expedición fue Luis Urdane-  
ta, pero ni él ni los guayaquileños perdieron la fe y la fortaleza. Se armó  
un segundo cuerpo expedicionario, pero esta vez en mejores condi-  
ciones.1  
0
Simón Bolívar había enviado a Guayaquil al general Mires y  
luego al general Antonio José de Sucre. Este, llegó con un contingente  
de tropas que sumaban un efectivo de mil setecientos combatientes.  
Sobre esta base formó Sucre su ejército y salió a enfrentarse con el  
grueso ejército realista. Se repitió el enfrentamiento en Huachi, con  
las mismas consecuencias. Derrotado Sucre, llegó a Guayaquil y  
nuevamente el esfuerzo se multiplicó en hombres, armas y recursos.  
Todas las ciudades que se habían pronunciado por la emancipación  
fueron subyugadas nuevamente a excepción de Guayaquil.  
Bolívar y San Martín, enviaron a Guayaquil un fuerte regi-  
miento al mando del general Lavalle un experimentado en combates  
de llanura y montaña. Con esta nueva fuerza, Sucre emprendió su  
campaña por la provincia de El Oro y dirigió a sus hombres hacia  
Loja, donde se encontró con Lavalle y comenzó el ataque hacia el  
10 Historia del Ecuador. Edición Bilingüe. Cuenca. 1990, p.89  
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norte, liberando lentamente a todas las poblaciones de las fuerzas  
realistas acrecentando su ejército con los contingentes y las armas  
que recibía al paso.  
La campaña del general Sucre, tuvo en Cuenca su base  
principal. Entró a Cuenca victorioso el 21 de febrero de 1822, dando  
término a la dominación española del coronel González; fundó la  
corte superior de justicia; las tropas fueron debidamente organizadas  
con los inmensos recursos que le entregó toda la provincia del Azuay  
y con un ejército disciplinado, marchó hacia el norte, hasta llegar a  
Quito y librar la Batalla de Pichincha.  
Reorganizada legalmente la victoria y puesta en marcha la  
República, Sucre, muy hábilmente, consiguió la adhesión de Quito  
a la Gran Colombia recientemente instaurada. Los quiteños firmaron  
un acta acatando la Carta Constitucional de Cúcuta.  
Sin embargo, para fundamentar la inicial presencia de los  
militares en el Ecuador, debemos efectuar un recuento histórico a  
partir del 13 de mayo de 1830, cuando se forma el Estado Ecuatoria-  
no y se instaura la fuerza pública de control: el militarismo como  
sistema político de la naciente República, encabezado por el general  
venezolano Juan José Flores, primer Presidente magistrado del País  
y el ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, como su Vicepresidente.  
Desde el inicio de la República en el año de 1830, efectiva-  
mente, la injerencia del militarismo en la vida política del país se hizo  
evidente. Con la presencia del general Juan José Flores, como Presi-  
dente Constitucional, la intromisión del militarismo en el poder  
político a lo largo de la vida republicana del Ecuador está a la vista.  
Nuestra historia se ha caracterizado por la participación activa de  
los militares en el poder político, ya constitucionalmente o ya en  
regímenes de facto, dejando de lado, en un elevado porcentaje, sus  
funciones específicas.  
En esta temática, existen dos realidades en nuestra Historia  
Republicana: la primera caracterizada por un movimiento pendular  
entre dos tendencias que aparecieron en la naciente República del  
Ecuador: el Civilismo y el Militarismo. En estas dos tendencias, apa-  
rece el término Revolución, empleado con frecuencia por los “líderes”  
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proceso constitucional ecuatoriano  
y sectores políticos organizados, los que hacen referencia solamente  
a los golpes de Estado y no a los cambios profundos en las institu-  
ciones o en las estructuras socio políticas. De allí que, nuestra historia  
política republicana, específicamente en lo que tiene que ver con la  
toma del poder político, registra un movimiento pendular: militares-  
civiles y civiles-militares, péndulo que lamentablemente se mantiene  
hasta nuestros días.  
Las diferentes crisis políticas que se han sucedido en nuestra  
República, depusieron y sustituyeron situaciones con asombrosa  
regularidad, como si nuestra memoria histórica fuese un mecanismo  
del que careciera la mentalidad colectiva, esto es, la falta de memoria.  
En política por ejemplo, los militares se han alternado en la  
titularidad del poder y sus errores en la conducción del Estado  
provocaron los desenlaces negativos que sofocó la República. En el  
tema social, a los períodos de control de disciplina y represión mi-  
litar, sucedieron los de distensión, huelgas y las manifestaciones  
multitudinarias. En el plano económico, luego de las etapas de auste-  
ridad, acumulativas por la riqueza petrolera, se produjeron vuelcos  
hacia el despilfarro, la corrupción, las protestas callejeras y los  
rechazos generalizados.  
En resumen, la inmadurez política del Ecuador no proviene  
de su edad cronológica, como lo hemos fundamentado, sino de su  
reiterada negativa en aceptar su experiencia histórica. Así, en las  
etapas en la que las intervenciones militares han sido evidentes, la  
presencia de los civiles quizá fue una alternativa de este movimiento  
pendular, razón por la cual definitivamente no se ensayaron para  
nada acuerdos nacionales.  
Los mismos partidos políticos existentes en la República, han  
auspiciado la intervención militar en los gobiernos de turno. Acaso  
no ha sido común escuchar a los mismos dirigentes políticos que  
“
debería actuar el Ejército…” o “es necesario que las Fuerzas Armadas  
intervengan para poner orden en el País…”, lo que ha traído como  
consecuencia que el pueblo llegue a sostener que “. . . .con los militares  
11  
estaríamos mejor…” creencia que en el pasado se hizo popular.  
11 Comentarios publicados en diferentes periódicos del país. El Universo, El Telégrafo, El Comercio  
(varias ediciones)  
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No ha existido el compromiso de los ciudadanos y de los  
esquemas políticos partidarios, por lo cual no es difícil comprender  
cómo fue posible que los valores personales y humanos que puso en  
juego nuestra civilidad, hayan contribuido de común acuerdo, en  
una empresa de destrucción política como la que hemos observado  
en los gobiernos de turno y que se haya dejado de lado todos los  
compromisos acordados con el pueblo por la injerencia militar.  
En nuestra historia política, lamentablemente, esa clase  
dirigente partidaria que monopolizó el uso de la democracia formal  
en una puja electoralista sin límites, cayó siempre en la demagogia.  
Y allí están las consecuencias. La inestabilidad política que ha carac-  
terizado al Ecuador no ha parado pese a los constantes llamados a  
la reflexión que se han hecho en las diferentes épocas. Inestabilidad  
política que ha traído devastadoras consecuencias para el desarrollo  
socio económico del país.  
Partidos políticos que jamás se han preocupado de educar  
cívicamente a sus militantes. Líderes de los partidos que han busca-  
do exclusivamente satisfacer sus intereses particulares y llegar a  
detentar el poder político que beneficie a unos pocos.  
Ausencia total de civismo por parte de los ciudadanos que  
lamentablemente han respondido al clientelismo electoral de los líde-  
res de turno. Incluso, a lo largo de la Historia política ecuatoriana,  
hemos observado con asombro, cómo se llegó a halagar la vanidad  
y la holgazanería de los altos jefes militares que ostentaron el poder  
y cómo se estimuló su derroche y sus peores hábitos cívicos y  
morales, en una competencia ciega que desembocó prácticamente en  
un éxodo de la dirigencia civil.  
De la indisciplina y el despilfarro se pasó a la lucha activa y  
a la revuelta sangrienta con todas las lamentables consecuencias que  
ello acarreó a nuestra República.  
Es necesario entonces, capitalizar históricamente la compren-  
sión del momento crítico, para restaurar de una vez por todas el sano  
ejercicio de la memoria colectiva que impida retornos o reiteraciones  
como las que se han venido observando, en especial, las últimas, el  
pasado 21 de enero del 2000, cuando los jefes militares (Jefe del Co-  
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza  
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proceso constitucional ecuatoriano  
y el Comandante General del Ejército, general Telmo Sandoval)  
comandaron a un grupo de coroneles para implantar una nueva  
junta de gobierno civil-militar, asunto que ventajosamente fracasó;  
igualmente los fracasados intentos de golpe de Estado y magnicidio  
del ex Presidente Correa, del 30 de septiembre de 2010, originado  
por un minoritario sector de la Fuerza Pública.  
Estos experimentos políticos de los militares han sido expe-  
riencias cada vez más duras y dolorosas conforme han avanzado los  
años. Sin embargo, se continúa observando la injerencia militar en  
la administración política de la República, no con la toma del poder  
como es obvio, sino a través de legislaciones dirigidas, con el fin de  
que la “sociedad militar” continúe su participación directa en los  
gobiernos.  
A tal punto ha llegado su injerencia en el campo constitu-  
cional y democrático, que la sociedad civil ha esperado su pronun-  
ciamiento como referente, cuando los gobiernos constitucionales han  
estado en peligro de ser derrocados por los sectores de la oposición.  
Ejemplos los gobiernos de Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram, Jamil  
Mahuad, Lucio Gutierrez y Rafael Correa.  
La historia nos ha enseñado que ante la desintegración de las  
fuerzas civiles que controlaban el poder político, este poder siempre  
fue recibido por las fuerzas militares que tomaron a su cargo la tarea  
de restaurar la autoridad, desterrar la corrupción y provisoriamente  
la democracia formal que había conducido la demagogia, a fin de  
restablecer el orden social y la disciplina del trabajo, sanear la eco-  
nomía, etc.; es decir, una suerte de salvadores de la democracia.  
De ninguna manera esto significa una defensa a ultranza a  
la autocracia política como sistema ideal para la convivencia ciuda-  
dana, lo que se reclama es una madurez histórica suficiente como  
para que el poder sea participativo sin quebrantar el orden cons-  
tituido.  
Hemos observado en nuestra Historia Republicana, cómo los  
militares ecuatorianos han intervenido directamente en los sucesivos  
gobiernos, ya sea por la vía constitucional o ya por los cuartelazos y  
golpes militares; y, precisamente, uno de los aspectos más influyen-  
tes que han originado la inestabilidad política ecuatoriana, ha sido  
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su injerencia directa en los gobiernos, usurpando el poder, para lo  
cual sin el menor escrúpulo derrocaron a los gobiernos democráticos  
y se autoproclamaron como salvadores de la República, ejerciendo  
el poder desde la más alta magistratura del país.  
Dicha participación originó en la mayoría de los casos, la  
realización de las consabidas asambleas constituyentes, con el único  
fin de dictar una nueva constitución, procedimiento con el cual se  
ratificaba en el cargo al dictador militar de turno.  
Las constituciones de 1978 y 1998, señalan concretamente  
que, las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la  
conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e  
12  
independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico.  
De igual manera la Norma Suprema ordenaba la colaboración que  
la Fuerza Pública, que sin menoscabo del ejercicio de sus funciones  
específicas, preste para el desarrollo social y económico del país.  
En los últimos años, la decisión del Comando Conjunto de  
las Fuerzas Armadas es un referente histórico, pues ha permitido la  
permanencia o no del gobernante de turno en el ejercicio del poder,  
acogiéndose precisamente a la disposición constitucional que otor-  
gaba a las Fuerzas Armadas la facultad de “garantizar” la demo-  
cracia.  
En 1970, por ejemplo, Velasco Ibarra gobernaba el Ecuador  
de manera constitucional. Fue elegido mediante elecciones libres  
para un período de cuatro años 1968-1972. Sin embargo, el 22 de  
junio de 1970, las Fuerzas Armadas decidieron respaldar la ruptura  
de la Constitución vigente, propiciando un golpe de Estado y la  
proclamación de Velasco Ibarra como Jefe Supremo de la República.  
Sin embargo, casi dos años más tarde, el 16 de febrero de 1972, el  
mismo Comando Conjunto de las FF. AA., decidió reemplazar a Ve-  
asco Ibarra por un alto jefe militar. En efecto, el Comandante General  
del Ejército, Guillermo Rodríguez Lara, se hacía cargo del gobierno  
de facto.  
En el mes de enero del 2000, cuando fue defenestrado el  
Presidente Jamil Mahuad, las Fuerzas Armadas intervinieron direc-  
1
2 Constitución Política del Ecuador de 1978. Título VII de la Fuerza Pública. Art. 162.  
Constitución Política del Ecuador de 1998. Capítulo V de la Fuerza Pública. Art. 183.  
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proceso constitucional ecuatoriano  
tamente en el conflicto interno de sucesión. El Jefe del Comando  
Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza, acom-  
pañado del Comandante General del Ejército, general Telmo  
Sandoval, la tarde del 21 de enero, concurrieron al Palacio de Caron-  
delet y declararon públicamente que su presencia se debía a que  
13  
“venían a poner orden y a tomar el control del gobierno”.  
El Presidente Constitucional, Jamil Mahuad, se encontraba  
en ese momento en el palacio dando disposiciones a la Fuerza  
Pública para que sofoquen el levantamiento indígena y militar que  
se había iniciado desde el edificio del Palacio Legislativo y los jefes  
militares habían acudido a Carondelet a solicitar al Presidente su di-  
misión. Mahuad nunca renuncio pero abandonó Carondelet para  
dirigirse a la Base Aérea Mariscal Sucre.  
El Congreso Nacional, sin embargo, declaró vacante la digni-  
dad de Presidente de la República, argumentando “que el presidente  
14  
en funciones había abandonado el cargo”.  
“Fue una decisión difícil que tuve que adoptar para evitar el res-  
quebrajamiento de la estructura del mando militar y el derramamiento de  
sangre”,15 sostuvo el general Mendoza. Hasta ese momento, el  
general Mendoza, integrante del Triunvirato Civil-Militar, mantuvo  
conversaciones previas con el gobierno de los Estados Unidos al que  
le requirió su apoyo para una posterior sucesión presidencial que  
evite un aislamiento internacional y restablezca el orden.  
A través de un comunicado, el general Mendoza informó lo  
siguiente: “Voluntariamente he decidido separarme del servicio activo de  
las Fuerzas Armadas y declinar la designación como miembro de la Junta  
de Gobierno, en consideración a que, como miembro de las Fuerzas Arma-  
16  
das, juré respetar la Constitución y las leyes de la República”.  
Señaló que “en sus funciones siempre antepuso el mantenimiento  
del sistema democrático ante cualquier interés personal”.  
1
1
3 Diario El Comercio. Quito. 22 de enero de 2000, p 3  
4 Congreso Nacional, Resolución declarando vacante la Función de Presidente de la República, Enero  
del 2000.  
1
5 General Carlos Mendoza, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Diario El  
Comercio. Febrero de 2000.  
1
6 General Carlos Mendoza, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Diario El  
Comercio. Enero de 2000..  
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Oswaldo Redrován Samaniego  
Ratifico que “el equivocado comportamiento de ciertos oficiales y  
miembros de tropa de la Fuerza Terrestre precipitó los acontecimientos el  
día 21 de enero del 2000”17  
El general explicó que “en la necesidad de salvaguardar la estruc-  
tura de las Fuerzas Armadas y evitar un inútil derramamiento de sangre,  
como el oficial general más antiguo en funciones de Jefe del Comando  
Conjunto y Ministro de Defensa encargado, decidí negociar una salida pací-  
fica aceptando la conformación de una Junta de Gobierno a la que me sumé  
como miembro”.18  
La mañana del 22 de enero del 2000, los jefes militares leales  
a la Constitución, trasladaron al Vicepresidente Gustavo Noboa des-  
de el lugar de su refugio hasta el Ministerio de Defensa y procedie-  
on a “proclamarlo” como Presidente Constitucional de la República,  
ante las miradas atónitas de los generales Mendoza y Sandoval, que  
fueron obligados a asistir al acto y que horas antes habían partici-  
pado en la conformación de una Junta de Gobierno Militar-Civil.  
La decisión de las Fuerzas Armadas fue legalizada horas  
después, cuando el Congreso Nacional oficialmente posesionó al  
Vicepresidente Gustavo Noboa, como Presidente Constitucional y  
eligió al nuevo Vicepresidente de la República.  
Desde la década de los años cuarenta, sesenta, setenta noven-  
ta y dos mil, las constituciones de 1945, 1946, 1967, 1978, 1998 y 2008,  
han determinado taxativamente que la Fuerza Pública (militares y  
policías), son obedientes y no deliberantes, asunto que pese a estar  
consagrado en la Norma Suprema y en las leyes adjetivas vigentes,  
no fue impedimento para que los militares, por ejemplo en 1947 y  
1972, intervengan directamente en el derrocamiento del Presidente  
Velasco Ibarra y se tomen el poder.  
De igual manera, en 1963, los militares propiciaron el derro-  
camiento del Presidente Carlos Julio Arosemena Monroy y se insta-  
laron en Carondelet con un Tetravirato Militar.  
1
1
7 General Carlos Mendoza, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Diario El  
Comercio. Enero de 2000..  
8 General Carlos Mendoza, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Diario El  
Comercio. Enero de 2000..  
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Injerencia militar en el  
proceso constitucional ecuatoriano  
En el año de 1997, las Fuerzas Armadas, a través del Co-  
mando Conjunto participaron en la restauración democrática, luego  
del derrocamiento del Presidente Bucaram, influenciando en el pro-  
ceso de subrogación, evitando que la Vicepresidenta Constitucional  
Rosalía Arteaga, asuma la Presidencia y apoyando la designación de  
un Presidente interino, dignidad no contemplada en la Constitución  
Política vigente, con el fin de que concluya el período del defenes-  
trado Presidente Bucaram; y más directamente aún, cuando en enero  
del 2000 y abril del 2005, dieron su aval para el derrocamiento de los  
presidentes constitucionales Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, y para  
la continuación del sistema democrático.  
Las constituciones de 1978 y 1998, señalaban concretamente  
que, las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la  
conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e  
independencia del Estado y “la garantía de su ordenamiento jurídico.”  
De igual manera la ley determina la colaboración de la Fuer-  
za Pública, que sin menoscabo del ejercicio de sus funciones espe-  
cíficas, debe prestar para el desarrollo social y económico del país.  
La actual Constitución vigente, aprobada por el pueblo  
ecuatoriano en el 2008, en su Artículo 159, señala taxativamente:  
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no  
deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a  
la Constitución. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía  
Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La  
obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a  
quienes las ejecuten19  
En los últimos años, como lo hemos observado, la decisión  
de la cúpula militar, es un referente histórico, pues ha permitido la  
permanencia o no del gobernante de turno en el ejercicio del poder,  
acogiéndose al tradicional criterio de que las “Fuerzas Armadas deben  
20  
garantizar la democracia”.  
1
9 Constitución de la República del Ecuador 2008, dictada por la Asamblea Nacional  
Constituyente de 2008 y aprobada mediante Referéndum. Sección Tercera. Fuerzas Armadas  
y Policía Nacional. Art. 159.  
20 Constituciones políticas del Estado de 1945, 1946, 1967, 1978 y 1998  
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Oswaldo Redrován Samaniego  
Como en los viejos tiempos, el 30 de septiembre del 2010, se  
produjo una intentona golpista con la intencionalidad gravísima de  
cometer un magnicidio. Parte de la Fuerza Pública (policías y mi-  
litares) violentaron la Constitución vigente, al inobservar sus  
disposiciones en el sentido de que las Fuerzas Armadas y la Policía  
Nacional son obedientes y no deliberantes.  
Ante esta gravísima circunstancia, luego de varias horas de  
iniciado el conflicto con la Policía Nacional y cuando ya habían sa-  
lido elementos militares a respaldar la acción subversiva en el Aero-  
puerto Mariscal Sucre y en la recoleta, el Comando Conjunto de las  
FF. AA, liderado por el general Ernesto González, decidió no  
respaldar la insurrección y es más, evitó un golpe de Estado e hizo  
fracasar un inminente magnicidio, rescatando al Presidente Constitu-  
cional que permanecía secuestrado en un hospital policial, tras el  
amotinamiento de un grupo de policías influenciados políticamente  
por militares y policías en servicio pasivo.  
Consideramos que de hoy en adelante, quienes amamos y  
luchamos por la democracia, debemos estar alertas para evitar ataques  
arteros que pretendan arrebatarnos nuevamente el constituciona-  
lismo, con el objeto de frenar definitivamente la conspiración contra  
el régimen de derecho que vive el Ecuador y que lo mantenemos con  
tanto sacrificio.  
De lo contrario el péndulo civiles-militares y militares-civiles,  
continuará inclinándose en un país como el nuestro, convulsionado  
por las promesas incumplidas, la corrupción y por los elevados índi-  
ces de desconfianza y de falta de credibilidad en nosotros mismos.  
En este contexto, para evitar una recaída en el movimiento  
pendular, cuando hemos llegado a disfrutar de gobiernos democrá-  
ticos, en donde la autoridad es respetada y la economía hace esfuer-  
zos para trascender los límites del progreso, hoy que vivimos en una  
permanente inestabilidad política mental, debemos intervenir directa-  
mente para que nunca más en nuestro país se intente desestabilizar la  
democracia.  
Finalmente, cuando se ejecuta una investigación histórica  
como esta, considero que es necesario, estudiar el entorno y el tiem-  
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Injerencia militar en el  
proceso constitucional ecuatoriano  
po, analizar la mentalidad, hábitos y costumbres, influencias filosó-  
ficas, coyunturas económicas y políticas del hecho investigado.  
Una vez concluida la investigación, consecuentemente, apa-  
recerán las ambiciones de los protagonistas, sus apuestas personales,  
su bagaje cultural, su inteligencia, su capacidad de trabajo, su cobar-  
días o valentía, su ego o su generosidad, su vanidad o su sencillez,  
su soberbia o su humildad… Entonces todo ello, el historiador debe  
contarlo, hablando estrictamente la verdad.  
Al asumir como Miembro Correspondiente de la Academia  
Nacional de Historia del Ecuador, mi compromiso institucional por  
siempre y para siempre, de contar nuestra historia tal como se pro-  
duce, con el máximo de objetividad que debe ser nuestra meta.  
Gracias señor Sub Director de la Academia por sus generosas  
palabras en este acto de presentación.  
Muchas gracias a todos.  
Señoras y señores  
Quito, 21 de septiembre de 2017  
Bibliografía  
Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de la República  
del Ecuador. 2008.  
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO. Ley Orgánica de las Fuerzas  
Armadas. 1993  
Diccionario Enciclopedico Salvat. Salvat Editores- Barcelo 1998  
FUERZA TERRESTRE. Comandancia General. Ley de Servicio de Justicia de las  
Fuerzas Armadas. 1993.  
––––––. Código Penal Militar. Quito 1993  
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Oswaldo Redrován Samaniego  
HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, Miseria del Militarismo, Editorial Virus  
Editorial. 2003. Barcelona-España.  
HISTORIA NACIONAL DEL ECUADOR. Edición Bilingüe, Primera Edición.  
Cuenca, 1990  
HUERTA RENDÓN, Francisco, Revista Vistazo. 1965.  
LEYES MILITARES. Corporación de Estudios y Publicaciones . Quito 2000  
REDROVÁN SAMANIEGO, Oswaldo, NUNCA MÁS… Cuartelazos ni Dictadu-  
ras, R&M Redrován-Mackliff CONSULTORES, Quito.  
–
–––––. Reforma a la Ley del Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas, relacionado  
con la organización, integración, atribuciones y deberes de la Corte de Justicia  
Militar. Tesis de Grado Doctoral 2002.  
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La Academia Nacional de Historia es una  
institución intelectual científica,  
y
destinada a la investigación de Historia  
en las diversas ramas del conocimiento  
humano, por ello está al servicio de los  
mejores  
intereses  
nacionales  
e
internacionales en el área de las  
Ciencias Sociales. Esta institución es  
ajena a banderías políticas, filiaciones  
religiosas,  
intereses  
locales  
o
aspiraciones individuales. La Academia  
Nacional de Historia busca responder a  
ese  
carácter  
científico,  
laico  
y
democrático, por ello, busca una  
creciente profesionalización de la  
entidad, eligiendo como sus miembros a  
historiadores  
entendiéndose por tales  
profesionales,  
quienes  
a
acrediten estudios de historia y ciencias  
humanas y sociales o que, poseyendo  
otra formación profesional, laboren en  
investigación histórica y hayan realizado  
aportes al mejor conocimiento de  
nuestro pasado.  
Forma sugerida de citar este artículo: Redrován Samaniego,  
Oswaldo,  
“INJERENCIA  
MILITAR  
EN  
EL  
PROCESO  
CONSTITUCIONAL ECUATORIANO”, boletín de la academia  
nacional de historia, vol. XCV, Nº. 198, julio – diciembre 2018,  
Academia Nacional de Historia, Quito, 2017, pp. 290-306.