BOLETÍN

DE LA ACADEMIA

NACIONAL DE HISTORIA

Volumen XCV

Nº 198

Julio–diciembre 2017

Quito–Ecuador

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Vol. XCV – Nº. 198

Julio–Diciembre 2017

FRONTERA SUR ECUATORIANA:

EPÍLOGO DEL SECULAR CONFLICTO

Rafael Camacho Pineda¹

Antecedentes

Cuando Cristóbal Colón descubre el secreto, que en silencio

y desde siglos infinitos, celosamente habían ocultado los mares que

circundan América, los aborígenes del “Reino de Quito” soportaban

la última etapa del expansionismo cusqueño. La conquista definitiva

de este territorio lograda por Huayna Cápac, constituyó la consoli-

dación del Tahuantinsuyo; imperio vasto y floreciente heredado por

los hermanos Huáscar y Atahualpa, que pronto desapareció, por cau-

sas de la guerra fratricida y el hurto de la civilización occidental.

La invasión incaica y posterior confrontación entre hermanos

por la supremacía del poder, sintéticamente, es el primer momento

de lo que fue el secular litigio territorial con la república del Perú;

como igualmente será el tratamiento de los demás de esta materia,

para no fatigar la atención de quienes me escuchan.

A partir de la Colonia

En la diversidad posesoria de América, a pesar de constituir

entidad única de la Corona española, ya se evidencia el asidero de

problemas sobre la fijación de fronteras internacionales de los futuros

Estados Nacionales; una breve reseña permitirá determinar que los

poderes político, militar y religioso, tuvieron marcadas diferencias

en cuanto a lo jurisdiccional y administrativo. Hechos característicos

1

Cursó sus estudios superiores en la UTMACH, graduándose de Sociólogo, graduado

en la UTMACH. De su labor investigativa y literaria destacan documentos como: La

Interminable Agresión peruana a Ecuador. Cronología: desde el incario a 1998; Historia del

Cantón Arenillas; La Tradición Oral Arenillense; y, más ensayos que lo han hecho acreedor

de varios galardones.

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Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

de este periodo son: Las andanzas de la Audiencia de Quito; la mez-

quindad de los religiosos del Colegio de Ocopa, cuyas continuas pre-

2

tensiones territoriales tuvieron su logro en la Cédula Real de 1740;

y la temeridad de los informes del Ingeniero Requena, que por sus

3

ansias de poder, logró el edicto de la Cédula Real de 1802.

Terminado por asalto el poderío del monarca quiteño Ata-

hualpa y sofocados los rezagos de resistencia, el dominio del colo-

niaje español se asienta definitivamente en Lima y empieza a

organizar el gobierno de los pueblos conquistados. El rey de España

4

Felipe II, mediante Cedula del 29 de agosto 1563, erige a la Goberna-

ción del Reino de Quito a la categoría de Audiencia y Cancillería

Real; soporte jurídico, político e histórico-social, más remoto de la

Nación ecuatoriana. Las Audiencias no fueron creaciones arbitrarias,

su erección y delimitación se efectuó previo análisis de los vínculos

históricos y geográficos de las entidades culturales anteriores. La de

Quito fue fundada donde se desarrolló su tradicional reino e incluyó

territorios para hacer clara su delimitación, señalando expresamente,

por el sur: hasta el Puerto de Paita exclusive, que por supuesto in-

5

cluía Tumbes; al sureste comprendía Jaén y Valladolid; y, “hacia la

parte de los pueblos de la Canela y Quijos (Este) tengan los dichos pueblos

con los demás que se descubrieren” (Declaratoria que determinaba el

doble distrito de la Audiencia).

Según Real Orden del 15 de febrero de 1566, la Audiencia de

Quito pasa a depender del control administrativo del virrey del Perú;

gobierno superior al que se mantuvo hasta 1717, conservando su

doble distrito y gobierno.⁶

2

3

Miguel Ángel Galarza, Conferencia Histórico-geográfica sobre Límites entre el Ecuador y el

Perú, Cuenca, 1923, p. 8.

Ana María Sevilla Pérez, El Ecuador en sus mapas: Estado y nación desde una perspectiva es-

pacial, FLACSO. Sede Ecuador, Quito, 2013, pp. 143-146.

Miguel Ángel Galarza, op. Cit., p. 5-7.

Francisco Javier León, “Documentos Diplomáticos”, en: Exposición del Ministro del Interior

y Relaciones Exteriores dirigida al Congreso Constitucional de 1871, Imprenta Nacional,

Quito, 1871, p. 68.

4

5

6

Gabriel Pino Icaza, Derecho Territorial Ecuatoriano, impr. de la Universidad de Guayaquil,

T. 1, 2da. ed., 1953, p. 114.

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Justamente, este señalamiento de doble distrito constituía es-

tímulo para mayores esfuerzos. Por la prolija labor de las misiones

jesuíticas en la región de Mainas, y con el objeto de ratificar los de-

rechos de la Audiencia de Quito, el 18 de junio de 1683, el monarca

7

español emite una Cedula Real, misma que fue ratificada el 16 del

siguiente mes. Se ordenaba el estricto amparo a los jesuitas para que

prosigan evangelizando por el río Marañón: “hasta las partes donde

los lleve su celo y aplicación”. Esto implicaba que los territorios pacifi-

cados fueran anexados de hecho a la Audiencia, según lo estipulado

en el texto de su cédula de erección de 1563.

Por el año de 1686, los evangelizadores jesuitas avanzan no-

tablemente por las cuencas del río Ucayali, llegando hasta cerca de

Puno: el Padre Enrique Richter fundó varias reducciones, siendo de

suma importancia la de San Miguel de Conivos. Paralelamente, los

franciscanos del Colegio de Ocopa, pertenecientes a la Audiencia de

Lima, pretenden realizar labor similar e invaden los territorios del

Ucayali colonizados por los jesuitas.⁸

Al reclamo quiteño, don Melchor de Navarra y Rocafull, Vi-

rrey del Perú, decidió que los jesuitas tendrían como límite de su

labor hasta San Nicolás de los Conivos en el Ucayali; y que de allí

hacia el sur correspondería a la Misión de los franciscanos del Cole-

gio de Ocopa; anómala determinación que obligó a los jesuitas apelar

al Consejo de Indias.

Conocedor el Rey Carlos II de la facultad de exploración que

le asistía a la Audiencia de Quito, y del derecho que les otorgaba a

los jesuitas la Cédula del 18 de junio de 1683, mediante Cédula Real

que llegó a Quito en el 1689 zanja definitivamente el litigio, orde-

nando: “Que las misiones y reducciones del Alto y Bajo Ucayali hasta los

pajonales que habían llegado las conquistas del Padre Richter pertenecían a

las misiones jesuíticas de Quito; y en consecuencia, que si los jesuitas habían

sido desposeídos fuesen luego repuestos”.⁹

7

8

9

Ibíd., p. 138.

Ibíd., loc. Cit.

Enrique Vacas Galindo, Colección de documentos sobre límites ecuatoriano-peruanos, T. 1,

Quito, 1902, p. 502

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Epílogo del secular conflicto

Este fallo manifiesta dos aspectos importantes: se ratifican

los derechos territoriales de la Audiencia de Quito según lo estipu-

lado en la cédula de erección; y se reconocía, que los límites de la

Audiencia de Lima respecto al Oriente (provincias no descubiertas

según su cedula de erección) eran territorios ya descubiertos y paci-

10

ficados bajo la jurisdicción de Quito.

Por orden del Rey Felipe V, el 27 de mayo de 1717 se suprime

la Audiencia de Quito y anexa a la Real Audiencia de Santa Fe,

creando el Virreinato de Nueva Granada. Seis años después, por Cé-

dula Real de San Idelfonso del 5 de noviembre de 1723, se suprime

éste: la Audiencia de Quito adquiere nuevamente su personería jurí-

dica bajo los mismos límites y extensión territorial; pero, igualmente,

11

pasa a depender del control administrativo del Virrey del Perú.

El 20 de agosto de 1739, se restablece el Virreinato de Nueva

Granada, y nuevamente la Audiencia de Quito forma parte de él;

conservando todas sus características de independencia política, ad-

ministrativa y territorial: siendo sus límites los mismos que en 1689;

12

que perdió en 1717 y que readquirió en 1723. Pero la reerección del

Virreinato granadino exigía la conveniencia de deslindar límites geo-

gráficos de las unidades político-territoriales, y, jurisdiccionales del

Gobierno Superior de los virreyes del Perú y Nueva Granada. El rey

de España, Felipe V, dicta para el efecto la Cédula Real de 1740, pri-

13

mer documento cercenador de territorio quiteño a favor de Lima.

Posteriormente, a partir de los años 1777, 1802 y 1803, nuevas modi-

ficaciones e interrupciones se disponen para la Nación quítense:

El Tratado preliminar de límites entre las coronas de España

14

y Portugal, del 1 de octubre de 1777, así como la demarcación de

fronteras en territorio amazónico realizada por comisiones luso–his-

10 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., p. 139.

11 Teodoro Alvarado Garaicoa, Sinopsis del Derecho Territorial Ecuatoriano, Guayaquil, 1952,

p. 79.

12 Gabriel Pino Icaza, ob. Cit., p. 149-153

13 Luís Mendoza García, Derecho Territorial Ecuatoriano, impr. Nueva Luz, Guayaquil, s/f,

p. 58.

1

4 Marcela Viviana Tejerina, “La lucha entre España y Portugal por la ocupación del es-

pacio: una valoración alternativa del tratado de san Ildefonso de 1777”, pp.31-40, en:

Revista de Historia, N° 135, Universidad de São Paulo, São Paulo, 1996, p.33.

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panas durante las décadas de 1780 y 1790, constituyeron desmedro

para Quito. Con este instrumento, los imperios pretendían terminar

el histórico de disputas y discordias de sus posesiones respectivas

en América y Asia; respectivamente, Francisco de Requena, desig-

nado por España para las negociaciones demarcatorias en la hoya

del Gran Río, fracasó rotundamente en su cometido; cuestión que

justificó en un informe sobre la región de Mainas, plagado de false-

dades y aspiraciones personales.

Las regiones de Mainas y Quijos, por la Real Cédula del 15

de julio de 1802, en lo concerniente a lo militar y eclesiástico pasan

15

a depender del control de la Audiencia de Lima.

Con Guayaquil sucede lo mismo; en un primer momento, a

solicitud de la Junta de Fortificaciones de América, el Rey de España

mediante Cédula del 7 de julio de 1803 decide segregar de la Au-

diencia de Quito, su administración militar y agregarla a la vigilancia

de Lima;¹⁶más los excesos del Virrey del Perú, motivan reclamos

ante el Rey español, quien el 9 de noviembre de 1807 dicta nueva Cé-

dula, explicando los alcances de la anterior (julio de 1803), al tiempo

que reprobaba la conducta observada por el Virrey; lamentablemente

esta Cédula no pudo ser enviada por la inoportuna invasión de Fran-

17

cia a España. En segundo momento, el movimiento revolucionario

del 10 de Agosto de 1809 motivó al Virrey de Lima para que de hecho

anexara continuamente a Guayaquil y su distrito a su control de go-

18

bierno total; acciones derogadas por Real Cédula del 23 de junio de

819: esta Cédula, no es sino, la transcripción del documento del 9

1

de noviembre de 1807 que no pudo llegar al Continente. A excepción

del ramo militar, el resto de la administración de Guayaquil y su dis-

trito correspondían a la Audiencia de Quito y Virreinato de Santa Fe,

ya restablecidos.¹⁹

15 Luis Mendoza García, op. Cit., p. 62.

16 Jorge Villacrés Moscoso, Historia de Límites del Estado Ecuatoriano, Guayaquil, 1982, p.

46.

1

7 Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna Tobar, Derecho Territorial Ecuatoriano, impr. del Mi-

nisterio de relaciones exteriores, ed. 3a, Quito, 1982, p. 44.

8 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., p. 468.

1

9 Jorge Villacrés Moscoso, op. Cit., p. 47.

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Epílogo del secular conflicto

Simultáneamente, la situación en Quito y Santa Fe proseguía

caótica. Por Real Orden del 23 de agosto de 1814 se determina, que

la Audiencia de Quito quede temporalmente dependiente de Lima.

Esto ocasionó: que durante los años de 1815 a 1820, el virrey tuviere

injerencia en su administración y que en el transcurso de los años

20

pretendiera derecho sobre territorios que no le pertenecían. Y sería

a partir de las gestiones de don Toribio Montes, presidente de la Au-

diencia de Quito, quien mediante carta del 22 de diciembre de 1814

dirigida al Consejo Pleno de Indias, logra que por Real Orden de

1

819 se restituya al Virreinato de Santa Fe, la señalada audiencia, que

21

venía dependiendo de Lima.

Y las interrupciones y modificaciones continuarían acentuán-

Guayaquil proclama su independencia el 9 de Octubre de

820. La presión y argucias del coronel Tomás Guido, representante

dose:

1

del general San Martín, mediante convenio firmado el 30 de diciem-

bre en curso, logra que la Junta de Gobierno, decida alinearse bajo

22

el protectorado de éste; mas la naturaleza de esta Convención, que

en nada favorecía a la causa patriota, fue suficiente para que la Junta

Superior de Guayaquil recapacitara y decidiera firmar un nuevo

Convenio con el delegado de Bolívar, general José Mieres, el 12 de

abril de 1821.²

3

Tumbes proclama su independencia el 7 de enero de 1821 y

decide por el protectorado de San Martín. El 4 de junio del mismo

año le correspondió a Jaén de Bracamoros; entidad, que como era

usual por ese entonces el recurrir por ayuda militar a las posiciones

más cercanas, acudió por ella a las autoridades del Departamento de

24

Trujillo, las que prestas avalaron el movimiento.

2

0 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., p. 492- 494.

1 Ibíd., pp. 469-473.

2 Ibíd., pp. 509-511.

3 Ibíd., pp. 521-523.

4 Hernán Altamirano Escobar, El Por Qué del Ávido Expansionismo del Perú, Quito, 1991,

p. 61.

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Durante la Gran Colombia

Corresponde al principio de la cuestión litigiosa ecuatoriano-

peruana. Lo dudoso en cuanto a los límites y pertenencias de los dos

virreinatos (Lima–Santa Fe), crearon un grave problema, que desen-

cadenó el conflicto armado de 1829, sin lograr (según una de las par-

tes) terminar el asunto.

Las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador,

formaron de 1819 a 1830 la República de Colombia. Las legislaciones:

“

Ley Fundamental” (Angostura, diciembre 17 de 1819), “Constitu-

ción Política de la República” (Cúcuta, octubre 6 de 1821), “Ley de

División Territorial” (junio 25 de 1824), fueron comprensivas de la

integridad territorial de la Audiencia de Quito.

25

Ante estos actos constitutivos, el Perú a la sazón dizque ya

independiente (julio 21 de 1821) y que pregonaba desembozada-

mente la pertenencia de Tumbes y Jaén alegando el derecho a la Libre

Determinación de los Pueblos, jamás opuso reparo alguno; Colombia

en cambio, ante el primer intento peruano de considerar a Mainas,

Quijos y Jaén (abril y junio de 1822), para elegir Representantes al

Congreso Constituyente, protestó enérgicamente, consiguiendo par-

26

cialmente las explicaciones necesarias y retiro de las convocatorias.

Sobre el mismo caso, las requeridas por el General Sucre, Intendente

del Distrito del Sur, por la orden emitida el 30 de junio del año en

curso del Presidente del Departamento de Trujillo al Gobernador de

Jaén, a efectuar elecciones para Diputados al Congreso peruano, tu-

vieron suerte adversa: la resistencia de Bernardo Monteagudo, Ple-

nipotenciario peruano, en nota del 14 de agosto ladinamente

27

señalaba a Jaén como parte de su jurisdicción.

Por estas circunstancias, y en procura de establecer límites

definitivos entre las dos Naciones, el 6 de julio de 1822, los plenipo-

tenciarios Joaquín Mosquera por Colombia y Bernardo Monteagudo

por Perú, firman el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpe-

2

5 Ver: “Cuerpo de Leyes de la República de Colombia”, Caracas, 1840.

6 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 77.

7 Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna Tobar, op. Cit., p, 60.

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Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

tua, Documento donde se pospuso el tratamiento del asunto limí-

trofe; pues en las discusiones previas, el Diplomático Monteagudo,

sostenía la necesidad de dejar a Guayaquil a su libre albedrío el

asunto de su anexión; además también, el reconocimiento tácito al

28

Perú de la posesión de Tumbes, Jaén y Mainas. Con igual propósito,

en el Tratado Mosquera–Galdeano, del 18 de diciembre de 1823, las

Partes aceptan la vigencia del Uti Possidetis Juris; también, la dele-

gación peruana exige que se suprima la expresión, “desde la desem-

bocadura del río Tumbes al mar Pacífico hasta el territorio del

Brasil”, por considerar que la inexistencia de planos topográficos

para el aprobación de esta línea, era perjudicial para los intereses de

ambas Partes. Como el reconocimiento del Uti Possidetis Juris dejaba

incólume el derecho de Colombia, Mosquera firmó; Por la vaguedad

del documento, bueno para sus intereses, Perú lo aprobó. Colombia

29

al darse cuenta de la falacia peruana, de inmediato lo vetó.

En suma, pese al imperialismo absorcionista manifiesto en

los políticos limeños, más pudo el fundamento independentista bo-

livariano: el 9 de diciembre de 1824, en los campos de Ayacucho, las

huestes libertadoras de Bolívar y Sucre, logran definitivamente la in-

dependencia del Perú; accionar noble, nunca entendido como pro-

30

tectorado por los Libertadores granadinos. Sin embargo, pese a la

demostración de Ideal Panamericanista, “Maquiavelo” continuaba

fuerte: los desacuerdos en torno a fronteras; la resistencia de un sec-

tor político peruano al gobierno del Libertador Bolívar; la renuencia

al arreglo de la deuda económica generada por la guerra de la inde-

pendencia; la ocupación y negativa a su devolución de los territorios

de Mainas, Jaén y Tumbes; la publicación del mapa oficial del Perú

en 1826, objeto editado en Francia, donde se retiene la región oriental

de Chachapoyas-Pataz, transgrediendo oficialmente la línea limítrofe

31

de 1740; y, la injerencia peruana en la caída del gobierno del Gral.

Sucre en Bolivia, fueron el acabose de la magnanimidad de Bolívar

2

3

8 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 62.

9 Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna Tobar, op. Cit., p, 64.

0 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., p. 637

1 Francisco Sampedro V., Geografía Histórica Territorial del Ecuador a 1994, Quito, s/f, p.

115.

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para que el 15 de julio de 1828 manifieste la declaratoria de guerra al

Perú.³

2

Perú, prevalido de su eficiente Marina de Guerra, el 9 de sep-

tiembre de 1828 decreta el bloqueo naval de los puertos ecuatoria-

33

nos; y, José Domingo Lamar, Presidente del Perú, el 12 de octubre

de 1828 empieza con éxito su campaña invasora tomándose los te-

34

rritorios de Loja y parte del Azuay; el puerto de Guayaquil, los días

2 y 23 de noviembre de 1828 fue ametrallado sin piedad, mismo

que pese a su heroica resistencia, el 11 de enero de 1829 fue

2

35

sometido. Sin embargo, la campaña de triunfos peruanos cambia

en el mes de febrero de 1829: los días 13 y 27, las tropas de Sucre

triunfan en Saraguro y en las llanuras del Portete de Tarqui; el 28 de

febrero, sellan su victoria con la firma del Tratado de Girón, docu-

mento cuyo capítulo XI, insta al Perú a desocupar el territorio y a de-

volver la Plaza de Guayaquil. Lamentablemente, el Congreso

peruano reprobó el Tratado alegando incompetencia de La Mar; en

tal virtud Guayaquil siguió ocupado, estado que duró hasta el 20 de

36

julio del año en curso en que se efectivizó su devolución.

Derrocado el presidente La Mar, el nuevo gobierno peruano

da por terminada la guerra; hecho consolidado el 22 de septiembre

de 1829 con la firma en Guayaquil del Tratado de Paz y Límites. En

este Instrumento las Partes reconocen el Uti Possidetis Juris pero con

las variaciones que juzgasen convenientes acordar entre sí; estipu-

lándose en los artículos VI y VII, la conformación de una Comisión

Mixta para la fijación y rectificación de una línea divisoria. En octu-

bre del año en curso, los involucrados cumplen con las formalidades

37

del caso, convalidando definitivamente el Instrumento. Para el ini-

cio del trabajo demarcatorio, la delegación ecuatoriana viaja a Tum-

bes a encontrarse con su par; fue en vano el esfuerzo: en premeditada

evasiva el Perú irrespetó el Tratado.

3

2 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., pp. 667-669.

3 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 81.

4 COLECCIÓN L.N.S., Historia del Ecuador, T. 1, Ed. Edibosco, Cuenca, 1989, p. 246.

5 Ibíd., p. 247.

6 Diario El universo, sec. 2a, Guayaquil, 27 de febrero de 1994, p. 12.

7 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., pp. 89-91.

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Epílogo del secular conflicto

Y por supuesto que era premeditado su accionar si conocían

de antemano el caos reinante en la Gran República. En esta situación,

el 11 de agosto de 1830 Cipriano Mosquera y Carlos Pedemonte, fir-

man en Lima el Protocolo de Límites. Bolívar en prevención de las

pretensiones ilimitadas de Lima, decidió fijar una línea limítrofe con

accidentes arcifinios que zanjara definitivamente el problema. Así,

en aras de la paz y armonía de las dos Naciones, se renunció a ex-

tensas áreas de territorio ubicadas a la margen derecha del río Ama-

zonas, pero conservando la margen izquierda. El Perú logró por

38

entonces su máxima aspiración.

De la conformación en Estado Nacional a 1941

Se refiere al inicio y desarrollo de la agitada vida republicana;

época en que el problema territorial se acentuó y tuvo su desenlace

negativo para el país. Varios fueron los tratados, protocolos, confron-

taciones armadas, negociaciones directas e intentos de arbitraje, por

dirimir el diferendo, sin lograr el objetivo propuesto.

El 12 de julio de 1832, José María Pando por Perú y Diego

Noboa por Ecuador, firman en Lima el Tratado llamado de “Amistad

y Alianza”. Propicio para sus intereses, la Parte peruana inmediata-

mente lo ratificó; Ecuador no lo hizo, por cuanto el Ministro Pando

obviaba el Instrumento de Guayaquil del 22 de septiembre de 1829,

oponiendo para el efecto el principio de respeto a las retenciones pe-

39

ruanas de Tumbes, Jaén y Mainas. Insubsistente este Tratado, Ecua-

4

0

41

dor durante las conferencias Valdivieso- León y Daste-Charún,

de 1840 a 1842, respectivamente; luego, a propósito de la ley peruana

del 10 de marzo de 1853, que crea en Loreto un Gobierno Político y

42

Militar independiente de la Prefectura del Amazonas y Marañón;

también, en las negociaciones con los tenedores de bonos de la deuda

3

8 Jorge Villacrés Moscoso, op. Cit., pp. 52-53.

9 Gabriel Pino Icaza, Derecho Territorial Ecuatoriano, impr. de la Universidad de Guaya-

quil, T. II, 1952, p. 20-27.

4

0 Julio Tobar Donoso, op. Cit., pp. 103-105.

1 Luís Mendoza García, op. Cit., p. 102.

2 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 96.

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43

44

inglesa del 6 de noviembre de 1854, y 21 de septiembre de 1857;

en cada uno de estos actos, sostuvo constantemente su derecho a la

línea regida por el Tratado de 1829, protestó contra las pretensiones

peruanas y reclamó la devolución de las provincias usurpadas por

el Perú.

Pero a fuerza de toda esta defensa la tesis ecuatoriana empe-

zaría a ceder. El resultado de las negociaciones ecuatoriano-británi-

cas, fue considerado por el Perú como violación de sus derechos

territoriales, e inmediatamente opuso la guerra. El 26 de octubre de

1

858 el Presidente peruano Ramón Castilla, decretó el bloqueo de los

puertos ecuatorianos, declarando maliciosamente, que la medida

adoptada no era para humillar a Ecuador, sino exclusivamente para

derrocar al gobierno que presidía el General Robles, “pues afligir con

45

los avatares de una guerra a Ecuador, repugnaba a sus sentimientos”. A

esto se sumaría la crisis política interna que atravesaba el país inva-

dido, conocida de antemano y al acecho por el imperialismo limeño,

para perpetrar la invasión y forzar la firma del Tratado de Mapasin-

gue el 25 de enero de 1860 con el gobierno del Gral. Franco. En este

documento, el Perú impone el reconocimiento de la Cédula Real de

julio de 1802, para la demarcación limítrofe; y, la anulación de las ce-

siones de terrenos hecha a los tenedores de bonos de la deuda in-

46

glesa. Posteriormente sería declarado nulo por ambas naciones.

A más de este conflictivo contexto interno e internacional, el

proyecto secreto entre Colombia y Perú para “polonizar” al Ecuador

(

16 de septiembre de1859),⁴⁷fue el presagio que forzó a la unidad

momentánea en el aparato central gubernamental y las élites terra-

tenientes regionales. En adelante, los regímenes exhiben políticas sig-

nificativas ceñidas con la defensa de la soberanía del Estado.

4

3 Ibíd., p. 97.

4 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., pp. 261-264.

5 Ibíd., p. 317-321.

6 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 100.

7 Diego Uribe Vargas, Colombia y la Diplomacia Secreta. Gestiones para implantar la monar-

quía, edit. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano – Academia Colom-

biana de Historia, ed. 2da., Bogotá, 2005, p. 83-86.

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Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

El 21 de enero de 1863, cuando surgen problemas entre las

autoridades militares brasilero-peruanas, por causa de los deslices

cometidos por los barcos de guerra peruanos, el “Morona” y “Pas-

48

taza”, en el Pará; en la contestación del 14 de mayo de 1864 a la in-

vitación peruana del 11 de enero del año en curso, al Congreso

Americano de Plenipotenciarios, en Lima, para debatir y aceptar prin-

49

cipios que conduzcan a finiquitar problemas limítrofes; por la Ley

Suprema del 24 de mayo de 1868, que autoriza la colonización de las

márgenes del río Amazonas;⁵⁰las advertencias del 15 de enero de

1

870, a la actitud de Perú y Brasil, que en 1866 habían formado una

Comisión demarcadora de límites, para dar cumplimiento al Tratado

celebrado en 1851; en la solicitud del 4 de enero de 1875 al gobierno

peruano, a desaprobar los procedimientos de la Comisión Hidrográ-

51

52

fica, además, explicaciones satisfactorias de los hechos refractarios;

en nota diplomática del 4 de diciembre de 1886, por la pretensión de

fundar colonias en los departamentos de Loreto y Amazonas, en te-

53

rritorios aún por deslindarse; el Gobierno ecuatoriano renovó sus

protestas y reservas ante el del Perú por el cumplimiento de lo pac-

tado en 1829 y la fijación de límites de acuerdo con dicho Tratado.

Tanta insistencia en el reclamo ecuatoriano, que invalidaba

cualquier argumento de posesión indisputada que hubiera alegado

el Perú, cedió al fin: Lima propone a su contraparte, el arreglo por

decisión arbitral y sugiere al Gobierno de España como el Ente idó-

neo. En consecuencia, el 1 de agosto de 1887, José Espinosa y Emilio

Bonifaz, de Ecuador y Perú respectivamente, suscriben en Quito un

Convenio de Arbitraje, para dirimir el diferendo ante el Rey de Es-

54

paña: a los cincuenta y ocho años después de la firma del Protocolo

de Guayaquil del 22 de septiembre de 1829, la insólita irresponsabi-

lidad ecuatoriana lo dejaba en el aire. A esto se sumaría (tal como lo

4

5

8 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 101.

9 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., pp. 409-410.

0 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p.102.

1 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., pp. 410-411.

2 Ibíd., p. 414-416.

3 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p.103.

4 Ibíd., p. 104.

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

429

Rafael Camacho Pineda

estipulaba el documento) el establecimiento de las negociaciones di-

rectas, como posibilidad de superar el diferendo antes de la emisión

del fallo arbitral; cuestión que desembocó en la firma del Tratado

Herrera-García del 2 de mayo de 1890, donde al decidirse por las

concesiones mutuas quedaba para Ecuador la margen derecha del

río Santiago, es decir, una salida directa al Amazonas; al Perú, Iqui-

55

tos, Jaén y tumbes, entre otros, que ya de facto ocupaba: el 24 de

octubre de 1891, Perú aprobó dicho Tratado pero con modificacio-

56

nes; Ecuador lo declaró insubsistente el 25 de julio de 1894, recha-

zando tal avidez.⁵⁷

¿Qué le importaba al Perú la actitud ecuatoriana, si había lo-

grado definitivamente vulnerar el Tratado de 1829? Fracasada esta

última gestión (las negociaciones directas), el 19 de febrero de 1904,

los Plenipotenciarios Miguel Valverde por Ecuador y Mariano Cor-

nejo por Perú, suscriben en Quito un Acuerdo en el que deciden vol-

ver al Arbitraje español. Para el efecto, solicitan a su Majestad el envío

de un Comisario Regio para que estudie los archivos de Quito y Lima,

58

cuya información serviría de soporte del veredicto. Otra vez la di-

plomacia ecuatoriana en la red peruana del 1 de agosto de 1887; y

muy a pesar de conocer, que en 1898 el Presidente peruano Nicolás

de Piérola promulgara la “Primera Ley Orgánica de Tierras de Mon-

taña”, ley que dinamizó flujos migratorios particularmente a Iquitos,

desde donde comenzó su sistemática apropiación de territorio en dis-

puta; precipitando el combate de Angoteros del 26 de junio de 1903,

y posterior en Torres Causano del 28 de julio de 1904; acciones arma-

das que propiciaron el statu quo del 29 de enero de 1905.

En estas circunstancias, el 3 de abril de 1910 a los rumores,

que los derechos ecuatorianos serían conculcados en el Laudo, la in-

dignación popular fue inmediata. El Perú en cambio, lanzó un ulti-

59

mátum exigiendo el acatamiento tácito de lo que aún no se emitía;

5

5 Gabriel Pino Icaza, op. Cit., pp. 518-524.

6 Ibíd., p. 624.

7 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 106.

8 Luís Mendoza García, op. Cit., p. 109.

9 Francisco Sampedro V., El Espacio Territorial Ecuatoriano de 1830 a 1992, Ed. Cárdenas,

Quito, s/f, p. 46.

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

430

Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

razón suficiente para que el 10 de mayo del año en curso, el presi-

dente Alfaro asuma el mando de las operaciones militares y con su

Estado Mayor desembarque en Puerto Bolívar blandiendo el ague-

60

rrido “Tumbes, Marañón o la guerra”. Para el día 18 del mismo mes

se haría presente la mediación de EE.UU, Brasil y Argentina, consi-

guiendo el retiro de las tropas. Finalmente, el 24 de noviembre de

61

1

910 el Rey de España abandonó el Arbitraje, volviendo la cuestión

al statu quo de 1905.

Tras el fracaso del Laudo español las negociaciones con el ve-

cino del sur tardarían en reanudarse; tiempo aprovechado por la di-

plomacia peruana para empezar a ejecutar su nueva estrategia. El 24

de marzo de 1922, se firma en Lima un Tratado secreto de límites

entre los representantes Fabio Lozano de Colombia y Alberto Salo-

món Osorio del Perú. El primero entrega a su Par, las zonas que

Ecuador le había cedido en el Tratado Vernaza-Suárez del 15 de julio

de 1916, con la condición de la entrega peruana del Trapecio de Le-

62

ticia; insólito suceso que daba a Colombia la calidad de país ribe-

reño del Amazonas, al tiempo que dejaba la zona oriental ecuato-

riana expedita para el zarpazo de su compensador. Ahora sí, potente

para proseguir en su cometido, luego de más de trece años de pro-

testas y reclamos del Ecuador ante la Cancillería del Perú por sus pe-

rennes violaciones, el 21 de junio de 1924, se retoman las negociacio

6

3

nes con la firma del Protocolo Ponce–Castro Oyangurén; Instru-

mento que cristaliza el proyecto de Fórmula Mixta forjado el año

1913, misma que preveía concretar procedimientos definitivos para

el arreglo limítrofe, combinando las negociaciones directas con el ar-

bitraje del mandatario norteamericano sobre puntos que no se logren

acuerdos directos.

Lamentablemente por la serie de disidencias internas en

ambas naciones, las conversaciones subsiguientes de este acuerdo se

retrasaron. El 13 de abril de 1934, los diplomáticos Homero Viteri La-

fronte y Solón Polo de Ecuador y Perú, inician en Lima las discusio-

6

0 Ibíd., pp. 46-47.

1 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 136.

2 Ibíd., p. 125.

3 Ibíd., p. 136

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

431

Rafael Camacho Pineda

64

nes respectivas; ciclo ineficaz de conferencias que desembocaron:

) En la suscripción del Acta de Lima del 6 de julio de 1936, docu-

1

mento de aceptación a una nueva línea de statu quo que implicaba

para Ecuador, renuncia de derechos respecto de su demanda terri-

torial original, y 2) La violenta suspensión unilateral peruana de las

65

negociaciones de Washington, el 28 de septiembre de 1938.

Así de fácil el Perú recibía la patente para seguir poseyendo

los territorios ecuatorianos que había ocupado hasta la firma del acta

de Lima; procedimiento incrementado desembozadamente a partir

de 1935, cuando la Escuela Superior de Guerra de Lima decide la

agresión armada a Ecuador. Invasión desencadenada de manera ge-

neral y contundente durante los meses de julio, agosto y septiembre

de 1941, con un Ejército numeroso y dotado de todas las armas de

guerra, logrando apoderarse de la Provincia de El Oro, Loja y Región

oriental; gracias a la conjugación de su bien planificado ataque y de

su consuetudinaria falacia, como lo demostró en la violación del cese

de hostilidades del 26 y 31 de julio.

De la firma del Protocolo de Rio de Janeiro a 1998

La invasión peruana se detuvo solamente, al momento de

estar asegurada la aquiescencia internacional para el arrebato defi-

nitivo. La retórica de “invasión total” y “necesidad de alcanzar la

unidad de los países latinoamericanos para hacerle frente a las po-

tencias del eje Berlín-Tokio-Roma”, fueron los elementos de presión

que ejecutaron los Países Garantes contra Ecuador, para que el 29 de

enero de 1942 firme el Protocolo de Río de Janeiro; instrumento que

pese a restituir el statu quo de 1936 cortándole todo acceso territorial

directo al río Amazonas, no satisfizo plenamente la ambición de la

milicia peruana, puesto que su propósito preveía la ocupación total

del oriente ecuatoriano, y por la costa, la provincia de El Oro hasta

el río Jubones.

64 Jorge Pérez Concha, Frente Externo, Litografía e imprenta de la Universidad de Guaya-

quil, 1985, p. 58.

5 Ibíd., pp. 60-61.

6

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

432

Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

Una vez entronizado el imperialismo, devino inmediata-

mente la imposición premeditada y el alevoso triunfalismo: el 4 de

febrero de 1942, la Cancillería peruana emite oficialmente, el “Mapa

de la Región Limítrofe Peruano-Ecuatoriana”, en el que impone su

línea demarcatoria, en franco desacato a disposiciones y procedi-

66

mientos estipulados para el efecto; y, el 28 de julio del mismo año,

el presidente peruano Manuel Prado y Ugarteche en su mensaje al

Congreso Nacional se solazaba al manifestar su complacencia abso-

luta, por cuanto, con la firma del Protocolo en mención se “supera en

decenas de miles de kilómetros cuadrados todos los anteriores proyectos de

convenios y laudos internacionales así como las más ventajosas posesiones

de nuestra vida independiente”. ⁶⁷

Iniciado el trabajo de linderación, de inmediato se presentan

las inexactitudes topográficas entre el texto del Protocolo y la reali-

dad en el terreno. La más grave resultó al tratar de definir el divor-

tium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago, que inicialmente se

suponía, ser la Cordillera del Cóndor. Error por el cual, a partir de

diciembre de 1944, se colocan diez hitos desde la quebrada San Fran-

68

cisco hacia el norte de la señalada cordillera; constatado por EE.UU.

de NA. cuando realizaba el levantamiento aerofotogramétrico del

continente; y, denunciado el 27 de febrero de 1947 por la Embajada

norteamericana en Quito, con la entrega a su Par ecuatoriana, del

mapa del sector en referencia, en el que se dibuja como línea de fron-

tera la Cordillera del Cóndor con la leyenda: “La frontera Ecuador-Perú

69

está demarcada por la vertiente formada por la Cordillera del Cóndor”; afir-

mación errónea, puesto que en dicho documento se advierte otra di-

visoria de agua: el rio Cenepa corre paralelo y en gran medida. Sin

embargo del evidente problema, el Perú ocupó inmediatamente

ambas riberas del Cenepa y la falda oriental de la Cordillera del Cón-

dor, sin esperar una resolución legal.

6

6 Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna Tobar, op., Cit., p. 234.

7Manuel Prado y Ugarteche, Mensaje al Congreso Nacional del Perú, el 28 de julio de 1942,

en: www4.congreso.gob.pe/museo/mensajes.

68 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., pp. 173-174.

69 Francisco Sampedro V., Geografía Histórica Territorial del Ecuador a 1994, Ed. Cárdenas,

Quito, p. 77.

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

433

Rafael Camacho Pineda

A partir del estado de la cuestión imperante, la diplomacia

ecuatoriana abre una nueva etapa histórica, ¡empieza a cuestionar la

imposición del Protocolo!: de su primaria aceptación de validez y

aplicación, en adelante, aunque en momentos contradictorias, las

tesis de Revisión, Inejecutabilidad, Nulidad, Transacción Honrosa y

Arreglos Amistosos, son las posiciones adoptadas al respecto.

En la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de

la Paz y Seguridad del Continente, en Brasil, del 15 de agosto de 1947;

y, en la IX Conferencia internacional Americana, en Bogotá, de Abril

de 1948; los cancilleres ecuatorianos Vicente Trujillo y Parra Velasco

respectivamente, plantearon la necesidad de revisión de los Tratados

70

antijurídicos. El Presidente Galo Plaza, conocedor de la realidad geo-

gráfica existente en el sector meridional de la zona Zamora-Santiago,

el 27 de septiembre de 1948 decide la suspensión de los trabajos de-

71

marcatorios; y, en su mensaje al Congreso Nacional del 10 de Agosto

72

de 1952 plantea la inejecutabilidad del Protocolo. El 17 de agosto de

960, el doctor Velasco Ibarra, por entonces Presidente electo de la

República, en su discurso pronunciado en Riobamba, proclamó la

1

73

tesis de nulidad del Protocolo; pero ocho años más tarde, días antes

de iniciar su quinto periodo (1 de sep. 1968), expresa la necesidad de

cambiar su planteamiento anterior por el de una transacción honrosa,

74

que permita a Ecuador un puerto en el Amazonas.

Veinte y seis años transcurren desde la firma del Protocolo

durante 1968–80 gobiernan dictaduras militares en el Perú: Velasco

(

Alvarado 1968–75; Morales Bermúdez 1975-80); tiempo en que Ecua-

dor ha pretendido hallar en el mismo, al aceptarlo y ejecutarlo par-

cialmente; al refutarlo como inejecutable o nulo para lograr su

revisión, actitudes de comprensión y apego al Derecho por la Con-

traparte. Son años en que el Perú ha contrapuesto la teoría del Tratado

Perfecto, pregonando: su validez; que está ejecutado parcialmente,

70 Jorge Pérez Concha, El Protocolo de Rio de Janeiro y los problemas derivados de su ejecución,

Guayaquil, 1954 pp. 30-40.

1 Hernán Altamirano Escobar, op. Cit., p. 175.

2 Jorge Pérez Concha, op. Cit., pp. 43-44.

3 Jorge Pérez Concha, Frente Externo, Guayaquil, 1985, p. 84.

4 Ibíd., p. 103.

7

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

434

Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

faltando por demarcar, únicamente un pequeño sector de frontera,

por lo que no existe ningún problema de límites con los del norte; y,

que se requieren por lo tanto, como objetivo prioritario, amojonar el

sector de frontera problema. Es la época en que se forjan las invasio-

nes peruanas por la cordillera del Cóndor en 1981 y 1995, bajo el

ideario del Gral. Edgardo Mercado Jarrín, quien afirma: “La coyun-

tura internacional se convierte en nuestros días en un nuevo factor deciso-

rio. La acción para obtener el objetivo político continúa en el campo de las

negociaciones cuando aquél no pudo ser alcanzado totalmente en el campo

militar”.⁷

5

Desde entonces (tal como anticipadamente se preparó la

agresión de 1941), Lima acomete en ilimitado armamentismo y ac-

ciones de provocación, que conjuga maquiavélicamente con la fiebre

integracionista que preconiza Sudamérica, para zanjar definitiva-

mente el diferendo:

Velasco Alvarado inicia su gestión, adquiriendo doce sofis-

ticados aviones Mirage, constituyéndose en el primer país latinoa-

76

mericano con una flota de este tipo. El 10 de diciembre de 1974, se

subscribe la “Declaración de Ayacucho”, por el sesquicentenario de

77

la batalla. El año de 1975, el Perú traza geodésicas en la zona no de-

limitada y muestra en mapa oficial, el Departamento del Amazonas

7

8

con el Cenepa y su red hidrográfica; actitud complementada en

enero de 1978, con la acometida en escalada conjunta de violaciones

al espacio aéreo, aguas territoriales y guarniciones militares del sec-

tor suroriental ecuatoriano.⁷⁹El 3 de julio de 1978, en Brasilia, se

subscribe el “Pacto Amazónico”.⁸⁰La “Carta de Conducta”, docu-

mento ratificatorio de los enunciados de la “Declaración de Ayacu-

81

cho”, se firma en Riobamba, el 11 de septiembre de 1980; y, por el

7

5 Norma Plaza Aray, En Tiempos de Guerra, edit. FEEG, T. 1, Guayaquil, p. 99.

6 Edison Macías N., “El Conflicto de la Cordillera del Cóndor”, Ed. Freire, Riobamba, 1992,

p. 30-32.

7

8

7 Ibíd., p. 70-71

8 Leonor del Carmen, Historia de Límites del Ecuador, ed. 4ª, Quito, 1991, p. 148-149.

9 Edison Macías N., op. Cit., pp. 47-58.

0 Jorge Villacrés Moscoso, ¿Habrá firmado el Ecuador el Tratado Amazónico con reservas?,

en: diario El Universo, secc. 1ª, Guayaquil, 6 de julio de 1978, p. 6.

1 Edison Macías N., op. Cit., pp. 73-74.

8

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

435

Rafael Camacho Pineda

sesquicentenario de la muerte del Libertador Bolívar, la “Declaración

82

de Santa Marta”, Colombia, el 18 de diciembre de 1980.

En lo que corresponde a este conjunto de acciones, alcanza

su punto de quiebre el 22 de enero de 1981, cuando el Presidente Be-

laúnde Terry autoriza la agresión a los destacamentos militares ecua-

torianos de Paquisha, Mayaycu y Machinaza, ubicados en la

Cordillera del Cóndor. Prosiguiendo en 1987, con la instalación en

territorio ecuatoriano, del PV. Peruano “Pachacútec”; y, la agresión

armada de 1995, en el “Ato Cenepa”. Contexto en que los gobiernos

de turno invocan posiciones diferentes, respecto del Protocolo en

cuestión.

Referente al conflicto de 1981, el 10 de agosto ante el Con-

greso ecuatoriano, el Presidente Oswaldo Hurtado define la solución

83

del diferendo territorial a través de un concenso nacional, postura

calificada por el sector político de oposición como de “Traición a la

Patria”. León Febres Cordero (1984-88), antes de empezar el mandato

presidencial, sobre el tema fronterizo advirtió, adoptar la política de

84

herida abierta, obviando de tal manera el asunto; cuestión aprove-

chada por el Perú para instalar el PV “Pachacútec” (1987, sector Cu-

sumaza-Yaupi). Sería el Presidente Rodrigo Borja (1988-92), quien

retome la controversia y afronte los problemas de su antecesor: el 24

85

de Agosto de 1991, la situación tensa en el sector Cusumaza-Yaupi,

se supera con la firma de un “Acuerdo de Distensión” o “Acuerdo

de Caballeros”; y, el 30 de septiembre del mismo año, da a conocer

ante la ONU la que sería última posición ecuatoriana: el arbitraje

86

papal. En el conflicto del Alto Cenepa de enero, febrero y marzo de

995, el Presidente Sixto Durán Ballén (1992-96), como medida de

superar definitivamente el secular problema, en plena conflagración

1

82 Ibíd., p. 74.

8

3 Silvia Espíndola Arellano, “Los Estados Unidos y el conflicto Ecuador-Perú”, Javier

Ponce Leiva (edit.), en: Las relaciones Ecuador- Estados Unidos en 25 años de democracia

(1979-2004), ed. ABYA-YALA, Quito, 2005, p. 144.

84 Ibíd., p. 145.

8

5 Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna Tobar, Derecho Territorial Ecuatoriano, impr. del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores, ed. 4a, Quito, 1994, p. 294.

6 Ibíd., p. 377.

8

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Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

rompe una tradición de treinta y cinco años, al declarar el reconoci-

87

miento de vigencia del Protocolo de Río de Janeiro.

La posición del Presidente Durán Ballén, pacífica pero firme,

y, de riesgo político, desbloqueó las posturas tradicionalmente ina-

movibles de las Partes; aspecto que permitió la participación a fondo

de los observadores de los Países Garantes y que se abriera una

nueva ronda de sistemáticas negociaciones; mismas que prosiguie-

ron en los gobiernos de Abdalá Bucaram (1996-97), Fabián Alarcón

(

1997-98) y Jamil Mahuad (1998-2000).

El 26 de octubre de 1998, Ecuador y Perú firman en Brasilia

el Acuerdo de Paz. Jamil Mahuad y Alberto Fujimori, terminan la re-

lación litigiosa soportada desde épocas pretéritas y cierran definiti-

vamente la frontera el 13 de mayo de 1999, con la firma del Acta de

clausura de los trabajos demarcatorios.⁸⁸

Reflexiones y conclusiones

La república del Ecuador frente a la terrofagia de sus vecinos,

sostuvo su defensa territorial en el Uti Possidetis Juris y en el Tratado

de Guayaquil del 22 de septiembre de 1829, hasta la firma del Con-

venio Espinoza-Bonifaz del 1 de agosto de 1887; fecha en que la di-

plomacia ecuatoriana dio al traste con estos instrumentos jurídicos

e irrefutables, que el Perú reconocía y acataba. Al respecto, el Dr. José

Peralta, señalaba:

¿Qué necesidad había de someter a resolución de árbitros lo que estaba

ya definitivamente resuelto por las mismas partes interesadas, y se-

llado con la espada victoriosa de Sucre, el ínclito vencedor en Portete?

¿Por qué tornar litigioso, lo que había dejado de serlo, por la fuerza de

las armas y por la fuerza del derecho”?… El Tratado Espinoza-Bonifaz

no tiene explicación ni disculpa: constituye un triunfo barato y com-

pleto para el Perú… El Perú se ha mantenido aferrado al triunfo de su

ministro Bonifaz: nada de transacciones amistosas, nada de cambio de

87 Francisco Carrión Mena, La paz por dentro. Ecuador-Perú: Testimonio de una Negociación,

Quito, 2008, p. 105-106.

8 Ibíd., p. 583.

8

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

437

Rafael Camacho Pineda

árbitro, nada de modificación razonable al pacto, nada de concesiones

que rectificaran el error de nuestro Plenipotenciario candoroso, por

decir lo menos…¿Ni por qué había de soltar el Perú la cadena con que

89

consiguiera atarnos su destreza diplomática?.

Con la firma de la Paz donde se suscribieron diversos acuer-

dos de cooperación, Ecuador termina el siglo XX, con un territorio

disminuido y sentimiento ciudadano de frustración, general:

Disminuidos territorialmente por quienes se ufanan de sus-

tanciar de manera magistral la justicia y equidad: Estados Unidos de

Norteamérica se asimilo a Méjico y desmembró escandalosamente a

Colombia; Chile no tuvo reparos y se alzó con territorios de Perú y

Bolivia; Brasil se engulló territorio del Perú, y en contubernio con

éste, se repartió el sector Este ecuatoriano; y, ¿qué decir de Argen-

tina? Lamentablemente son los países denominados Garantes del

Protocolo de Río de Janeiro de 1942, que piensan recíprocamente e

impusieron a Ecuador una versión de su albedrío de Derecho Inter-

nacional: El derecho de una Nación es Derecho cuando está podero-

samente alegado y comprobado por el lenguaje de sus cañones.

Concomitante, queda un sentimiento de frustración, que re-

aviva la realidad geográfica-histórica del País ocultada bajo el disfraz

de “Secreto Diplomático”, para mantener en silencio sus errores. Y

reveladores comentarios, luego del zarpazo de 1941, ya advertían

este triste final. El Dr. Jorge Villacrés Moscoso, en una de sus barias

obras denunciaba al país:

Escribir sobre la diplomacia ecuatoriana, es descorrer el velo que cubre

una serie ininterrumpida de fracasos, errores, claudicaciones vergon-

zosas y aún traiciones cometidas a través de nuestra convulsionada

etapa republicana. He aquí el fundamento, la razón de por qué hasta

hoy, los investigadores se hayan eximido de trazar su historia, historia

90

de funestas contradicciones, de amargas verdades.

8

9 José Peralta, El Régimen Liberal y el Régimen Conservador Juzgados por sus Obras, Quito,

911, pp. 121-122.

1

90 Jorge Villacrés Moscoso, La Responsabilidad de la Diplomacia Ecuatoriana en la Demarcación

Fronteriza, impr. de la Universidad de Guayaquil, 1945, p. 5.

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

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Frontera Sur ecuatoriana:

Epílogo del secular conflicto

Igualmente, el ex canciller Pareja Díezcanseco, enfáticamente

indica:

Salvadas honrosísimas excepciones, la política seguida por la Cancille-

ría ecuatoriana ha sido poco eficaz y tan poco inteligente, tan cándida

por decir lo menos, que sus innumerados errores e imprevisiones fue-

ron siempre los mejores aliados que pudieron tener gratuitamente Co-

91

lombia y Perú en sus empeños de reducir el tamaño de nuestro país.

Dura realidad que la Nación ecuatoriana sorteó con fortuna.

Pues la aspiración limeña fue, arrinconarla hasta la falda oriental de

los Andes, por el Este; y, apropiarse de la Prov. de El Oro, tomando

como límite el río Jubones, en el sector Suroccidental. A semejante

estado, ¿acaso no fue urgente desarrollar el potencial destructivo

como condición sine qua non de nuestra existencia y desarrollo?

Con la ceremonia celebrada en Brasilia, dos pueblos herma-

nos superan el estado de beligerancia en que estuvieron envueltos

por largo tiempo. Ecuador y Perú alcanzan la Paz, pero una Paz im-

pregnada de caduco filosofar, que en esencia reafirma la preeminen-

cia de la fuerza y de los intereses creados:

Es necesario ser del partido del vencedor, porque este es siempre el de

la mejor causa, el de la civilización y el de la humanidad, el del presente

y el del porvenir; mientras que el partido del vencido, es siempre el de

lo pasado. La victoria y la conquista no son más que la victoria de la

verdad del día sobre la verdad de la víspera, que ha pasado a ser error

de hoy. (…). El vencido debe ser vencido y ha merecido serlo; el ven-

cedor no solo sirve a la civilización, sino que es mejor, es más moral y

por eso es vencedor.⁹²

Era el pensamiento del filósofo Víctor Coussin en el siglo

XIX, vigente aun en América moderna.

91 Alfredo Pareja Díezcanseco, Ecuador: La República de 1830 a nuestros días, Ed. Universi-

taria, Quito, 1979, p. 266.

92 D. Castor Compañía, Confesiones de un Clérigo Liberal, Madrid, 1861 p. 39-40.

BOLETÍN ANH Nº 198 • 418–442

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Rafael Camacho Pineda

Señores, para que una Nación exista hay que contar su his-

toria. Claro que para entender el pasado y sus contextos sociocultu-

rales y políticos, como lo habéis observado, implica una suerte de

viaje a través del tiempo que, lamentablemente, no se puede mate-

rializar; sin embargo es necesaria esta representación para controlar

el presente. Es imperativo entonces, llevar adelante una continua

reescritura de la misma; pues así lo requiere, como es evidente al res-

pecto, la memoria colectiva actual.

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