BOLETÍN  
DE LA ACADEMIA  
NACIONAL DE HISTORIA  
Volumen XCIX Nº 205  
Enero–junio 2021  
Quito–Ecuador  
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA  
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BOLETÍN de la A.N.H.  
Vol XCIX  
Nº 205  
Enero–junio 2021  
©
ꢀ Academia Nacional de Historia del Ecuador  
ISSN Nº 1390-079X  
eISSN Nº 2773-7381  
Portada  
Eduardo Kingman Riofrío, pintor ecuatoriano, 1913–1997  
Fotografía, colección familia Kingman. Tomada de su fb.  
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julio 2021  
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BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA  
Vol. XCIX – Nº. 205  
Enero–junio 2021  
ECUADOR: 100 AÑOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA1  
Paco Moncayo Gallegos2  
Resumen  
A lo largo de un siglo, la Academia Nacional de Historia ha  
aportado con patriótico esmero al desarrollo intelectual y cultural  
del Ecuador, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la com-  
prensión de las razones profundas de su compleja realidad. Este tra-  
bajo intenta, en apretada síntesis, analizar los acontecimientos  
relacionados con la seguridad y defensa que han incidido de manera  
importante en la vida de los ecuatorianos, en los últimos cien años.  
Incluye la participación militar en hechos trascendentes de orden in-  
terno, como la Revolución Juliana, los gobiernos militares y las polí-  
ticas públicas aplicadas en estas áreas de la gestión estatal; mientras  
que, en el campo internacional, se enfoca al estudio del conflicto te-  
rritorial con el Perú, hasta su culminación con la firma de una paz  
digna y, seguramente, duradera.  
El presente artículo se desarrolla a través de los siguientes  
epígrafes principales: 1) Introducción. 2) Los inquietos años veinte.  
3
) La Década infame. 4) Por la pendiente del sacrificio. 5) La Guerra  
Fría y las dictaduras militares. 6) Conflictos de fronteras con el Perú.  
) La crisis del fin del siglo. 8) El gobierno de Lucio Gutiérrez. 9) As-  
7
censo y crisis del socialismo del siglo XXI. 10) El gobierno de Lenin  
Moreno.  
1
2
Recibido: 24/03/2021 // Aceptado: 25/05/2021  
Licenciado y doctor en Ciencias Internacionales por el Instituto de Posgrado de la Universidad  
Central del Ecuador, docente en Historia del Derecho Territorial Ecuatoriano y Geopolítica,  
de ese Instituto; de Geopolítica, Seguridad y Defensa y Estrategia de la Universidad de las  
FF.AA.; miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia de Historia Militar.  
Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, diputado nacional, parlamentario  
latinoamericano y alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; autor de, entre otros libros:  
Fuerzas Armadas y sociedad, Cenepa, Poder y seguridad, Poder y conflicto, Espacio y poder y, Seguridad  
y defensa en la historia ecuatoriana.  
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Paco Moncayo Gallegos  
Palabras clave: Revolución Juliana, conflictos armados, invasión pe-  
ruana, Protocolo de Río de Janeiro, Paquisha, Tiwintza, conflicto in-  
terno, seguridad y defensa.  
Abstract  
Throughout a century, the National Academy of History has  
contributed with patriotic care to the intellectual and cultural devel-  
opment of Ecuador, to the strengthening of the national identity and  
to the understanding of the deep reasons for its complex reality. This  
work attempts, in brief synthesis, to analyze the events related to se-  
curity and defense that have had an important impact on the lives  
of Ecuadorians in the last hundred years. It includes military partic-  
ipation in transcendent events of internal order, such as the Julian  
Revolution, military governments, and public policies applied in  
these areas of state management; while, in the international field, it  
focuses on the study of the territorial conflict with Peru, until its cul-  
mination with the signing of a dignified and, surely, lasting peace.  
This article is developed through the following main sec-  
tions: 1) Introduction. 2) The restless twenties. 3) The infamous  
Decade. 4) By the slope of the sacrifice. 5) The Cold War and military  
dictatorships. 6) Border conflicts with Peru. 7) The crisis of the end  
of the century. 8) The government of Lucio Gutiérrez. 9) Rise and cri-  
sis of socialism in the XXI century. 10) The government of Lenin  
Moreno.  
Keywords: Juliana revolution, armed conflicts, armed conflicts, Rio  
de Janeiro Protocol, Paquisha, Tiwintza, internal conflicto, security  
and defense.  
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Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
1. Introducción  
El 24 de julio de 1909 se fundó en Quito la Sociedad Ecuato-  
riana de Estudios Históricos Americanos, gracias a la iniciativa del  
fecundo historiador, arzobispo Federico González Suárez cuyo le-  
gado fructificó en la creación de la Academia Nacional de Historia,  
dispuesta mediante decreto de la Función Legislativa, publicado el  
28 de septiembre de 1920; esta trascendental institución, que está al  
servicio de los mejores intereses nacionales, con una alineación laica,  
científica y democrática, cumplió el año anterior, sus primeros cien  
años de fructífera existencia.  
Durante este centenario, el mundo en general, y el Ecuador  
en particular, han experimentado acontecimientos impactantes,  
como los estertores de un sistema geopolítico fundamentado en la  
competencia inter imperialista, que culminó con la sangrienta Se-  
gunda Guerra Mundial; el surgimiento del mundo bipolar y de la  
confrontación global en la denominada “Guerra Fría”; el colapso de  
la Unión Soviética; y, el surgimiento del mundo multipolar actual,  
en un contexto de cambios dramáticos ocurridos, en los ámbitos eco-  
nómico, político y social, debido a las sucesivas revoluciones téc-  
nico–científicas.  
Como enseña la historia, los asuntos de la seguridad y de-  
fensa están presentes y, en algunos casos, con especial protagonismo,  
en los acontecimientos que experimenta la humanidad desde el ini-  
cio de los tiempos. Precisamente, el presente trabajo pretende relatar  
lo sucedido en el Ecuador, en este campo y en los últimos cien años,  
desde un enfoque amplio que incorpore el estudio de la situación  
global y regional, en las que se produjeron los hechos relevantes de  
la historia nacional.  
Se inicia el análisis con importantes episodios históricos de  
la década de los años veinte, en la que se destaca la represión al le-  
vantamiento de las organizaciones de trabajadores en Guayaquil y  
la reacción de los jóvenes militares, conocida como Revolución Ju-  
liana; se hace referencia a los hechos relacionados con la crisis eco-  
nómica e inestabilidad política de la década de los años 30 y su  
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Paco Moncayo Gallegos  
secuela: la indefensión del Ecuador frente a la invasión militar pe-  
ruana y la imposición de la firma del Protocolo de Río de Janeiro;  
con esta tragedia como telón de fondo, se revisa la veleidosa política  
exterior de las décadas siguientes, los conflictos fronterizos de los  
años setenta, el conflicto armado de 1981, la campaña exitosa de 1995  
y el tortuoso camino que tuvo que enfrentar la diplomacia y el poder  
político para llegar a la ansiada firma de la paz.  
Lograda esta meta nacional, que parecía imposible de alcan-  
zar, el relato refiere las sucesivas crisis de la economía nacional, sus  
consecuencias políticas y la participación directa o no de los militares  
en la definición de los acontecimientos. Finalmente, se señalan he-  
chos recientes, que deben ser recibidos con la advertencia de una ela-  
boración preliminar, por su cercanía y por la obvia dificultad de una  
impecable imparcialidad; el análisis se enfoca en las políticas de se-  
guridad y defensa que comienzan a explicitarse con el cambio de  
siglo, gracias a la publicación de los “libros blancos” y a la atenua-  
ción del pernicioso secretismo, en asuntos que conciernen al total de  
la población.  
Para el desarrollo de este trabajo, el autor utilizó investiga-  
ciones realizadas en trabajos previos que han sido publicados en bo-  
letines de la Academia Nacional de Historia Militar y en varios libros  
de su autoría, especialmente, en el tomo II de su obra Seguridad y De-  
fensa en la Historia Ecuatoriana. En gran parte de los acontecimientos  
de los últimos cincuenta años, ha sido, además, testigo cercano de  
los hechos que relata.  
2. Los inquietos años veinte  
2.1 El contexto internacional  
El mundo había sido estremecido por la Primera Guerra  
Mundial que devastó gran parte del territorio continental europeo,  
ocasionando millones de muertos. Derrotada Alemania y sus aliados  
continentales, se firmó la paz, imponiendo sanciones extremas a los  
vencidos. Se agravó, con ello, la grave crisis económica, social y po-  
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Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
lítica que ya se experimentaban por efectos de la confrontación ar-  
mada que precipitó, además, el triunfó en Rusia de la Revolución  
Bolchevique, recibida por los pobres y explotados del planeta como  
una luz de esperanza.  
Italia se unió al Pacto de Londres el 15 de abril de 1915 y de-  
claró la guerra a Austria, que, finalmente, se rindió a los Aliados el  
4
de noviembre de 1918. La profunda depresión económica de la pos-  
guerra ocasionó un gran malestar en el pueblo italiano, especial-  
mente, en la clase obrera que se tomó las fábricas, con la amenaza de  
desencadenar una guerra civil. Esta situación fue aprovechada por  
Benito Mussolini para, con la aquiescencia del rey, llegar al poder,  
en octubre de 1922, con la oferta de salvar a Italia de la amenaza so-  
3
cialista y la anarquía.  
Las transformaciones de posguerra sacudieron a gran parte  
del mundo. En 1919, sobre la base de la propuesta del presidente  
Woodrow Wilson, se creó la Sociedad de Naciones; Mahatma Gandhi  
inició su revolución no violenta en 1920; se creó el Partido Comunista  
Chino, en 1921; surgió la Unión Soviética, en 1922; Egipto alcanzó  
su independencia ese mismo año; paralelamente, Turquía proclamó  
la República; y, en el Reino Unido, llegó al poder el primer gobierno  
laborista, en 1923.  
En Latinoamérica, la Revolución Mexicana, iniciada en 1910  
por Francisco Madero, puso fin al largo período del gobierno de Por-  
firio Díaz; en 1917, durante el gobierno de Venustiano Carranza, se  
promulgó una Constitución de corte socialista; en 1921, se creó la  
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); y, en 1925, se  
fundó el Banco de México.4  
En Ecuador, asesinado Eloy Alfaro que había impulsado  
grandes reformas políticas, el poder pasó a manos de la corriente li-  
beral liderada por el general Leonidas Plaza Gutiérrez (1912–1916),  
que representaba los intereses de la oligarquía financiera y de los te-  
rratenientes. Contra ellos inició el coronel Carlos Concha una costosa  
3
4
Paco Moncayo Gallegos, Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana, Tomo II, CCE, Quito,  
p.239  
Ibídem, p.240  
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Paco Moncayo Gallegos  
guerra civil que agravó la crisis económica, ocasionada por la caída  
del precio del cacao, debido a enfermedades que devastaron grandes  
plantaciones, y a la prohibición de la importación de esta fruta por  
Francia y el Reino Unido; por la decisión de los Estados Unidos de  
elevar las tarifas y restringir el paso de los buques por el Canal de  
Panamá; y, por el incremento de las primas en los seguros y el costo  
de los fletes. Gobernaba Alfredo Baquerizo Moreno (1916-1920).  
Los años siguientes, los problemas fueron de mal en peor.  
Guillermo Arosemena refiere:  
Para fines de 1923, el nivel de endeudamiento público ecuatoriano con  
las instituciones financieras privadas, alcanzó niveles intolerables. De  
una cartera total de 38 millones de sucres, 53% correspondía a créditos  
otorgados al sector público y 47% al sector privado. Aesta fecha el estado  
también tenía una deuda externa de 12,346.480 de dólares por capital y  
5,787.055 de dólares por intereses. Además de las obligaciones con los  
bancos ecuatorianos por más de 19,000.000 de sucres, adeudaba alrede-  
dor de 11,000.000 de sucres por los Bonos de Deuda Interna y otros cré-  
ditos similares. Los enormes pasivos debían pagarse con los ingresos  
5
anuales del gobierno que apenas llegaban a 20 millones de sucres.  
La difusión del ideario marxista, los acontecimientos de la  
Primera Guerra mundial y la Revolución Rusa, tuvieron impacto en  
las nacientes organizaciones de trabajadores del Ecuador. El 10 de  
agosto de 1909, se realizó el primer Congreso Obrero Nacional y el  
15 de septiembre inició un proyecto para crear la Unión Obrera Ecua-  
toriana (UEO). Con motivo de celebrarse el primer centenario de la  
gesta libertaria guayaquileña, se organizó, el 9 de octubre de 1920,  
6
el segundo Congreso Obrero Nacional.  
La grave crisis de la economía global y nacional generó una  
situación de inestabilidad política y social, especialmente, en las cla-  
ses trabajadoras de las ciudades y del campo, que resultaron ser las  
más afectadas. En esas circunstancias, la organización obrera declaró  
su primera huelga general de la historia del país, el 13 de noviembre  
5
6
Guillermo Arosemena, La Revolución Juliana, Evento Ignominioso en la Historia de Guayaquil, Ar-  
chivo Histórico del Guayas,2002, p.96  
Paco Moncayo Gallegos, ob. cit., p246  
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Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
de 1922, y fue duramente reprimida por las autoridades guberna-  
mentales.  
2.2 Seguridad y Defensa  
En enero de 1922, llegó a Ecuador la Misión Militar Italiana,  
para reorganizar y modernizar a las Fuerzas Armadas. Remigio Ro-  
mero y Cordero la califica como positiva, aunque critica, con mucha  
razón, su falta de conocimientos sobre la realidad geográfica de los  
posibles teatros de operaciones nacionales. También, el general  
Ángel Isaac Chiriboga se expresa sobre la misión en términos elo-  
giosos: “Ha cumplido sus tareas con satisfacción y empeño... permitiendo  
elevar el nivel de la instrucción de nuestros oficiales, hasta un grado que  
7
puede ser difícilmente igualado por nación alguna de América.” Carlos  
H. de La Torre resalta, por su parte, la importancia de la misión en  
la modernización de la Escuela Militar: “ (...) La Misión venida en 1922,  
estuvo integrada por elementos destacados y prestigiosos del Ejército ita-  
liano; prestigio que a su vez lo confirmamos acá, mediante una enseñanza  
8
de valía indiscutible (…)” Diferente es el pensamiento de Julio Muñoz:  
“(...) Negroni y Brutini, abanderados del totalitarismo, no desperdiciaban  
ninguna oportunidad para conspirar contra nuestras instituciones demo-  
cráticas. Dentro y fuera de las aulas hicieron del fascismo su cátedra predi-  
lecta, difundiendo entre los oficiales del Ejército y de los ‘Cursos de Andinos’  
9
(policía), las supuestas excelencias del sistema fascista.”  
Para entonces, el territorio estaba dividido en siete zonas mi-  
litares, servidas por unidades organizadas en las cuatro armas bási-  
cas: Infantería, Caballería, Artillería e Ingeniería, con un pequeño  
10  
reparto de Comunicaciones. Se conoce que los escuadrones de ca-  
7
8
9
1
Cfr. Remigio Romero y Cordero, El Ejército en cien años de República, Centro de Estudios His-  
tóricos del Ejército, IGM, Quito, 1991, p. 447  
Carlos De la Torre, La Escuela Militar en Cien Años de la República, Resumen Histórico del Ecua-  
dor, Ed. Fray Jodoco Ricke, Quito, Ecuador, 1948, p. 67  
Julio Muñoz, Doctrinas Militares Aplicadas en el Ecuador, Ed. Estado Mayor del Ejército, Quito,  
Ecuador, 1949, p. 186  
0 Hernán Andrade y Amílcar Tapia, Documentos para la Historia de la Escuela Militar 1830-1930,  
Centro de Estudios Históricos del Ejército. Quito Ecuador, 1991, Decreto Ejecutivo, 1925, pp.  
427-452  
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Paco Moncayo Gallegos  
ballería Cazadores de los Ríos y Cazadores de Chone fueron creados  
para reprimir los levantamientos campesinos provocados por la cri-  
sis del cacao. El mayor Atahualpa Bazante denunció: “El ‘Cazadores  
de los Ríos’ fue uno de los instrumentos en manos del latifundismo costeño,  
un instrumento de represión contra los campesinos... un arma de venganza  
contra el honrado trabajador que protestaba contra la injusticia y el abuso  
del terrateniente.”11  
En el campo internacional, el 21 de junio de 1924, se firmó el  
Protocolo Ponce - Castro Oyanguren, con el propósito de acordar los  
procedimientos para alcanzar el arreglo definitivo de la cuestión de  
límites. Con este fin, enviarían a Washington sus respectivas delega-  
ciones para tratar de encontrar una línea limítrofe definitiva y, de no  
lograrlo, someter la decisión arbitral del Presidente de los Estados  
Unidos de América. La delegaciones iniciarían sus trabajos en la ca-  
pital norteamericana una vez resuelta la cuestión sometida al presi-  
dente por los gobiernos del Perú y Chile. Conocido el texto del  
documento, se levantó una ola de indignación por parte de los ecua-  
torianos que estaban informados sobre este tema. En su escrito ‘Una  
plumada más sobre el Protocolo Ponce–Castro Oyaguren, José Pe-  
ralta declaró: “(...) se puede pronosticar con seguridad que no está tan le-  
jano el total desastre de la República. Esta ceguedad voluntaria y suicida  
va empujando a los pueblos de manera irremisible hacia la sima; y al fin re-  
sultan inútiles las voces con que el patriotismo se empeña en detenerlo en  
12  
la fatal pendiente.”  
.3 La Revolución Juliana  
Según relatos de Virgilio Guerrero Espinoza, el 25 de octubre  
2
de 1924, un grupo de tenientes del Regimiento de Artillería No.1 Bo-  
lívar iniciaron la conformación de la Liga Militar llamada a promo-  
ver la unión y solidaridad entre los oficiales jóvenes, propender al  
desarrollo cultural de los militares, y propiciar el cambio nacional e  
1
1 Jaime Durán Barba Jaime, Estudio Introductorio, Pensamiento Popular Ecuatoriano, Biblioteca  
Básica del Pensamiento Ecuatoriano, Corporación Editora Nacional, Ecuador, 1981, p. 45  
2 José Peralta, Una plumada más sobre el Protocolo Ponce-Castro Oyaguren, Biblioteca Eugenio Es-  
pejo, Cuenca, 1924, p. 1  
1
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Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
institucional para extirpar del seno de la institución y del gobierno  
a elementos desprestigiados y nocivos.  
El 20 de mayo de 1925, dirigidos por el general Francisco  
Gómez de la Torre, se reunieron representantes de diversas unidades  
del Ejército y acordaron doce puntos “(…) que servirán de base al pro-  
13  
grama de la nueva organización administrativa.” Estos se refieren a cen-  
tralizar las rentas y servicios administrativos; nivelar el presupuesto;  
crear el Banco Nacional y suprimir la Ley de Inconvertibilidad; im-  
pulsar la obra pública; generar la educación primaria y limitar la su-  
perior; promulgar leyes para mejoramiento de la clase obrera ‘fuerza  
viva del Estado’; reorganizar el Ejército; revisar las leyes militares,  
de manera especial las referentes al servicio militar obligatorio; dig-  
nificar la raza indígena; gravar con el 25% a la salida de capitales; y,  
creación del impuesto progresivo, fijándose un capital mínimo que  
favorezca al proletariado.14  
El golpe se adelantó en Guayaquil bajo el liderazgo del  
mayor Idelfonso Mendoza, situación que obligó a los oficiales de la  
plaza de Quito a actuar inmediatamente. Así, el 9 de julio, luego de  
asegurarse el respaldo de las unidades militares, el mayor Carlos  
Guerrero, al frente de un grupo de cincuenta soldados, ingresó al Pa-  
lacio Nacional sin recibir resistencia, irrumpió en el salón en que se  
encontraba reunido el mandatario con su gabinete y le comunicó  
que, por decisión del Ejército, cesaba en sus funciones.  
Procedieron, entonces, los oficiales a “(…) nombrar una Junta  
Provisional Militar que, consultando las necesidades de administración,  
orden y organización del país, proceda a designar una Junta de Gobierno  
integrada por todos aquellos que con sus luces y honradez reconocida, pue-  
dan encausar los destinos de la Nación, por los senderos del bienestar y la  
conveniencia general.”15 Fue elegido como presidente de la citada  
Junta, el teniente coronel Luis Telmo Paz y Miño.  
Acto seguido, la Junta cumplió el encargo de nombrar a la  
primera Junta de Gobierno Provisional, compuesta de siete miem-  
1
1
1
3 Revista Ejército Nacional. No. 56, p. 567  
4 Ibidem  
5 Ibidem, p. 578  
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Paco Moncayo Gallegos  
bros: Luis Napoleón Dillon, José Rafael Bustamante, Francisco  
Gómez de la Torre y Moisés Oliva. A ellos se encargó “(…) el mando  
Supremo de la República, invistiéndoles de todas las facultades extraordi-  
16  
narias para la organización del momento actual.” Los tres restantes se  
nombrarían luego de acordar con los oficiales de Guayaquil.  
La respuesta del poderoso sector bancario guayaquileño no  
se hizo esperar. Según el historiador Juan Paz y Miño, citando a Luis  
Napoleón Dillon, cooptaron al comandante Mendoza y crearon  
‘
guardias cívicas’ para defender a ‘Guayaquil Independiente’ contra  
el ‘levantamiento comunista’. El gobierno separó del mando a Men-  
doza y disolvió esas organizaciones que según Dillon, tenían como  
único objeto impedir la creación del Banco Central.  
17  
El 21 de julio, la Junta publicó una proclama en la cual des-  
taca el “vasto programa de reivindicación de los ideales nacionales”,  
contra el “desenfreno de los plutócratas y políticos”. Denunció una:  
(…) tenebrosa conjura contra la marcha de nuestros afanes reconstruc-  
tivos. La plutocracia se estremece de oculto despecho, a la sombra. Los  
Bancos ensayan todas las argucias, anhelantes de restituir su insaciable  
régimen exaccionista. Pretenden seguir corrompiendo ideas y esclavi-  
zando conciencias con el mismo papel que ha causado nuestras des-  
venturas”. Finalizan afirmando: “(...) Es la hora de la prueba suprema,  
de la liberación política, económica y social de las clases populares,  
18  
para enfrentar la reacción del “espíritu plutocrático-burgués.  
La primera Junta fue sustituida en enero de 1926 por una  
nueva, conformada por Isidro Ayora, Humberto Albornoz, Homero  
Viteri Lafronte, Julio Moreno, Adolfo Hidalgo Narváez, José Antonio  
Gómez Gault y Pedro Pablo Egüez Baquerizo. Su período fue muy  
corto, toda vez que el 1 de abril, el Ejército nombró al Dr. Isidro Ayora  
como presidente provisional.  
Al asumir el poder, el presidente provisional se refirió a la  
enorme responsabilidad que asumía, contando con el apoyo y lealtad  
16 Ibidem  
17 Juan José Paz y Miño, La Revolución Juliana, Ejército y Bancocracia, Ed. AbyaYala, Quito, Ecua-  
dor, 1978, p. 60  
8 Revista Ejército Nacional. No. 56, p. 576  
1
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22  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
del Ejército ecuatoriano. Destacó el patriótico anhelo de los militares  
para iniciar una transformación profunda; consideró que la obra es-  
taba apenas iniciada y les solicitó continuar con el apoyo a su go-  
bierno desde el cumplimiento estricto de sus responsabilidades  
profesionales en el marco de la severa disciplina castrense.  
Se debe destacar que en el gobierno del presidente Isidro  
Ayora se promulgó la progresista Constitución de 1929, en la que so-  
bresale, entre otros asuntos, el reconocimiento del derecho al voto  
para las mujeres ecuatorianas, que convirtió al país en el primero en  
América Latina en dar este paso trascendente.  
3. La Década infame  
3.1 Ecuador en los años 30  
La Gran Depresión, la debacle económica más catastrófica  
en el siglo XX, afectó a todo el mundo industrializado y tuvo efectos  
dramáticos en países como Ecuador, exportador de bienes agrícolas  
que perdieron mercados, vieron caer drásticamente los precios de sus  
productos como el cacao, café y arroz, que decrecieron del 100 %, en  
1927, al 49 %, en 1931. Consecuentemente, el déficit en la balanza de  
pagos ascendió de 6.5 millones a 9.6 millones de sucres, entre 1930  
19  
y1931. Como siempre, la carga más pesada recayó sobre los hom-  
bros de los más pobres y la insatisfacción social creció. Hubo levan-  
tamientos indígenas en Quinua Corral y Tanilagua, en 1931; Palmira  
y Pastocalle, en 1932; Mochapata, en 1933; y, Rumipamba, Llacta  
Urco y Salinas, en 1934.20  
En esas condiciones, el eficiente y progresista presidente Isi-  
dro Ayora no pudo terminar su período de gobierno. Nombró mi-  
nistro de Gobierno, encargado de todas las carteras de Estado, al  
coronel Luis Larrea Alba y presentó su renuncia al Congreso. Los  
militares reincidieron en su participación política. Según publica el  
19 Alejandro Moreano, Ecuador Pasado y Presente, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1975,  
p.179  
0 Ibidem, p. 187  
2
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
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Paco Moncayo Gallegos  
diario El Universo: “(…) Primero, la rebelión del B. Chimborazo trajo la  
renuncia de todo el gabinete (...) Larrea Alba asume la presidencia (...) el  
público cree que su presencia significa continuismo del anterior gobierno  
(
…). Los oficiales del Chimborazo fueron sacados en hombros, visitaron la  
21  
Cámara del Senado con el objeto de hacer conocer su actitud.”  
Con apenas tres meses en el poder, Larrea Alba entregó el  
mando al presidente del Senado, el expresidente de la República, Al-  
fredo Baquerizo Moreno. El Universo informó: “Después de un tiroteo,  
con diez muertos y muchos heridos, dimitió Larrea Alba y el Dr. Baquerizo  
asumió el poder (...) Por nueva vez, la Capital ha velado por la Constitución  
(
…) La tropa terminó vivando al Congreso.”22  
3.2. Guerras fratricidas  
El nuevo mandatario convocó a elecciones para octubre de  
931. Triunfó, en esta ocasión, el candidato conservador Neptalí Bo-  
1
nifaz, apoyado por la combativa ‘Compactación Obrera’. El Con-  
greso, dominado por los liberales, lo descalificó argumentando su  
nacionalidad peruana y estalló el conflicto armado que duró entre  
los días 28 de agosto y 1º de septiembre de 1932, razón por la que se  
la conoce como la “Guerra de los Cuatro Días”. El Regimiento de Ar-  
tillería Bolívar, los batallones Constitución y Manabí, y la Policía de  
guarnición en la capital, estaban con los rebeldes; mientras que el  
Regimiento Yaguachi y el Batallón Montúfar, que no plegaron a la  
insurrección, se movilizaron hacia Latacunga, donde se organizó la  
División de Operaciones Sur. En Ibarra, el Regimiento de Artillería  
Calderón con su comandante teniente coronel Luis A. Rivadeneira  
y el Batallón Pichincha, al mando del teniente coronel Miguel Ángel  
Tapia, con el apoyo de la Columna de Voluntarios 31 de Enero, con-  
formaron el Destacamento del Norte. Las unidades leales a Bonifaz,  
al mando del coronel Carlos Salvador organizaron la defensa al sur  
de la ciudad de Quito, en la línea Puengasí–Cima de la Libertad.  
2
2
1 Diario El Universo, 80 Años Haciendo Historia, Guayaquil, 2001, p. 42.  
2 Ibidem. p. 43.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
24  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Luego de que varias alternativas de solución fueron rechaza-  
das por los rebeldes, la lucha se inició el 29 de agosto, con duelos de  
artillería y combates aislados; el 30 de agosto, las fuerzas de la Divi-  
sión del Sur lanzaron el ataque. El Batallón Pichincha, con el apoyo  
del Regimiento de Artillería Calderón, al grito de “Viva la Constitu-  
ción”, conquistó el cerro Itchimbia, defendido por el batallón Ma-  
nabí, elementos de la Policía y civiles de la Compactación Obrera.  
El día siguiente, las fuerzas de la División del Sur pudieron  
ocupar el Palacio de Gobierno y controlar el centro de la ciudad; sin  
embargo, los rebeldes se habían hecho fuertes en la loma de San Juan  
y sostenían el duelo de artillería. Un audaz ataque del batallón Pi-  
chincha puso fin a esa última resistencia y, a las cinco de la tarde, ha-  
bían concluido las hostilidades. A las ocho de la noche, se firmó un  
acuerdo. Los cabecillas fueron dados de baja de las filas del Ejército  
y, posteriormente, se produjo una reorganización completa de las  
Fuerzas Armadas.23  
El doctor Alberto Guerrero Martínez, como presidente del  
Senado, asumió la presidencia y llamó a nuevas elecciones en las que  
triunfó el Partido Liberal, con su candidato, Juan de Dios Martínez  
Mera, ex gerente de la Compañía Agrícola del Litoral, en contra de  
quien volvieron a unirse las fuerzas que respaldaron a Bonifaz, esta  
vez con la participación del doctor José María Velasco Ibarra, un  
joven y fogoso diputado, quien logró inmovilizar al gobierno con  
consecutivas interpelaciones y destituciones de sus ministros, du-  
rante todo el año de 1933.  
En ese ambiente de gran confrontación política, una vez más  
volvieron a enfrentarse las unidades militares a favor de uno y otro  
bando. El 8 de mayo de 1933, se sublevaron el Batallón Carchi, el Re-  
gimiento Sucre y el Batallón Chimborazo, que hacían plaza en la ciu-  
dad de Ambato. El coronel Alberto C. Romero, al mando de los  
batallones Eloy Alfaro, Pichincha, Montúfar y un escuadrón del  
Grupo Yaguachi, con el apoyo de una batería del Regimiento Calde-  
rón y unidades de servicios, constituyó el Ejército del Centro para  
23 Una narración detallada de los hechos puede encontrarse en: Edison Macías, Historia General  
del Ejército Ecuatoriano, tomo IV, Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2007, pp. 189-206  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
25  
Paco Moncayo Gallegos  
combatir a los sublevados. Los batallones Vencedores y Quito, con  
apoyo de la Policía Nacional de Guayaquil, conformaron la División  
del Sur, al mando de los tenientes coroneles Benigno Andrade y Fe-  
derico Gortaire. El 20 de mayo, con el coraje inaudito utilizado para  
matarse entre ecuatorianos, se escenificó la batalla de Tapi, de la que  
salieron triunfantes las tropas del gobierno; sin embargo, acosado  
por las fuerzas parlamentarias dirigidas por Velasco, terminó abrup-  
24  
tamente el gobierno de Martínez Mera.  
.3. Un país a la deriva  
Abelardo Montalvo, quien sucedió a Martínez Mera, con-  
3
vocó a nuevas elecciones de las que resultó triunfante el candidato  
conservador, doctor José María Velasco Ibarra, que apenas pudo go-  
bernar entre el 1º de septiembre de 1934 y el 20 de agosto de 1935,  
cuando ordenó al Batallón Imbabura que promulgara, por bando, el  
decreto ejecutivo mediante el cual se disolvía el Congreso y se con-  
vocaba a una nueva Asamblea Constituyente. La tropa se sublevó al  
grito de: “Viva la Constitución” y el presidente fue apresado y con-  
finado en el cuartel del Regimiento Calderón. Fracasado el intento  
dictatorial, el Congreso reanudó sus sesiones y encargó el poder al  
Ministro de Gobierno, el médico Antonio Pons, quien dimitió ante  
el Ejército que designó presidente al ingeniero, Federico Páez, pre-  
suntamente de izquierda, quien gobernó por cerca de dos años  
(
1935–1937).  
Páez gobernó con mano dura y fue implacable en la repre-  
sión. Con la intención de continuar en el poder, convocó a una Asam-  
blea constituyente que lo eligió como presidente interino y, poste-  
riormente, le otorgó poderes extraordinarios. Conformó un gabinete  
con la presencia mayoritaria de militares. En un ambiente de grave  
confrontación política, el ministro de defensa, general Alberto Enrí-  
quez Gallo asumió como Jefe Supremo el 22 de octubre y disolvió la  
Asamblea. Posteriormente, convocó a una Asamblea Constituyente  
(con representaciones iguales en número de los partidos Conserva-  
24 Ibidem, pp. 211-214  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
26  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
dor, Liberal y Socialista), que designó presidente a Manuel María Bo-  
rrero. Tres meses después, los liberales, terminada la redacción de la  
nueva Carta Constitucional, con el apoyo de los socialistas, designa-  
ron como jefe del Ejecutivo, por un período de cuatro años, a Aurelio  
Mosquera Narváez, exrector de la Universidad Central. Inmedia-  
tamente, el nuevo mandatario desconoció la Constitución, disolvió  
la Asamblea, puso en vigencia la Constitución de 1906, clausuró la  
Universidad Central y desató la represión contra el movimiento  
obrero y los partidos socialista y comunista. Las clases medias vol-  
vieron a la lucha, especialmente, el movimiento estudiantil y el ma-  
gisterio; del mismo modo, se reiniciaron las huelgas de la clase  
obrera con un paro general de trabajadores en Quito y con la huelga  
de trabajadores gráficos en Guayaquil.  
Murió repentinamente el presidente y le sucedió el doctor  
Carlos Alberto Arroyo del Río, en su condición de presidente del Se-  
nado y líder, desde una década atrás, del Partido Liberal. El manda-  
tario convocó a elecciones, entregó el poder al presidente de la  
Cámara de Diputados, Andrés F. Córdova, y se presentó como can-  
didato. Ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Ecuador  
para el período 1940–1944. Durante 20 días estuvo en la presidencia  
el doctor Julio E. Moreno, por renuncia de Córdova.  
4
. Por la pendiente del sacrificio25  
4.1 La invasión peruana  
Mientras el desorden y turbulencia política abatían al país y  
entorpecían su desarrollo, el Perú avanzaba en las regiones en litigio,  
y, sin necesidad de emplear las armas, en 1936 había logrado que  
Ecuador firme un statu quo, conforme a las tesis más ambiciosas de  
las autoridades peruanas. Sin embargo, esta hábil maniobra dejó sin  
delimitar ni demarcar la extensa frontera. En esas circunstancias, las  
fuerzas militares ecuatorianas instalaron dos destacamentos al occi-  
dente del río Zarumilla, en lugares que el gobierno peruano consi-  
25 Título de la obra del presidente Carlos Arroyo del Río  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
27  
Paco Moncayo Gallegos  
deraba su territorio. Ecuador planteó conformar una comisión mixta  
para determinar la realidad en el terreno. En esos mismos días, en la  
frontera amazónica, la guarnición peruana de Chávez Valdivia  
ocupó la desembocadura del río Maise en el río Nangaritza. Como  
la paz entre los dos países estaba a punto de romperse, el 8 de mayo  
de 1941 intervinieron los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados  
Unidos de Norteamérica, ofreciendo sus amistosos oficios para pro-  
mover la “solución equitativa y final del diferendo”. La respuesta  
del Perú fue negativa.  
En estos complejos momentos, el 17 de mayo, el mando mi-  
litar ecuatoriano cometió el error de relevar al teniente coronel Bolí-  
var Gálvez, quien había realizado sus estudios militares en Francia,  
por el teniente coronel Octavio Ochoa, que tuvo poco tiempo y es-  
casos medios para preparar la defensa. Disponía apenas de 1700 efec-  
tivos, con armamentos anticuados y casi sin apoyo logístico.  
En dramático contraste, las fuerzas del Agrupamiento Norte,  
al mando del general Eloy G. Ureta, estaban conformadas por la Pri-  
mera División de Infantería Ligera, con tres batallones de infantería,  
1
grupo de artillería, 1 compañía de ingenieros y 1 sección antiaérea;  
la Octava División de Infantería Ligera, con un batallón de infan-  
tería, el grupo de artillería, una compañía de ingenieros; en el Oriente  
una división de selva y el destacamento Chinchipe, dotado con un  
batallón de infantería; como fuerzas bajo su comando directo, Ureta  
tenía dos regimientos de caballería, un grupo de artillería y un bata-  
llón de tanques. Contaba, también, con una unidad de paracaidistas  
que la usó para tomar Puerto Bolívar, el 31 de julio de 1941. Fue la  
primera vez, en América del Sur, que se utilizaron fuerzas aerotrans-  
portadas.  
La superioridad naval era total. Perú contaba con: el crucero  
Coronel Bolognesi, el destructor Almirante Villar, el Almirante Guise  
y los submarinos R-1, R-2, R-3 y R-4. Los planes de la Armada con-  
sideraban la toma de Guayaquil, luego de haber capturado las islas  
Puná, y Santa Clara y, en una operación de mayor alcance, la ocupa-  
ción de la Península de Santa Elena. En total, entre las fuerzas de tie-  
rra, mar y aire, las unidades invasoras superaban los 30 mil hombres,  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
28  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
26  
desde el inicio de las operaciones. Según informe del coronel Urru-  
tia:  
El 23 de julio, al amanecer, nuestros puestos adelantados fueron ataca-  
dos en todo el frente y el Perú desencadenó la agresión total... El sector  
del Batallón ‘Montecristi’, a órdenes del mayor don Félix Vega Dávila,  
quedó incomunicado, desde el 23, a las 8 de la mañana. Esas tropas se  
portaron heroicas y de propia iniciativa... El bombardeo fue general,  
desde las 9 de la mañana, sin embargo, el mayor Rosero tuvo un pe-  
queño éxito en Hualtaco, pues contraatacó a los peruanos hasta Aguas  
Verdes, donde entró a las 10 de la mañana... A las 5 y 40, las tropas del  
sector Cayambe, de Hualtaco a Quebrada Seca comienzan a replegarse  
en orden.27  
Al fin del día 24 de julio toda el ala derecha del dispositivo  
que cubría desde Hualtaco hasta Carcabón replegó hacia la quebrada  
Bejucal. El teniente coronel Ochoa reorganizó sus fuerzas delante de  
la quebrada Bejucal. Se esperaba desesperadamente relevos o, al  
menos, refuerzos. A las 7 de la noche, informó el comandante Mal-  
donado que los carabineros recientemente llegados se insubordi-  
naron y tuvo que desarmarlos; así mismo, que los guardias  
nacionales que llegaron no sabían ni cargar el fusil. Relata Rafael  
Puente:  
El día 25 de julio comienza el lento repliegue, dando cara al enemigo,  
pero el bombardeo es cada vez más intenso y eficaz; nuestras tropas  
comienzan a flaquear. La situación es ya desesperada, el día entero el  
bombardeo peruano golpea a nuestras tropas que se esconden en la  
selva y resisten débilmente. A las 8 de la noche se sublevan los carabi-  
neros del Guayas en la línea, les secunda una parte del Batallón Carchi.  
El comandante de Zona, coronel Rodríguez, personalmente se impone  
y los detiene en parte; más, el día 26 por la mañana se inicia el des-  
bande.2  
8
26 Paco Moncayo Gallegos Paco, ob. cit., p.329-330  
27 Rafael Puente, La Mala Fe Peruana y los Responsables del Desastre de Zarumilla, Ed. Luis Suárez,  
Quito, 1961, p. 200  
8 Ibidem, p. 203  
2
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
29  
Paco Moncayo Gallegos  
En la provincia de Loja, el mismo día 26, lanzó el ejército pe-  
ruano un ataque sobre Macará y ocupó la hacienda Limón. Esa  
noche, logró arribar a Puerto Bolívar un convoy escoltado por el Ca-  
ñonero Calderón con material bélico y otros abastecimientos que lle-  
garon extemporáneamente.  
A eso de la media noche, llegó al puesto de mando del coro-  
nel Rodríguez, el coronel Cristóbal Espinoza, jefe de Estado Mayor,  
para disponer, a nombre del mando militar y del gobierno, el cese  
de hostilidades que se había logrado gracias a la intervención de los  
países mediadores. La noticia permitió que los mandos puedan res-  
tablecer el orden; pero nada de esto era cierto. Los días 29 y 30, el  
Ejército peruano progresó, sin enfrentar resistencias importantes,  
mientras que su aviación bombardeaba las ciudades indefensas y las  
vías de comunicaciones. El 31, sin enemigo que enfrentar, ocuparon  
la casi totalidad de la provincia de El Oro.  
Los combates siguieron en agosto. Para el 11, todas las guar-  
niciones ecuatorianas en la Amazonía fueron atacadas. En El Oro,  
por su parte, las diezmadas fuerzas ecuatorianas continuaron su re-  
pliegue, logrando romper contacto con el enemigo. El 11 de septiem-  
bre, conforme al relato del teniente coronel Ochoa, se produjo la  
exitosa emboscada de Cune. Sobre la orilla del río de ese nombre se  
había organizado una línea de seguridad del Batallón Jaramijó, apo-  
yado por una fracción del batallón Montúfar, que logró diezmar a  
una unidad peruana.  
Del mismo modo, un pelotón de caballería peruana había  
ocupado la hacienda Panupali. El 11 de septiembre, el capitán Oliva,  
el teniente Leonidas Plaza y el subteniente Zurita atacaron con sus  
escasas tropas a las 11 de la mañana; llegaron refuerzos peruanos y  
la aviación ametralló a las fuerzas ecuatorianas, pero estas resistieron  
y obligaron el repliegue de los peruanos que sufrieron fuertes bajas.  
Asegurada la prenda territorial y presionados por los observadores  
militares de los países mediadores, el 2 de octubre de 1941, el Perú  
aceptó la firma del “Acuerdo de Talara”, mediante el cual se deter-  
minó la zona a desmilitarizarse.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
30  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
4.2 El Protocolo de Río de Janeiro  
La derrota militar dio paso a la diplomática. El tema del con-  
flicto ecuatoriano - peruano no fue tratado en la conferencia convo-  
cada para abordar sobre el ataque japonés a la base naval  
norteamericana de Pearl Harbor; se negoció en cuarto aparte, y sin  
ninguna consideración para los derrotados. En un momento dramá-  
tico de la discusión, los mediadores amenazaron con dar por termi-  
nada su participación; ante esta advertencia, la delegación consultó  
al gobierno y éste, con opiniones favorables de la Junta Consultiva  
y de la Junta Patriótica, autorizó, la noche del 20 de enero, la nego-  
ciación definitiva. Resuenan aún las admoniciones terribles del can-  
ciller Aranha:  
¿Qué actos de posesión han hecho ustedes durante cien años en los te-  
rritorios que reclaman...? ¿Dónde están los caminos que han abierto,  
las ciudades importantes como Iquitos que han formado? Si no aceptan  
esta línea, la Mediación se retira dejando manos libres al Perú, y en-  
tonces Guayaquil será tomada dentro de 5 días”. “¿No tienen una es-  
pada quien les defienda?... Entonces tienen que aceptar la situación del  
29  
país vencido y darse por satisfechos con la línea que se les ofrece...  
Relata el doctor Tobar Donoso:  
El señor Aranha –Canciller del Brasil- después de detenidas conside-  
raciones acerca de los sucesos de Julio, de la marcha lenta de la media-  
ción y de la actitud intransigente del Perú, manifestó que el Ecuador  
debía hacer cualquier sacrificio, a trueque de definir definitivamente  
el problema... Esta es una oportunidad única, tal vez la última, que a  
ustedes se les presenta para solucionar pacíficamente el problema. Un  
país no puede vivir sin fronteras y le es preferible ser más pequeño,  
pero saber a ciencia cierta lo que le pertenece. El tiempo ha sido el peor  
enemigo de ustedes y, si ahora no concluyen el litigio, la situación de  
ustedes seguirá empeorando.30  
29 Rafael Puente, ob. cit. p. 195  
30 Julio Tobar Donoso, Derecho Territorial Ecuatoriano, Ministerio de RR.EE., Ecuador, 1982, p.368  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
31  
Paco Moncayo Gallegos  
Finalmente, se firmó, a las dos de la mañana del 29 de enero  
de 1942, el Tratado denominado “Protocolo de Río de Janeiro”.  
Para ejecutar lo establecido en este protocolo, el 2 de junio  
de 1942, se conformó la Comisión Mixta Demarcatoria de Límites.  
Los problemas de la zona noroccidental fueron solucionados me-  
diante la denominada Fórmula Aranha, entregada a los dos países,  
el 17 de mayo de 1944; mientras que, los desacuerdos en la Región  
Oriental, fueron sometidos al arbitraje de Braz Días de Aguiar. El 14  
de julio de 1945, el canciller Oswaldo Aranha entregó el laudo pre-  
parado por el mencionado oficial brasileño, en la ciudad de Río de  
Janeiro.  
En razón de la complicada geografía de la Cordillera del  
Cóndor, los problemas que se presentaron en la demarcación fueron  
los más difíciles de solucionar. Para determinar con claridad el tra-  
zado del límite en el divisor de aguas entre los ríos Zamora y San-  
tiago, fue necesario solicitar al gobierno de los Estados Unidos de  
América que disponga a sus organismos técnicos la toma de la foto-  
grafía aérea del sector. El pedido fue aceptado y los resultados se en-  
tregaron el 27 de febrero de 1947.  
En conocimiento de los mapas aéreo fotogramétricos y de la  
evidencia sobre la existencia de varios divisores de aguas, la Canci-  
llería recomendó a Carlos Julio Arosemena Tola, presidente interino,  
proponer la inejecutabilidad parcial del tratado. El 1° de septiembre  
de 1948, una vez posicionado como presidente, Galo Plaza Lasso, e  
informado sobre el tema, ordenó suspender la colocación de los hitos  
y proponer la creación de una Comisión Mixta Especial para analizar  
la situación. El Perú rechazó la decisión ecuatoriana y movilizó sus  
fuerzas hacia la frontera, pero el resultado fue que cincuenta kilóme-  
tros de frontera quedaron sin demarcar.  
5
. Guerra Fría y dictaduras militares  
.1 La Guerra Fría  
5
A partir de 1947, los dos grandes bloques vencedores de la  
Segunda Guerra Mundial se confrontaron en una lucha ideológica,  
económica, psicosocial y limitada en el campo militar, que se conoce  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
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Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
como Guerra Fría. Europa quedó dividida entre la zona de influencia  
de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética; en China triunfó la  
Revolución Comunista liderada por Mao Tse-tung; en Latinoamérica  
proliferaron movimientos subversivos y, en 1959, triunfó la Revolu-  
ción Cubana.  
El Ecuador había disfrutado, durante ese mismo período, de  
un relativo crecimiento económico que le permitió una transitoria  
estabilidad política. Galo Plaza, Ponce Enríquez y el propio Velasco  
Ibarra terminaron sus respectivos períodos de gobierno; sin em-  
bargo, el debilitamiento del sector agro exportador generó, como de  
costumbre, nuevos episodios de inestabilidad política. Así lo reco-  
noce Agustín Cueva, cuando asegura que el derrocamiento de Ve-  
lasco Ibarra, en 1961, “tuvo sus raíces más profundas en el declive de la  
economía ‘bananera’ que había sostenido un importante proceso de desarro-  
31  
llo del capitalismo ecuatoriano, en el modelo primario exportador.” La cri-  
sis provocó la protesta de los trabajadores, estudiantes e intelectuales  
de izquierda. Un levantamiento efectuado en Guayaquil, fue dura-  
mente reprimido, el año 1959, en el gobierno del doctor Camilo  
Ponce Enríquez.  
El 1 de septiembre de 1960, el doctor José María Velasco Iba-  
rra, asumió por cuarta vez la Presidencia. En esta ocasión, proclamó  
la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro. “Los Tratados que son cele-  
brados con el cañón en el pecho de los contratantes son nulos, de acuerdo  
32  
con las normas panamericanas”, dijo en su mensaje ante el Congreso  
Nacional; el 29 de septiembre, el canciller José Ricardo Chiriboga Vi-  
llagómez presentó, ante la Asamblea de las Naciones Unidas la  
nueva tesis ecuatoriana. En respuesta, los gobiernos de los Países  
Garantes declararon: “Es un principio básico del Derecho Internacional  
que la voluntad unilateral de una de las partes no basta para invalidar tra-  
33  
tados de límites, ni para liberarla de las obligaciones que él impone.” Pos-  
teriormente, el 3 de agosto, en Río de Janeiro, los presidentes del  
Brasil y Perú proclamaron la intangibilidad de los tratados.  
3
1 Agustín Cueva, Ecuador en su Nueva Encrucijada Histórica, Cuadernos Políticos, número 27,  
México, D.F., Ediciones Era, abril-junio de 1979, pp. 49-54.  
2 Jorge Villacrés Moscoso, Ecuador, Historia Diplomática, Tomo IV, p. 21.  
3 Ibidem, p. 22.  
3
3
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
33  
Paco Moncayo Gallegos  
Una nueva confrontación con el Congreso provocó la desti-  
tución del Presidente y el advenimiento al poder del doctor Carlos  
Julio Arosemena, apoyado por un sector de las Fuerzas Armadas. Su  
gobierno, de corte progresista y nacionalista, generó la reacción de  
las autoridades norteamericanas. Lo mismo sucedió con los grupos  
de poder económico del país que, justificándose en conductas poco  
decorosas en la vida particular y pública del presidente, provocaron  
el golpe de Estado de 1963, para derrocarlo.  
5.2 La Junta Militar de Gobierno  
Una Junta Militar asumió el gobierno, el 11 de julio de 1963.  
Estuvo conformada por el capitán de navío Ramón Castro Jijón; los  
coroneles del Ejército Luis Cabrera Sevilla y Marcos Gándara Enrí-  
quez; y, el teniente coronel Guillermo Freile Posso, de la Fuerza  
Aérea. Al iniciar sus funciones aseguraron que su permanencia en  
el poder no superaría los dos años y que en ellos, impulsarían un  
firme proceso de desarrollo económico y social para sentar las bases  
de una futura y sostenida prosperidad.  
La Junta Militar aprobó el “Plan General de Desarrollo  
Económico y Social 1963–73”, elaborado por la Junta Nacional de  
Planificación y Coordinación Económica. Inició el proyecto de mane-  
jo de la Cuenca del Río Guayas; impulsó la reactivación de la explo-  
ración petrolera en la Región Amazónica; inició un proceso de  
sustitución de importaciones, apoyando financieramente al sector  
industrial, y adoptando medidas de protección arancelarias que fue-  
ron duramente resistidas por el poderoso sector comercial. En el  
campo social, expidió la Ley Agraria, poniendo fin al execrable sis-  
tema del “huasipungo”; creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma  
Agraria (IERAC), que entregó escrituras de 45 mil hectáreas a 14.008  
familias campesinas.  
La resistencia a la Junta se originó, tanto por parte de los sec-  
tores económicos y partidos tradicionales como de grupos de estu-  
diantes de nivel secundario y superior, que militaban en movimien  
tos de la izquierda revolucionaria. La torpe represión, la toma de los  
predios de la Universidad Central por las fuerzas especiales del Ejér-  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
34  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
cito y el retiro del apoyo de los sectores económicos tradicionales,  
obligaron a la entrega del poder a Clemente Yerovi Indaburu, desig-  
nado por las “Juntas Constitucionalistas”, el 30 de marzo de 1966,  
como presidente interino. A Yerovi le sucedió Otto Arosemena  
(
1966–1968). Agustín Cueva, sobre su política petrolera, opina que  
se había entregado al capital foráneo un tercio del territorio nacional,  
a precios irrisorios.  
Nuevamente triunfó en las elecciones Velasco Ibarra, para el  
período 1968–1972. En política internacional, poco después de posi-  
cionarse de la presidencia, declaró: “Hay que cambiar el planteamiento  
sobre el problema limítrofe. Tenemos que llegar a una transacción honrosa  
con el Perú y lograr que el Ecuador tenga un puerto sobre el río Ama-  
34  
zonas.” Además, calificó de libresca, teórica e irreal la tesis de la nu-  
lidad que el mismo había proclamado en 1960.  
Nuevamente, una oposición beligerante del Congreso y el  
acoso de estudiantes, gremios y cámaras de la producción, provo-  
caron su equivocada decisión de proclamarse dictador y crearon las  
condiciones para el advenimiento de una nueva dictadura militar.  
5.3 Gobierno Nacionalista y Revolucionario  
El 15 de febrero de 1972, Velasco fue expulsado del poder, y  
el general Guillermo Rodríguez Lara asumió la presidencia, como  
fruto de una decisión institucional, para poner en práctica un pro-  
grama nacionalista y modernizador, que proponía modificar la vin-  
culación internacional y las relaciones internas de poder.  
En el documento titulado, “Filosofía y Plan de Acción del  
Gobierno Nacionalista y Revolucionario”, las Fuerzas Armadas de-  
nunciaron la crisis que soportaba la nación ecuatoriana como resul-  
tado de la dependencia externa, el modelo económico interno y la  
discriminación social. Proponían aprovechar la coyuntura histórica  
de la próxima explotación petrolera para, mediante una intervención  
directa del Estado en la actividad económica y en la toma de deci-  
siones estratégicas, impulsar un proceso de desarrollo integral.  
34 Ibidem, p.87  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
35  
Paco Moncayo Gallegos  
En lo esencial, el Plan Integral de Transformación y Desarro-  
llo 1973–1977, planteaba como objetivos: mejorar las condiciones de  
vida de las clases pobres, vigorizar el aparato productivo, transferir  
al sector público las áreas estratégicas de la economía, además de re-  
formas agraria, tributaria y de la administración pública. La reforma  
agraria debía permitir la eliminación de la pobreza rural, eliminar  
formas precarias de producción, crear demanda para la producción  
industrial y nuevas formas comunitarias de propiedad, así como, la  
formación de organizaciones de base en el medio rural.  
En el marco de esa visión política, el gobierno nacionalizó la  
explotación petrolera, pasando a controlar la exploración, produc-  
ción y mercadeo del petróleo, lo cual permitió al sector público dis-  
poner, por primera vez, de recursos para redistribuir la renta social  
y territorialmente. Además, Ecuador ingresó a la Organización de  
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y apoyó al nacimiento de la  
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).  
Con la participación del Estado, se fortaleció un amplio sec-  
tor de la economía que abarcaba el refinamiento de petróleo, electri-  
cidad, transporte, pesca, acería, petroquímica, cemento, astilleros,  
madera, papel, frigoríficos, plantas pasteurizadoras, tractores agrí-  
colas, entre otros ámbitos.  
Sin embargo, como relata Agustín Cueva, el gobierno de Ro-  
dríguez Lara fue objeto de un triple acoso: del poder económico tra-  
dicional, la Texaco Gulf y la misma burguesía industrial, beneficiada  
principal del modelo de sustitución de importaciones. El 31 de  
agosto de 1975, en convivencia con políticos agrupados en un  
“
Frente Cívico”, el general Raúl González Alvear y otros militares  
intentaron un golpe armado que fue derrotado por fuerzas leales al  
gobierno, pero este quedó debilitado a punto que, cuatro meses des-  
pués, el 11 de enero de 1976, los comandantes de las tres Fuerzas de-  
cidieron reemplazarle, comprometiéndose a una entrega ordenada  
del poder. Para este fin, el 15 de enero de 1978, se realizó el referén-  
dum para que el pueblo elija entre una nueva Constitución y la del  
año 1945, reformada. Triunfó la primera opción. En el proceso elec-  
toral, organizado por el Consejo de Gobierno, con amplia participa-  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
36  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
ción de la mayoría de sectores políticos, triunfó Jaime Roldós Agui-  
lera de la Concentración de Fuerzas Populares, partido del caudillo  
Asaad Bucaram.  
En este gobierno militar, se sembró de muchas formas la ri-  
queza petrolera y mejoró la vida de los ecuatorianos. A partir de  
1972, el presupuesto nacional pasó de 5 mil millones de sucres a 27  
mil millones; la reserva monetaria de 600 millones a más de 15 000  
millones; el producto nacional bruto de 47 000 millones a 190 000 mi-  
llones; las exportaciones de 300 millones de dólares a 1.500 millones  
35  
y el ingreso per cápita de 200 dólares a 1000 dólares.  
En cuanto a la política territorial, fueron años de tranquilidad  
apenas alterada por incidentes producidos en la zona no demarcada  
de la frontera, cuando el 17 de enero de 1978 chocaron patrullas ecua-  
torianas y peruanas. Los gobiernos militares de ambos países llega-  
ron rápidamente a un acuerdo negociado por los jefes de los estados  
mayores de los ejércitos, generales Raúl Cabrera Sevilla y Pedro Rit-  
cher Prada. Se especuló que, la cercanía del centenario de la Guerra  
del Pacífico, aconsejaba al Perú mantener tranquila su frontera norte.  
6. Conflictos de fronteras con el Perú  
6.1 El conflicto armado de 1981  
El Ecuador recuperó, sin grandes traumas, su democracia.  
El presidente Jaime Roldós Aguilera convocó a sus pares andinos y  
latinoamericanos a la Cita de Riobamba con una agenda sobre la de-  
fensa de los gobiernos democráticos y la solución pacífica de los con-  
flictos entre los Estados, incluida la disminución de gastos en  
armamentos. El 11 de septiembre de 1980, se acordó promover la so-  
lución de las controversias existentes o que pudieran presentarse  
entre los países miembros del Grupo Andino o entre éstos y terceros,  
mediante los procedimientos pacíficos previstos en el Derecho Inter-  
nacional; semanas más tarde, el 18 de diciembre, en Colombia, con  
ocasión del evento organizado por el aniversario del fallecimiento  
35 Paco Moncayo Gallegos, ob. cit., p.363  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
37  
Paco Moncayo Gallegos  
del Libertador Simón Bolívar, se suscribió la Declaración de Santa  
Martha en la que, entre otros aspectos, se reiteró el compromiso de  
la no intervención, el respeto a los tratados válidamente celebrados,  
la solución pacífica de las controversias, y el respeto a la integridad  
territorial y soberanía de los Estados.  
Contrariando los compromisos adquiridos en todas estas  
reuniones, apenas transcurrido un mes de la suscripción de la De-  
claración de Santa Martha, sin accionar los mecanismos diplomá-  
ticos, Perú inició la ofensiva militar contra los destacamentos  
ecuatorianos de Paquisha, Mayaycu y Machinaza. La justificación  
del mando militar: la misión constitucional de las Fuerzas Armadas  
de defender la soberanía territorial peruana. Cuando el presidente  
ecuatoriano llamó a su similar del Perú para reclamarle por los ata-  
ques, éste desconocía sobre lo que ocurría en la frontera.  
Luis Fernando Emediato, periodista del matutino brasileño O  
Estado de Sao Paulo, informó desde el Perú que el comandante general  
del Ejército, general Rafael Hoyos Rubio ordenó, el 28 de enero, el ata-  
que al Ecuador, sin consultar al presidente Belaúnde Terry, ni al mi-  
nistro de gobierno, Manuel Ulloa Elías. Al presidente Belaunde no le  
quedó otra posición que asumir el mando de la guerra.  
La Cancillería, enfrentada a tan grave problema, reaccionó  
de manera muy profesional y oportuna. El representante ecuatoriano  
Raúl Falconí solicitó la urgente reunión del Consejo Permanente de  
la OEAy denunció los reiterados ataques contra los puestos militares  
de la cordillera de El Cóndor, realizados a partir del 22 de enero. El  
embajador peruano replicó: “Se están creando elementos de alarma  
que no contribuyen en nada a la armonía y la paz.” Dijo también:  
“
Perú jamás ha sido un país agresor, jamás ha obtenido nada por el uso de  
36  
la fuerza.”  
El Consejo Permanente sugirió a los dos gobiernos aceptar  
la conformación de una Comisión de Investigación que contribuya  
a aclarar las denuncias de agresiones armadas y exhortó que “se re-  
alicen los mayores esfuerzos tendientes a solventar de manera amigable y  
36 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Acta de la sesión, Números  
448-461, 1981, p.7  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
38  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
37  
pacífica la situación” ; el embajador Falconí pidió que, de acuerdo a  
los artículos 59 y 63 de la Carta de la OEA, se convoque de manera  
urgente a los Ministros de Relaciones Exteriores a Reunión de Con-  
sulta; el Consejo aceptó la solicitud, fijando la fecha para el 2 de fe-  
brero. El Perú rechazó la convocatoria y pidió que se la limite a los  
cancilleres de los Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro.  
El 30 de enero, las fuerzas peruanas emplearon nuevamente  
aviones supersónicos Mirage, helicópteros artillados y tropas heli-  
transportadas sobre Paquisha. Según declaración del general Luis  
Arias Graziani a la prensa: “La Fuerza Aérea Peruana realizó entre el 28  
y 31 de enero sesenta y seis operaciones de sombrilla aérea, veinte y cuatro  
misiones de bombardeo y ametrallamiento de los puestos ocupados, y ciento  
siete misiones de combate, con un total de setecientas cuarenta horas de  
38  
vuelo desde el inicio de la movilización de las tropas el lunes 25.”  
El 1 de febrero, el Perú anunció el cese de fuego, lo que no  
obstó para que sigan operando contra el puesto de Machinaza, que  
fue bombardeado por aviones de combate y helicópteros artillados.  
En ese operativo, un helicóptero fue alcanzado por disparos de  
armas de pequeño calibre, de los defensores ecuatorianos y se preci-  
pitó a tierra. Como resultado murió el teniente Julio Ponce Antúnez  
de Mayolo y quedaron heridos de gravedad tres oficiales y ocho  
miembros de la tropa.  
Al día siguiente de estos acontecimientos, el 2 de febrero se  
produjo la XIX Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, que  
luego de largas deliberaciones, el día 4 aprobó por consenso una de-  
claración que, entre otros asuntos, proclamaba su beneplácito por el  
anuncio de los dos gobiernos sobre el cese del fuego y exhortaba a  
ambos países a desmovilizar, desconcentrar sus fuerzas y desmontar  
sus operativos militares a la brevedad posible; destacaba también el  
compromiso solemne de las dos partes de restablecer y consolidar  
la paz, absteniéndose de todo acto que pudiese perturbarla. También,  
los dos países aceptaron la visita de la comisión compuesta por re-  
presentantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos”, sin hacer  
37 Ibid. p.71  
38 Edison Macías Núñez, Historia General del Ejército Ecuatoriano, Tomo VI, Centro de Estudios  
Históricos del Ejército, Quito 2007, p. 175  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
39  
Paco Moncayo Gallegos  
ninguna referencia a su condición de países garantes; sin embargo,  
éstos se apresuraron a asegurar que nada de lo aprobado podía afec-  
tar sus responsabilidades como garantes.  
De parte del Ecuador, recién el 4 de febrero se reforzó el dis-  
positivo en la cordillera, con una compañía de Infantería de Marina  
y el 5 se creó el Agrupamiento Cóndor, al mando del teniente coronel  
Carlomagno Andrade. Relevó al teniente coronel Miguel Zaldum-  
bide que había enfrentado la primera parte del conflicto frente al Co-  
mando de la Zona de Operaciones. Violando, nuevamente, los  
compromisos solemnemente adquiridos, el 21 de febrero se realizó  
un nuevo ataque, esta vez al destacamento de Machinaza. En la  
noche, el gobierno peruano emitió un ultimátum amenazando atacar  
territorio ecuatoriano, a menos de que cesen las “infiltraciones” que  
serían consideradas “como hechos de guerra”. Actuaron entonces  
los países garantes y el 26 de febrero, en Brasilia, se anunció la sus-  
pensión de las operaciones desde ese medio día.  
Las conversaciones de paz se realizaron en las poblaciones  
fronterizas de Huaquillas, Aguas Verdes y Tumbes. La delegación  
ecuatoriana estuvo presidida por el vicealmirante Raúl Sorroza Enca-  
lada e integrada por asesores diplomáticos y militares; la delegación  
peruana estaba encabezada por el vicealmirante Jorge Du Boís Ger-  
vasi. En calidad de observadores y facilitadores, asistieron represen-  
tantes militares de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Las  
negociaciones no sirvieron para llegar a acuerdos, pero como Ecuador  
aceptó retirar sus fuerzas al occidente de la línea de cumbre de la Cor-  
dillera de El Cóndor, se aseguró una frágil paz armada.  
6.2 El conflicto en el sector Cuzumasa–Bumbuiza  
Luego del fallecimiento del abogado Jaime Roldós Aguilera  
en un lamentable accidente aéreo, asumió la presidencia el doctor  
Oswaldo Hurtado que planteó como tesis territorial, “ponerle piel  
al país”. Le reemplazó en el poder el ingeniero León Febres Cordero  
que cambió la política exterior planteando la tesis de “mantener la  
herida abierta, pero sin infectarla”. De la gestión de la Cancillería,  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
40  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
en esos cuatro años, quedó como saldo la firma de las Cartas Rever-  
sales para reactivar los proyectos de las cuencas hidrográficas bina-  
cionales Puyango–Túmbes y Catamayo–Chira, suspendidos después  
del conflicto de 1981. Mientras así obraba la diplomacia ecuatoriana,  
el Perú inició la construcción del puesto de vigilancia Pachacutec, en  
el sector del contrafuerte Cusumaza–Bumbuiza y del río Santiago.  
El 10 de agosto de 1988, asumió la presidencia Rodrigo Borja  
y presentó una propuesta al Perú para solucionar el diferendo y evi-  
tar conflictos que conspiraban “… contra las posibilidades de desarrollo  
económico y social de los países.”39  
Los Presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y  
el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, reunidos en Carta-  
gena de Indias durante los días 25 y 26 de mayo de 1989, con ocasión  
del Vigésimo Aniversario del Acuerdo de Cartagena, manifestaron  
que: Siendo la paz y la seguridad indispensables para el desarrollo  
integral, el bienestar de sus pueblos y la armónica participación de  
la subregión en América Latina y en el mundo, decidimos enco-  
mendar a las Cancillerías el estudio de un Pacto que, siendo plena-  
mente compatible con los instrumentos internacionales que vinculan  
a los Estados de la subregión, reafirme el compromiso de no recurrir  
a la amenaza o al uso de la fuerza ni a género alguno de coacción  
que pudiera afectar su integridad territorial, independencia o volun-  
tad política; reitere su adhesión a la solución pacífica de controver-  
sias entre los países andinos y promueva políticas que profundicen  
la relación amistosa y pacífica de sus pueblos, fomenten la confianza  
40  
en todos los órdenes de su relación y eviten tensiones fronterizas”.  
En diciembre del mismo año, se realizó la Cumbre Andina  
de Galápagos y se firmó el Compromiso Andino de Paz, Seguridad  
y Cooperación, en el cual los mandatarios se comprometieron a:  
(…) afianzar la paz y la cooperación en la Subregión y observar en sus  
relaciones los principios de la proscripción del uso o de la amenaza del  
uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, el respeto a la  
39 Discurso de orden en la posesión presidencial  
40 Comunidad Andina, documentos de las Reuniones del consejo Presidencial Andino, 1989-  
2002. Reunión de Cartagena de Indias, Manifiesto. 26 de mayo de 1989  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
41  
Paco Moncayo Gallegos  
soberanía nacional y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de  
los instrumentos jurídicos internacionales, así como de abstenerse de  
acciones contra la integridad territorial, la independencia política o la  
unidad de cualquiera de los Estados.41  
Posteriormente, en mayo de 1990, los mandatarios se reu-  
nieron en Machu Picchu. En esta ocasión, expresaron su satisfacción  
por los acuerdos alcanzados para constituir las comisiones de vecin-  
dad entre Bolivia y Perú y entre Ecuador y Perú. El presidente Borja  
se refirió a la necesidad de crear un clima de distensión que a futuro  
permita conversar sobre los asuntos bilaterales respecto de los cuales  
existen opiniones y posiciones contrapuestas. En la declaración insis-  
tieron los presidentes en reiterar “su compromiso de paz, seguridad  
y cooperación expresado en la Declaración de Galápagos y su vo-  
luntad de propiciar un clima de confianza y solidaridad que facilite  
entendimientos en todos los ámbitos que afectan al proceso de inte-  
gración, la remoción de los obstáculos que la perjudican y la reorien-  
42  
tación de recursos a las urgentes tareas del desarrollo”.  
En ese marco de compromisos, sucedió el problema de la ins-  
talación del puesto de vigilancia denominado Pachacutec, unos 500  
metros dentro de territorio no demarcado. Los mandos militares  
ecuatorianos informaron de la novedad. El gobierno solicitó el retiro  
de esas instalaciones, pero las autoridades peruanas replicaron que  
era el destacamento militar Teniente Hugo Ortiz el que estaba ubi-  
cado en territorio peruano, por lo que demandaron su inmediato re-  
tiro.  
Para evitar el agravamiento del conflicto, el 24 de agosto de  
991, los cancilleres Diego Cordovez y Carlos Torres Lara, arribaron  
1
a un “Acuerdo de Distensión”, que incluía la separación simultánea  
de las fuerzas a dos kilómetros de la línea de contacto, la reparación  
del hito Bumbuiza–Cusumaza, el desplazamiento del puesto de  
vi.gilancia Pachacútec hacia el puesto de vigilancia Chiqueiza o a  
otro lugar equivalente; y considerar la posibilidad de establecer una  
4
1 Ibidem, Declaración de Galápagos: Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación,  
8 de diciembre de 1989.  
2 Ibidem, Acta de Machu Picchu, 23 de mayo 1990.  
1
4
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
42  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
zona de seguridad en el área. Ninguno de los compromisos cumplie-  
ron los militares peruanos. El 24 de septiembre, el presidente Fuji-  
mori, en una ceremonia militar, afirmó que: “...no habrá retroceso de  
ninguna especie”, y que las relaciones con el Ecuador se basan en la  
ley y se enmarcan estrictamente en el Protocolo de Río de Janeiro.  
Fue en esas difíciles circunstancias que, el 30 de septiembre  
de 1991, a un año de terminar su mandato, el presidente Rodrigo  
Borja propuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el  
arbitraje papal, como mecanismo para resolver, de forma definitiva,  
el conflicto territorial.  
6.3 La victoria decisiva abre el camino para la paz  
A fines de 1994, se iniciaron los primeros incidentes. El 4 de  
septiembre, fue localizada y detenida una patrulla peruana a corta  
distancia del destacamento ecuatoriano denominado Coangos. A  
partir de entonces, se intensificó la presencia de patrullajes peruanos  
en la zona. Para evitar el agravamiento de la situación y en cumpli-  
miento de la ‘Cartilla de Procedimientos’, acordada por los dos paí-  
ses, el 12 de diciembre, a la una de la tarde, se reunieron, en Base Sur,  
el teniente coronel César Aguirre, Comandante del Batallón de Selva  
No. 63 Gualaquiza y el teniente coronel Manuel Lazarte, Coman-  
dante del Batallón de Infantería de Selva No.25 Callao. El militar pe-  
ruano exigió el retiro inmediato de las bases militares ecuatorianas,  
argumentando que se encontraban en territorio peruano. Amenazó  
que, de no hacerlo, los expulsarían utilizando la fuerza de sus armas.  
Frente a esta amenaza, el comandante de la Fuerza Terrestre dispuso  
al coronel José Grijalva Comandante de la Brigada Cóndor tomar  
contacto con su par peruano, general Vladimiro López Trigoso, y  
proponerle evitar los enfrentamientos, dejando la solución del pro-  
blema a las autoridades políticas y diplomáticas. La reunión tuvo  
lugar el día 12 de enero, en el destacamento peruano de Cahuide y  
los dos comandantes acordaron solicitar a sus gobiernos que arbitren  
las medidas más convenientes. En contra de lo acordado, las infor-  
maciones de inteligencia militar referían disposiciones del mando  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
43  
Paco Moncayo Gallegos  
peruano de movilizar fuerzas de las tres ramas hacia la frontera con  
Ecuador. El coronel José Grijalva solicitó una nueva reunión, pero  
solamente le aceptaron un enlace radial en el que el general López  
expresó que: “Él, ni el Ejército peruano, ni su pueblo, aceptan ningún  
43  
statu quo, ni tampoco condiciones para poder patrullar en su territorio”.  
Inmediatamente, iniciaron la construcción de un puesto de  
vigilancia en las nacientes del Río Cenepa, en la que se izaron la  
bandera nacional del Perú. En cumplimiento de los planes en vigen-  
cia y en conocimiento y aprobación del gobierno, fuerzas ecuatoria-  
nas desalojaron al personal peruano. El Presidente de la República,  
en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pro-  
clamó la consigna: “Ni un paso atrás”. En la noche, el presidente  
decretó el Estado de Emergencia y la Movilización Nacional. Ese  
mismo día, los Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro de-  
ploraron el agravamiento de las tensiones y convocaron a una  
pronta cesación de actividades militares y no militares que puedan  
ser interpretadas como amenaza o provocación. Se ofrecieron, ade-  
más, a conformar, de inmediato, una misión destinada a cooperar  
con representantes del Ecuador y del Perú para la superación de la  
situación.  
También, el Secretario General de la Organización de los Es-  
tados Americanos, ofreció sus buenos oficios, pero los garantes no  
estaban dispuestos a perder la iniciativa como en 1981 e invitaron  
los dos gobiernos a un encuentro que se realizaría el 31 de enero “…  
44  
en el contexto jurídico del Protocolo de Río de Janeiro de 1942”.  
El 8 de febrero en la noche, el comandante general del Ejér-  
cito y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pe-  
ruanas, general Nicolás de Bari Hermosa, emitió declaraciones al  
canal 2 de televisión de Lima, afirmando que sus tropas estaban “a  
punto de conquistar Tiwinza”.45  
43 Paco Moncayo Gallegos, Cenepa. Antecedentes, el conflicto y la paz, Corporación Editora Na-  
cional, Quito, 2011, p. 120.  
4
4 El mayor logro de la Diplomacia ecuatoriana en 1981 fue que se debata el problema territorial  
fuera del contexto del Protocolo de Río de Janeiro y no se reconozca a los países garantes  
otra condición que la de “Países Amigos”.  
45 Fernández de Córdova Marcelo, El Tratado de Itamarary, Quito, 1998, p. 167.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
44  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
El 10 de febrero, fue una fecha decisiva para el desarrollo de  
las operaciones y la más importante en la vida institucional de la  
Fuerza Aérea Ecuatoriana. La inteligencia aérea y los mandos co-  
menzaron a observar los procedimientos utilizados por los aviones  
peruanos y sus rutinas, hasta que pudieron detectar una misión y  
vieron la oportunidad de interceptarla. El comandante del Teatro de  
Operaciones Aéreo, dispuso el empleo de los aviones que lograron  
salir victoriosos en la primera batalla aérea de la historia de Latinoa-  
mérica. Este triunfo tuvo efectos positivos en el devenir del conflicto.  
Por una parte, cesaron los bombardeos impunes a las posiciones  
ecuatorianas, lo cual alivió las tensiones que vivían los combatientes  
en la selva.  
El 13 de febrero, el presidente Fujimori informó que, una vez  
que sus tropas desalojaron a los militares de Tiwintza, declaraba uni-  
lateralmente el cese de fuego. En respuesta, el gobierno ecuatoriano  
facilitó a la prensa nacional e internacional el ingreso a la Base Ti-  
wintza, para que puedan verificar que seguía en manos ecuatorianas.  
Según el diario El Comercio de Lima, “Unos mil quinientos soldados  
peruanos participaron en la recuperación de Tiwintza… un capitán de in-  
46  
fantería arrió la bandera ecuatoriana y enarboló el bicolor nacional”. Nada  
de eso sucedió en la realidad, pero era fruto de la guerra sicológica  
47  
que apoyaba la campaña presidencial del candidato Fujimori.  
Finalmente, al presidente peruano no le quedó más que  
aceptar la firma de la Declaración de Paz de Itamaraty que tuvo lugar  
el día 17 de febrero. Los principales puntos acuerdo se referían a  
aceptar el ofrecimiento de los Países Garantes para el envío de una  
misión de observadores, a fin de velar por la estricta aplicación de  
los compromisos asumidos; apoyar y dar las facilidades necesarias  
para que la Misión pueda ejercer sus funciones y para asegurar la  
integridad física de sus miembros; nombrar oficiales de enlace; se-  
parar inmediata y simultáneamente todas las tropas ecuatorianas al  
destacamento de Coangos y las peruanas al PV1. La misión debía  
instalar centros de operaciones en los puntos considerados de mayor  
46 El Comercio de Lima, 14 de febrero, 1995  
47 Edison Macías, Historia General del Ecuador, Tomo 7, Centro de Estudios Históricos del Ejército,  
Quito, 2009, p.114  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
45  
Paco Moncayo Gallegos  
tensión, como es el caso de Tiwintza y Base Sur; mientras que los ga-  
rantes recomendarían un área a ser totalmente desmilitarizada. Y, lo  
más importante, algo a lo que el Perú se había negado por más de  
5
0 años, iniciar conversaciones para encontrar una solución a los im-  
passes subsistentes.  
Como en 1941 y 1981, la firma de la declaración no cambió  
la realidad en el campo de batalla. Los medios de comunicación  
peruanos anunciaron que el sábado 18, el presidente Fujimori llega-  
ría a Tiwintza. Las tropas peruanas siguieron atacando con mayor  
ímpetu inclusive que en los días anteriores. El día 21 de febrero llegó  
a Patuca la Comisión técnico militar presidida por el general brasi-  
leño Ariel Pereira de Fonseca, con el propósito de: “Verificar el cese  
de fuego, prever las necesidades futuras para una misión más grande y es-  
tudiar la posible constitución de un área desmilitarizada en la zona de con-  
flicto”.48 Ese día los mandos peruanos lanzaron una ofensiva  
desesperada sobre Tiwintza que inició en la madrugada y duró hasta  
el anochecer. Defendiendo ese pedazo de territorio, cuyo nombre pe-  
rennizó con su sacrificio, falleció heroicamente el teniente Giovanni  
Calles. Lo que pudo verificar la comisión fue la forma descarada  
como el Perú incumplía compromisos que solemnemente había pac-  
tado. Ese día Ecuador lamentó la muerte de 13 combatientes y dos  
decenas de heridos.  
Mientras estos acontecimientos sucedían en las cabeceras del  
río Cenepa, el 28 de febrero se reunieron en Montevideo los presi-  
dentes americanos con oportunidad de la posesión del nuevo presi-  
dente del Uruguay, Julio María Sanguinetti. La ocasión fue  
aprovechada para retomar las negociaciones y comprometer al Perú  
al pleno cumplimiento de la Declaración de Paz de Itamaraty.  
Aunque la parte más difícil de la campaña militar de 1995  
concluyó luego de la Declaración de Montevideo y el ingreso de los  
agregados militares de los Países Garantes a los destacamentos de  
Coangos, en el Ecuador, y Soldado Pastor, en el Perú, la situación se  
mantenía muy delicada. Solamente, el 13 de marzo la Misión de Ob-  
servadores Ecuador–Perú (MOMEP) inició el cumplimiento parcial  
48 Paco Moncayo Gallegos, Cenepa…ob. cit., p.222  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
46  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
de sus misiones, pero dilatando al ritmo de la campaña electoral del  
Perú, la separación de las fuerzas. El 22 de marzo, presionados por  
el mando ecuatoriano, emitieron el plan correspondiente para iniciar  
un proceso complejo y delicado que se logró terminar sin mayores  
novedades.  
6.4 El difícil camino hacia la paz  
Una vez culminada la separación y desmovilización de los  
operativos bélicos, y creada la zona desmilitarizada, en enero de  
996, se reunieron las delegaciones de los dos países, en Lima, para  
1
acordar los procedimientos que se adoptarían para tratar los impas-  
ses subsistentes y revisar las medidas de confianza mutuas; en fe-  
brero, en Quito, se convino la entrega de las listas de impasses a los  
Países Garantes y la creación de un grupo de trabajo para diseñar un  
mecanismo bilateral para la adopción de medidas de fomento de la  
confianza; en junio, en Buenos Aires, se aprobó continuar el trata-  
miento de los impasses, pero con la imposición del Perú de hacerlo  
“De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro, ar-  
tículos 7mo y 9no”; y, en octubre, en Santiago, se concertó iniciar,  
antes de fin de año, las conversaciones en el marco del Protocolo de  
Río, la Declaración de Itamaraty, el Acuerdo de Quito, el Comuni-  
cado de Buenos Aires y el de Santiago.  
Solamente, en abril de 1997, inició el tratamiento de los im-  
passes que requirió de seis rondas, cinco para negociar, que tuvieron  
lugar en abril, mayo, junio, septiembre y una de evaluación global  
en noviembre. Como no hubo acuerdo alguno, los Países Garantes  
presentaron unas “Bases para un entendimiento entre las partes” que  
recogían en su totalidad la propuesta del presidente Fujimori: nego-  
ciar un Tratado de Comercio y Navegación, en los términos previstos  
en el artículo VI del Protocolo de Río de Janeiro; un Acuerdo Amplio  
de Integración Fronteriza; la fijación en el terreno de la frontera te-  
rrestre común; y, el establecimiento de una Comisión Binacional  
sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad. El gobierno del  
Ecuador las tuvo que aceptar para que el Perú no se retire de las ne-  
gociaciones.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
47  
Paco Moncayo Gallegos  
Con el objeto de estudiar y emitir sus pareceres sobre los im-  
passes en los sectores de Lagartococha–Güepi, y Zamora–Santiago,  
se constituyeron dos grupos jurídico-técnicos, el 31 de marzo de  
1
998. El 26 de mayo, el grupo jurídico-técnico, entregó su parecer  
según el cual la línea de frontera debía seguir el contrafuerte desde  
el hito Cusumasa-Bumbuiza (Hito 19) hasta la desembocadura del  
río Yaupi, en el río Santiago (Hito 21). El embajador Teodoro Bus-  
tamante, representante del Ecuador en este grupo, se adhirió a aquel  
parecer–opinión.  
En relación con la tesis defendida por Ecuador desde 1947,  
sobre la inexistencia del divortium aquarum Zamora–Santiago, que  
sustentaba la inejecutabilidad parcial del Protocolo de Río de Janeiro,  
el parecer fue que la tesis ecuatoriana no era ni técnica ni jurídi-  
camente sostenible y que en tal virtud, se debía completar la demar-  
cación. Del mismo modo sucedió con el diferendo en el sector  
Lagartococha–Guepi, donde la comisión jurídico técnica validó la  
tesis del Perú.  
La negativa de los diplomáticos ecuatorianos de aceptar los  
criterios de los grupos jurídico-técnicos, alentó las tesis guerreristas.  
Cuando el doctor Fabián Alarcón concluía su interinazgo, la situa-  
ción en la frontera se agravó. Sin duda, los militares peruanos y sus  
aliados, presionaban por tomarse las zonas en disputa, convencidos,  
ahora más que nunca, con el aval de los pareceres técnico-jurídicos,  
de la justicia de sus tesis. Para el mes de julio, el Perú había adelan-  
tado sus fuerzas en la frontera no vigilada por la MOMEP, hasta co-  
locarse frente a frente con los soldados ecuatorianos, creando una  
grave situación de inestabilidad.  
Esa era la delicada situación cuando Jamil Mahuad se pose-  
sionó como Presidente de la República. Antes de hacerlo, había re-  
alizado gestiones con los presidentes de Estados Unidos y Brasil,  
para asegurar que continúe su apoyo al proceso de paz. Su discurso  
ante el Congreso tuvo un enfoque pacifista y una convocatoria a sol-  
ventar, en el nivel presidencial, los temas de la casi estancada nego-  
ciación. En el campo militar, la situación era altamente delicada. Las  
operaciones podían reiniciar en cualquier momento. Fue necesaria  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 100–100  
48  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
la reactivación de la MOMEP y solamente la participación enérgica  
y decidida de los representantes internacionales obligó al Perú a  
aceptar un “Acuerdo de Desmilitarización”.  
Agotada la posibilidad de acuerdos entre las cancillerías, los  
gobiernos de los Países Garantes y de los dos países contendientes  
decidieron que era necesario pasar a una etapa de participación di-  
recta de los presidentes, en las negociaciones. En efecto, la primera  
reunión se realizó en la residencia de campo del presidente Cardoso,  
aunque sin resultados positivos. Volvieron a reunirse el 4 de octubre  
en Washington, donde acordaron acudir a los Países Garantes para  
que sean sus presidentes los que propongan, con carácter vinculante,  
una vía de solución que sea mutuamente aceptable. El 10 de octubre,  
el presidente del Brasil emitió su respuesta aceptando el pedido de  
los presidentes, con la condición de que la propuesta por ellos pre-  
sentada, tenga carácter vinculante y que los Congresos se pronuncien  
aceptando esa condición, lo cual fue atendido en los dos países.  
El 23 de octubre, remitieron los presidentes de los Países Ga-  
rantes la esperada respuesta. En su comunicación mencionaron el  
papel que les correspondía cumplir en su calidad de garantes, con-  
forme al artículo Séptimo del Protocolo de Río de Janeiro, para llegar  
a un arreglo que permita una relación de cooperación “…que responda  
49  
a los propósitos señalados en al artículo primero del citado Protocolo”. Fi-  
nalmente, emitieron su punto de vista con carácter vinculante, en un  
texto similar al planteado por el presidente Fujimori en 1995, con el  
añadido de dos concesiones: que el Perú entregue “en propiedad pri-  
vada al Gobierno del Ecuador un área de un kilómetro cuadrado, en  
cuyo centro se encontrará el punto que el Ecuador proporcionó a la  
MOMEP denominado como Tiwintza, y la posibilidad de que Ecua-  
dor pueda instalar dos puestos de comercio en las orillas del río Ma-  
rañón–Amazonas, bajo la plena soberanía y jurisdicción del Estado  
peruano.  
Lo criticable del contenido de esta comunicación, porque era  
absolutamente contrario a la verdad, fue que los presidentes afirmen  
que, como garantes, “han respetado los intereses y sentimientos de  
49 Paco Moncayo Gallegos, Cenepa…ob. cit., p.437  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 100–100  
49  
Paco Moncayo Gallegos  
ambas naciones” asegurando la plena y cabal ejecución del Protocolo  
de Río de Janeiro. Los intereses y sentimientos de la nación ecuato-  
riana no fueron tomados en cuenta, al validar un protocolo impuesto  
con amplios territorios ecuatorianos invadidos por las fuerzas pe-  
ruanas y bajo amenaza de tomarse la ciudad de Guayaquil. Garantes  
y árbitros, de los cuatro países hicieron más por la garantía que por  
un arbitraje que debía contener, un mínimo de equidad e imparcia-  
lidad.  
Llegó así el día 26 de octubre, histórico, positivo y luctuoso  
50  
a la vez, cuando se rubricó el ‘Acta Presidencial de Brasilia’, acto  
con el que “quedan resueltas en forma definitiva las diferencias fronterizas  
entre los dos países”.51  
7. La crisis de fin de siglo  
Como se ha señalado a lo largo de este relato, Ecuador es un  
país con una economía muy frágil a los impactos externos, a las va-  
riaciones de los precios de sus materias primas exportables y a los  
eventos naturales catastróficos. Y lo ha sido más por la mala calidad  
de la conducción política del Estado, la visión cortoplacista de las  
autoridades y la incapacidad de asumir responsablemente decisiones  
acordes con el interés nacional, anteponiéndolos a cálculos mez-  
quinos de grupos económicos y sectores políticos.  
En el gobierno del presidente Mahuad se juntaron todos los  
males imaginables: primero, la crisis bancaria fruto de la aplicación  
dogmática del neoliberalismo más radical en el sector financiero  
cuando, en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, el Con-  
greso expidió la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,  
que facilitó el cometimiento de los mayores desmanes por parte de  
muchos banqueros; segundo, una caída catastrófica de los precios  
del petróleo (USD. 7.00 por barril); tercero, la devastación ocasionada  
por un fenómeno del Niño extremadamente riguroso; y, cuarto, los  
efectos de la depresión de la economía global de 1998.  
5
5
0 Tratado de Paz de Brasilia Ecuador-Perú, Revista AFESE, N°44, Quito, pp. 252-254.  
1 Paco Moncayo Gallegos, Cenepa…ob. cit., p. 438.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
50  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
La crisis del sistema financiero anunció la catástrofe. Los  
bancos comerciales fueron incapaces de responder a sus clientes y el  
Estado tuvo que acudir en su rescate, otorgándoles créditos de esta-  
bilidad y de solvencia que, solamente, empeoraron la situación. El  
mes de septiembre se devaluó el sucre un 15%, el precio de la gaso-  
lina subió 71% y el del tanque de gas licuado de petróleo pasó de  
4
.900 a 25.000 sucres. Para la población, la situación se tornó inso-  
portable.  
Ciega a la naturaleza de la crisis, la mayoría socialcristiana-  
demócrata cristiana del Congreso creó la Agencia de Garantía de De-  
pósitos (AGD), para que asuma el Estado la quiebra bancaria de  
poderosos aliados de los gobernantes. Para marzo de 1999, la crisis  
económica se había agravado. El 8 de marzo, se declaró un feriado  
bancario de 24 horas, que finalmente duró 5 días. El 11 de marzo, me-  
diante decreto ejecutivo, el presidente congeló, por un año, los depó-  
sitos de las cuentas con más de dos millones de sucres, provocando  
indignadas movilizaciones en todo el país. Su oferta de devolver el  
dinero, de manera escalonada, a los depositantes, nunca se cumplió.  
El 22 de marzo de 1999, cerró el Banco El Progreso de Fernan-  
do Aspiazu, que pasó a manos de la AGD. En julio, el banquero fue  
detenido acusado de peculado. En ese momento, denunció haber fi-  
nanciado con más de tres millones de dólares la campaña presiden-  
cial de Jamil Mahuad. Finalmente, fue sentenciado a ocho años de  
prisión.  
Completamente ajenos e indolentes sobre la situación, los di-  
putados gobiernistas aprobaron, contra toda advertencia, la ley que  
sustituía el impuesto a la renta por el impuesto al 1% a las transac-  
ciones financieras (ley Nebot), para entonces la inflación había lle-  
gado al 60.7%, el sucre se había depreciado un 196.6%, el desempleo  
alcanzaba un 15.1% y el subempleo un 52.3%. El crecimiento del PIB  
fue negativo en 7.3% y la deuda externa equivalía al 19% del PIB (la  
más alta de Latinoamérica).52  
5
2 Banco Central del Ecuador, La Economía ecuatoriana en 1999, Información de fin de período,  
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1999/c  
ap2.pdf  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
51  
Paco Moncayo Gallegos  
El 9 de enero de 2000, el presidente Jamil Mahuad anunció  
la dolarización de la economía del país, argumentando que era la  
única salida que quedaba para los ecuatorianos. El valor fijado fue  
de 25 mil sucres por un dólar. El sucre se había devaluado en 400 %,  
afectando gravemente la vida de la mayoría de ecuatorianos. Un em-  
pleado que recibía como sueldo de un millón de sucres (USD 200),  
pasó a cobrar cuarenta dólares; mientras que los grandes morosos  
vieron diluirse sus compromisos a una quinta parte. El dólar empezó  
a circular desde el 1 de abril y la vida del sucre terminó el 9 de sep-  
tiembre de 2000, último día en que se realizaron las transacciones  
con la moneda ecuatoriana.  
El costo del salvataje de los bancos fue calculado en seis mil  
millones de dólares y sus consecuencias: recesión, deterioro de las  
finanzas públicas, caída en picada de los gastos en educación y  
salud, incremento del desempleo y el subempleo; y lo peor, la emi-  
gración de dos millones de ecuatorianos. Nadie ha sido sancionado  
por ocasionar esta catástrofe.  
7.1 La Fuerza Terrestre, un tropiezo lamentable  
El 10 de noviembre de 1999, los dirigentes de la Confedera-  
ción de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, junto a los movi-  
mientos sociales y el Frente Patriótico, dieron un ultimátum al  
presidente Jamil Mahuad. Los dirigentes indígenas habían realizado  
contactos preliminares con el coronel Lucio Gutiérrez que, se dijo,  
les había ofrecido el respaldo de los militares si lograban una gran  
movilización hacia la capital.  
En diciembre, de manera separada, las cámaras de Industrias  
y Agricultura solicitaron la dimisión del Jefe de Estado y su reem-  
plazo por un gobierno civil–militar que garantice el desarrollo del  
Ecuador. El abogado Jaime Nebot Saadi, diputado nacional, líder de  
la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y el alcalde de Guaya-  
quil León Febres Cordero, se sumaron a los planteamientos de des-  
titución. Antes lo había hecho el líder del partido Izquierda  
Democrática, Rodrigo Borja. Abandonado por los socialcristianos,  
Mahuad tuvo que buscar apoyo en el Partido Roldosista de Abdalá  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
52  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Bucarán. A cambio, se comprometió a proponer reformas al Código  
de Procedimiento Penal, que permitieran el retorno del expresidente.  
El 5 de enero, comenzaron protestas masivas en contra del  
gobierno, encabezadas por el movimiento Frente Popular, liderado  
por Luis Villacís. En respuesta, el presidente decretó el “Estado de  
Emergencia” y la movilización nacional. El 6 de enero, se genera-  
lizaron las movilizaciones todo el país. El presidente de la Confede-  
ración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) Antonio  
Vargas Huatatoca, anunció para el 15 de enero un levantamiento in-  
dígena indefinido, para instaurar un nuevo gobierno de unidad na-  
cional, una auténtica democracia participativa y la desconcentración  
económica, política y administrativa del Estado.  
El 11 de enero, el Parlamento Nacional de los Pueblos del  
Ecuador resolvió asumir plenos poderes, mientras indígenas prove-  
nientes de diversos lugares del país llegaban a la ciudad de Quito;  
el martes 18, declararon el Ágora de la Casa de la Cultura como sede  
del Parlamento Popular, y el miércoles 19 realizaron una multitudi-  
naria marcha con el apoyo de varios sectores sociales.  
El presidente autorizó al ministro de Defensa dialogar con  
los dirigentes indígenas. Ciego a la realidad, éste les informó que las  
Fuerzas Armadas respaldaban totalmente al régimen constituido,  
cuando mandos del Ejército hacían circular un telegrama con el que  
proclamaban que “Ante la grave crisis política, económica y social, para  
mantener la armonía y la paz entre ecuatorianos, por decisión unánime del  
mando y apoyo general del pueblo ecuatoriano, las Fuerzas Armadas asu-  
men el poder de la nación…”.53  
Se supo que, el día 21, cuarenta capitanes y ciento veinte te-  
nientes y subtenientes se reunieron en la Escuela Politécnica del Ejér-  
cito, para analizar la situación del país; posteriormente, se movili-  
zaron a la sede del Congreso, a donde llegaron también oficiales  
alumnos de la Academia de Guerra y la Escuela de Perfecciona-  
miento. A las tres de la tarde, se publicó un comunicado del alto  
mando de las Fuerzas Armadas con el que se pedía la renuncia del  
presidente.  
53 El documento está firmado por el general Braulio Jaramillo  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
53  
Paco Moncayo Gallegos  
Un Consejo de Gobierno asumió el poder a la media noche.  
Estaba conformado por el general Carlos Mendoza, el doctor Carlos  
Solórzano Constantine y el dirigente indígena Vargas; tres horas des-  
pués, Mendoza renunció a ser parte del triunvirato y las Fuerzas Ar-  
madas apoyaron la sucesión constitucional. En horas de la madru-  
gada, el doctor Gustavo Noboa Bejarano asumió la presidencia.  
En su período de gobierno se publicó, por primera vez, el  
Libro Blanco de la Política Nacional de Defensa. Se consideraba a  
ésta como herramienta para proteger los intereses nacionales, garan-  
tizar la seguridad colectiva y la cooperación interestatal, en circuns-  
tancias en que la seguridad nacional enfrentaba cambios resultantes  
del nuevo ordenamiento internacional y los imperativos y demandas  
estratégicas, derivados del surgimiento de nuevas amenazas. La se-  
guridad nacional debía centrarse en el ser humano, ser multidisci-  
plinaria y abarcar todos los campos de la relación interna e  
internacional. Se la consideraba como un bien público y un derecho  
ciudadano. También, se incluyó en el documento el concepto de se-  
54  
guridad humana, proclamado por las Naciones Unidas.  
8
. El gobierno de Lucio Gutiérrez  
.1 Éxito electoral y crisis  
8
Lucio Gutiérrez fue arrestado y confinado en el Fuerte Mili-  
tar Atahualpa, donde permaneció durante 120 días hasta ser amnis-  
tiado por el Congreso. Posteriormente, conformó el movimiento  
político “Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero”, y participó como  
candidato a la presidencia en las elecciones del año 2002. Triunfó y,  
apenas electo, anunció la conformación de un gobierno pluralista y  
de concertación nacional. Ofreció, también, enviar al Congreso pro-  
yectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear una  
cuarta función del Estado para control y rendición de cuentas y mo-  
dernizar el aparato burocrático.  
54 Política Nacional de Defensa. Libro Blanco de la Defensa Nacional, 2002  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
54  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Llegó al poder con el respaldo de los partidos y movimientos  
populares, pero pronto dio un giro radical a su política de gobierno.  
Se declaró el mejor amigo del presidente de Estados Unidos, pactó  
con la derecha tradicional, entregó la conducción de la economía a  
economistas neoliberales y firmó “Cartas de Intención” con el Fondo  
Monetario Internacional, que incluían la privatización parcial de los  
sectores estratégicos. La situación empeoró cuando decretó el alza  
de los precios de los combustibles y, entonces, la alianza terminó.  
En 2003, el Congreso le amenazó con un juicio político; en  
respuesta, el presidente nombró ministro de gobierno a Jaime Da-  
merval Martínez quién logró conformar una mayoría de diputados  
a favor del gobierno con la participación de dos partidos de corte  
populista: el PRIAN de Álvaro Noboa y el PRE de Abdalá Bucarán.  
La nueva mayoría, violentando expresas disposiciones constitucio-  
nales y legales, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de  
Justicia, reemplazándolos con nuevos jueces, dos de ellos recomen-  
dados directamente desde Panamá, por el autoexiliado expresidente.  
La nueva Corte, como estaba acordado, anuló los juicios en contra  
de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik.  
La reacción no se hizo esperar, sectores de todas las tenden-  
cias iniciaron una combativa oposición y los alcaldes de las princi-  
pales ciudades del país organizaron marchas pidiendo rectifica-  
ciones. La respuesta fue organizar contramarchas y el empleo de  
fuerzas de choque para amedrentar a los opositores, a los que bau-  
tizó con el mote de “forajidos”. En la noche del 15 de abril, Gutiérrez  
declaró el Estado de Emergencia Nacional y dispuso la cesación de  
todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bucaram re-  
gresó a Panamá y el Gobierno perdió el control del Congreso.  
El 20 de abril, se incrementaron las protestas en Quito. La  
situación se tornó violenta e incontrolable. La Policía Nacional y lue-  
go las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo. Gutiérrez abandonó  
el Palacio de Carondelet y Alfredo Palacio, vicepresidente, asumió  
la jefatura del Estado, en una turbulenta sesión del Congreso.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
55  
Paco Moncayo Gallegos  
8.2 Seguridad y Defensa  
Durante el gobierno de Palacio, en el año 2006, el ministro  
de defensa, general Oswaldo Jarrín, presentó la actualización de la  
Política de Defensa. En el documento se destaca “la tradición demo-  
crática y pacífica del Estado ecuatoriano, su vocación integracionista, su  
apego a los principios jurídicos y el pleno cumplimiento de los acuerdos y  
tratados internacionales”. Se justificó la revisión de esta política, por  
la variación en la magnitud y prioridad de las amenazas y oportu-  
nidades. “Esta actualización de la política de la defensa nacional busca una  
respuesta sinérgica a la nueva fisonomía y dimensión de los conflictos que  
”55  
conforman un entorno de seguridad complejo, heterogéneo y cambiante.  
La defensa nacional contribuye, desde sus funciones especí-  
ficas, a la institucionalidad del Estado ecuatoriano, a la consolidación  
del sistema democrático, al fortalecimiento del estado social de de-  
recho y al respeto y promoción de los derechos humanos y de las li-  
bertades fundamentales. La Política de Defensa Nacional contribuye  
a la seguridad nacional y coadyuva a fortalecer la unidad nacional  
en la diversidad; a asegurar la vigencia de los derechos humanos, de  
las garantías constitucionales y la seguridad social; a defender el pa-  
trimonio natural y cultural del país; a preservar el crecimiento sus-  
tentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo, en  
beneficio colectivo; a procurar la celebración de tratados y convenios  
internacionales con los países vecinos y otras naciones; a disminuir  
la pobreza y garantizar la vigencia del sistema democrático y la ad-  
ministración pública libre de corrupción.  
Las Fuerzas Armadas son el principal instrumento de la De-  
fensa Nacional; la Constitución Política determina su misión funda-  
mental, que es la defensa de la integridad y la soberanía nacional  
contra cualquier tipo de agresión, así como asegurar la inviolabilidad  
56  
de sus fronteras terrestres y marítimas, y el espacio aeroespacial.  
5
5
5 Libro Blanco de la Defensa Nacional 2006, Presentación  
6 Ibidem, p.60  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
56  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
9. Ascenso y crisis del Socialismo del Siglo XXI.  
9.1 Primer período de gobierno (15/01/2007–10/08/2009)  
Alianza País presentó una propuesta seductora: invitó al país  
a soñar con “una sociedad equitativa y solidaria, donde la honradez y las  
manos limpias sean la base de una nueva democracia… radicalmente par-  
57  
ticipativa”. Ofreció también:  
(…) un Ecuador donde se practiquen valores fundamentales como la  
democracia, la solidaridad, la justicia, la ética y en especial la equidad  
en todos los ámbitos... con instituciones que generen confianza, que  
estén al servicio del pueblo y que sean un orgullo de toda la sociedad…  
.
donde la profesión de periodista no sea de las más arriesgadas por  
las diversas formas de intolerancia desplegadas desde las instancias de  
poder político o económico... donde el respeto a la opinión de los con-  
trarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizado… Un país alegre,  
optimista, propositivo en el que recuperemos la risa… sin liderazgos  
individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales  
y caudillistas, sino con liderazgos colectivos sustentados en la autocrí-  
tica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones  
y en la humildad….58  
Este proyecto político contó con el apoyo de todos los sec-  
tores progresistas del país.  
Tras su posesión de mando, el 15 de enero de 2007, el presi-  
dente firmó el Decreto Ejecutivo No. 002, mediante el cual llamó a  
Consulta Popular para convocar a una Asamblea Nacional Consti-  
tuyente. Fue el primer conflicto con el Congreso que lo solucionó el  
Tribunal Electoral, suspendiendo los derechos políticos a 57 dipu-  
tados de la oposición y principalizando a los suplentes. Habiendo  
alcanzado la mayoría legislativa, pasó la convocatoria y triunfó elec-  
toralmente la propuesta. Además, en mayo de 2007, dispuso la crea-  
ción de una Comisión de la Verdad para Ecuador (CVE), encargada  
57 Plan de Gobierno de Alianza País 2007 – 2011 ¡Porque otro país es posible! Un primer gran  
paso para la transformación radical del Ecuador, p.5-6  
8 Ibidem.  
5
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
57  
Paco Moncayo Gallegos  
de esclarecer los hechos de violencia política ocurridos en el país  
entre los años 1984 y 2007.  
La Asamblea se instaló el 30 de noviembre de 2007, en Mon-  
tecristi, provincia de Manabí. Con un corto intervalo ocasionado por  
la renuncia de su presidente Alberto Acosta, el 27 de junio de 2008,  
y su reemplazo con Fernando Cordero, los trabajos terminaron el 24  
de julio. El 28 de septiembre, mediante consulta popular, con el  
apoyo del 63.93% de los votos, fue aprobada la nueva Constitución  
ecuatoriana y entró en vigencia.  
En el campo de la Seguridad y Defensa, la Constitución atri-  
buyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la calidad de ins-  
tituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de  
los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión funda-  
mental la defensa de la soberanía y la integridad territorial; mientras  
que la protección interna y el mantenimiento del orden público son  
funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Na-  
cional (Art.158). El artículo 3, numeral 8, determina como deber pri-  
mordial del Estado, “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura  
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre  
de corrupción”; el artículo 163 incorpora el término seguridad ciuda-  
dana; el artículo 261, determina como competencia exclusiva del Es-  
tado Central, “la defensa nacional, la protección interna y el orden  
público”; mientras que, en el artículo 393, se incorpora la respon-  
sabilidad del Estado para garantizar la seguridad humana.  
El año en que los ecuatorianos aprobaban su nueva Consti-  
tución, la economía global y la del país sufrieron una grave crisis que  
el gobierno pudo sortear, sin mayores sobresaltos, gracias a que exis-  
tían cuatro fondos petroleros creados por gobiernos anteriores, que  
sumaban más de USD 3.000 millones. Además, el presidente decidió  
no pagar la deuda que calificó de “ilegítima” y dispuso la recompra  
de otras obligaciones a precios bajos, lo que aseguró la provisión de  
recursos para el Presupuesto.  
El 29 de julio de 2008, el gobierno informó a la embajada es-  
tadounidense su decisión de dar por concluido el “Acuerdo de Coo-  
peración bilateral”, suscrito el 12 de noviembre de 1999, sobre el uso  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
58  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
de la base en Manta para la lucha contra el narcotráfico. El plazo con-  
cedido para el abandono de las instalaciones terminaba el mes de  
agosto de 2009. Se denunció que este era el pago a las Fuerzas Ar-  
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) por haber financiado  
la campaña electoral de Alianza País. Al no haberse tomado las medi-  
das para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reemplacen  
a las fuerzas extranjeras, se abrió el camino para la cartelización del  
Ecuador, convertido en un centro principal de distribución de la  
droga.  
Las sospechas de complicidad con las FARC parecerían con-  
firmarse por la insólita presencia de un campamento permanente de  
las FARC, al mando de Raúl Reyes, segundo en la jerarquía de las  
fuerzas revolucionarias, de la que se conoció en el país por la incur-  
sión militar colombiana a territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de  
2
008. El ataque ocasionó la muerte de 22 guerrilleros, cuatro estu-  
diantes mexicanos y un civil ecuatoriano. El presidente Correa retiró  
a su embajador en Bogotá y envió una nota de protesta exigiendo  
explicaciones. En la noche del 2 de marzo anunció la expulsión del  
embajador de Colombia y solicitó la convocatoria inmediata de los  
Consejos Permanentes de la OEA y de la CAN, además de ordenar  
la movilización de tropas ecuatorianas a la frontera norte. Ese mismo  
día el presidente Hugo Chávez de Venezuela calificó el ataque como  
“un cobarde asesinato” y ordenó la movilización de 10 batallones a  
la frontera con Colombia, además, del retiro de su personal diplo-  
mático, de ese país. El presidente Uribe, por su parte, celebró el acon-  
tecimiento y asumió personalmente la responsabilidad de los hechos.  
La XX Reunión Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Re-  
pública Dominicana, sirvió para calmar los exaltados ánimos. El 7  
de marzo, los presidentes pusieron fin al conflicto con un apretón de  
manos. En la reunión de la OEA, los países miembros, con la excep-  
ción de Estados Unidos, condenaron la violación de la soberanía  
ecuatoriana. Tiempo después, en la prensa norteamericana se reco-  
nocía que la Operación Fénix fue una de las mayores acciones de in-  
teligencia encubierta, desarrollada por Estados Unidos, desde los  
atentados del 11-S.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
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Paco Moncayo Gallegos  
9.2 Segundo período de gobierno (10/08/2009–24/05/2013)  
El gobierno de Rafael Correa implementó importantes medi-  
das de protección social: mejoró el nivel de los salarios, obligó a la  
afiliación a la seguridad social de todos los trabajadores; abrió opor-  
tunidades de empleo para las personas con discapacidades y eliminó  
la tercerización, en la contratación de capital humano.  
Para atender a la población más débil y marginada, se im-  
plementaron “misiones” al estilo venezolano, como la misión Ma-  
nuela Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara que entrega un  
bono económico al encargado de cuidar a una persona con disca-  
pacidad severa, en un contexto de pobreza extrema. También, se eje-  
cutaron varios programas como Socio Vivienda y Centros de  
Desarrollo Infantil del Buen Vivir; se construyó una importante in-  
fraestructura de salud, educación, justicia y rehabilitación social.  
Para mejorar la calidad de la educación superior, se implementaron  
instituciones de acreditación y seguimiento a las universidades. De  
igual manera, el gobierno dio prioridad a la infraestructura de trans-  
porte. El Plan Vial, aunque desordenado y orientado por intereses  
políticos antes que técnicos, recibió un importante impulso; lo mismo  
que la infraestructura aeroportuaria.  
En junio de 2010, la Comisión de la Verdad para Ecuador,  
creada el 2007, presentó su informe y el Estado ecuatoriano inició ac-  
ciones de reparación y judicialización. La realidad fue que, en la dé-  
cada de los años 80, el movimiento revolucionario Alfaro Vive  
Carajo, le declaró la guerra al Estado y emprendió operaciones sub-  
versivas de naturaleza militar que, felizmente, terminaron con acuer-  
dos firmados con el gobierno del doctor Rodrigo Borja. El informe  
de la comisión provocó que la Fiscalía acuse a 10 militares por crí-  
menes de lesa humanidad: tortura, violencia sexual y desaparición  
forzada en contra de tres integrantes del desaparecido grupo sub-  
versivo Alfaro Vive Carajo. La acusación fiscal se fundamenta en el  
Art. 7 del Estatuto de Roma, literales f), g), h) e i), que se refiere a los  
crímenes de lesa humanidad (ataques generalizados o sistemáticos  
contra una población civil, expresado en tortura, violencia sexual y  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
60  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
desaparición forzada de personas). Esto jamás sucedió, pero el daño  
causado a tantos militares inocentes, nadie lo ha reparado.  
El presidente gobernaba con talante prepotente y ánimo con-  
frontador. El 30 de septiembre de 2010, alrededor de 500 policías se  
tomaron el cuartel del Regimiento Quito, exigiendo la derogatoria  
de la Ley de Servicio Público, aduciendo que eliminaba bonifica-  
ciones por ascensos y condecoraciones. En el Palacio Legislativo, la  
Escolta Legislativa al mando del coronel Rolando Tapia, impidió el  
ingreso de los legisladores; militares del Ministerio de Defensa y de  
la Base Aérea de Quito se sumaron a las protestas.  
Tan pronto tuvo noticia de los acontecimientos, el presidente,  
lejos de activar los sistemas institucionales de gestión de crisis, acu-  
dió personalmente al cuartel sublevado. Un discurso desafiante  
agravó el problema. La primera autoridad del Estado fue insultada,  
agredida y humillada. Para entonces, grupos de policías se mani-  
festaban violentamente en Guayaquil, Riobamba, Latacunga, Gua-  
randa, Ambato, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ibarra, Machala,  
Manta y otras, lanzando consignas contra el gobierno.  
El Hospital de la Policía se encuentra colindante con las ins-  
talaciones del cuartel del Regimiento Quito; por esta razón, el perso-  
nal de seguridad trasladó a esa casa de salud al presidente, que se  
encontraba recientemente operado de su rodilla y asfixiado por los  
gases lanzados por los policías. El director del hospital, coronel César  
Carrión, fue acusado de impedir el ingreso del mandatario y se lo  
procesó, junto a los policías Jaime Paucar, Luis Martínez y Luis Ba-  
hamonde, por un presunto intento de homicidio.  
En esas circunstancias, a la una y media de la tarde, el presi-  
dente decretó el Estado de Excepción y, por disposición del ministro  
de Defensa, las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo de rescate  
al que se sumaron los cuerpos especiales de la Policía Nacional, GEO  
y GIR que declararon su apoyo al gobierno. A las ocho y media de la  
noche, se iniciaron las operaciones dirigidas personalmente por el  
general Ernesto Gonzales, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas  
Armadas. Lastimosamente, el enfrentamiento ocasionó la muerte del  
policía Froilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
61  
Paco Moncayo Gallegos  
Cortez. Una vez que llegó al Palacio de Gobierno, el presidente Ra-  
fael Correa, en un eufórico discurso, denunció que había existido un  
intento de golpe de Estado que había logrado frustrar.  
Para consolidar el control de todas las funciones del Estado,  
por pedido del presidente, el 8 de marzo de 2011, el Consejo Nacional  
Electoral convocó a los ecuatorianos a pronunciarse sobre cinco pre-  
guntas de Referéndum y cinco de Consulta Popular. Los temas del  
Referendo fueron: la no caducidad de la prisión preventiva, en de-  
terminados casos; la aplicación bajo las condiciones y requisitos es-  
tablecidos en la ley de las medidas sustitutivas a la privación de la  
libertad; la prohibición a las instituciones del sistema financiero, así  
como a las empresas de comunicaciones privadas, de tener partici-  
pación accionaria fuera de su ámbito; la sustitución del Pleno del  
Consejo de la Judicatura por uno de transición, y la modificación de  
la composición del Consejo de la Judicatura.  
Las cinco preguntas del Plebiscito englobaron: la tipificación  
en el Código Penal del enriquecimiento privado no justificado; la pro-  
hibición de los juegos de azar con fines de lucro; la prohibición de  
matar animales en espectáculos; la expedición de una Ley de Comu-  
nicación que cree un Consejo de Regulación que controle la difusión  
de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios,  
en los medios de comunicación y la tipificación como delito del in-  
cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador.  
Se cuestionó la constitucionalidad de la convocatoria, por  
tratarse en varias preguntas de reformas y no simples enmiendas de  
normas constitucionales; toda vez que se restringían derechos, ponía  
la Función Judicial en manos del presidente, restaba competencias a  
la Función de Transparencia y Control Social, y atentaban contra el  
mandato del Art. 168 que establecía la autonomía administrativa y  
financiera de la Función Judicial.  
Posteriormente, se denunció la fraudulenta selección de la  
Corte Nacional de Justicia, cuando, mediante la calificación de la au-  
diencia oral, siete de los postulantes que se ubicaron entre los 21  
mejor puntuados, perdieron la opción de la titularidad al ser eva-  
luados con notas de entre 1.2 y 4.10 puntos, mientras que, curio-  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
62  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
samente, los adeptos al gobierno recibieron puntajes de entre 8.5 y  
1
0 puntos, con los que accedieron a los cargos de magistrados.  
Las denuncias de corrupción no cesaron: Ricardo Patiño, mi-  
nistro de Relaciones Exteriores, fue vinculado al escándalo de la  
narcovalija”, cuando en enero de 2012, en el aeropuerto de Milán,  
“
Italia, se encontraron 80 jarrones artesanales en la valija diplomática  
ecuatoriana, que contenían aproximadamente 40 kilogramos de co-  
caína líquida; los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita  
denunciaron, en su libro El Gran Hermano, que el gobierno otorgaba  
contratos millonarios a las empresas de su hermano Fabricio. El pre-  
sidente los demandó por difamación y ordenó una veeduría ciuda-  
dana para que aclarara los hechos; la veeduría concluyó que Correa  
si conocía de los contratos; en represalia, sus miembros fueron tam-  
bién demandados; en este período se comprobó que Pedro Delgado,  
primo de Rafael Correa, presidente del Banco Central y del fideico-  
miso “No Más Impunidad”, ejercía sus cargos con un título de eco-  
nomista falsificado; y, algo de mayor gravedad, que aún no se ha  
aclarado, se produjo el asesinato del general Jorge Gabela, quien se  
había opuesto a la compra de los helicópteros Druv, adquiridos a  
India, el 27 de octubre de 2009.  
El 19 de junio de 2012, ingresó Julián Assange, fundador de  
WikiLeaks, a la embajada ecuatoriana en Londres, y el gobierno le  
concedió asilo diplomático, iniciando un grave conflicto con Reino  
Unido. Los problemas se agravaron, aún más, cuando un cónsul  
ecuatoriano concedió salvoconducto para que Edward Snowden  
pueda salir de Hong Kong con destino a Moscú. Ecuador renunció  
irrevocablemente (algo insólito) a las preferencias arancelarias  
(
ATPDA) concedidas por Estados Unidos y, finalmente, el propio  
presidente debió ofrecer disculpas y anunciar que, en el caso Snow-  
den, el cónsul que había concedido el salvoconducto sería san-  
cionado.  
9.3 Tercer período de gobierno (24/05/2013–24/05/2017)  
En este período de gobierno, se aprobaron varias leyes que  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
63  
Paco Moncayo Gallegos  
contradecían los principios filosóficos e ideológicos que antes había  
defendido Alianza País. El año 2014, se expidió el Código Orgánico  
Integral Penal, que criminalizaba el aborto en caso de violación, la  
protesta social y al ejercicio del derecho a la resistencia. Esta legisla-  
ción facultaba al gobierno expedir un Decreto Ejecutivo que permitía  
el control de todas las organizaciones de la sociedad civil y la diso-  
lución de algunas ONG’s, entre ellas la ambientalista Pachamama.  
Sus miembros organizaron un acto público de cierre de sus activi-  
dades. Asistió a la ceremonia el joven ambientalista Oliver Utne a  
quien el gobierno canceló la visa; prohibió, también, el ingreso de  
una delegación de diputados alemanes, a quienes groseramente ofre-  
ció recursos para que sean capacitados en soberanía y democracia.  
Para asegurarse el control de la mayoría legislativa, la Asam-  
blea Nacional aprobó, de manera irregular, reformas al Código de la  
Democracia, contrariando la norma de que la distribución de escaños  
sea proporcional a los votos obtenidos por la lista de cada partido o  
movimiento; de ese modo, Alianza País logró una desproporcionada  
representación en la Función Legislativa, que le permitió, entre otras  
arbitrariedades, aprobar la Ley de Comunicación, que consideraba  
equivalentes las acciones de informar y de opinar; convertía en nor-  
mas jurídicas mandatos deontológicos que corresponden al campo  
de la ética profesional y trocaba a la comunicación social en servicio  
público, equiparable a la recolección de basura o de las aguas servi-  
das.  
En el campo económico, finalizó el año 2014 con signos alar-  
mantes para la economía nacional, en razón de la drástica caída que  
habían sufrido los precios de los hidrocarburos en el mercado mun-  
dial, frente a un manejo dispendioso de los abundantes recursos fi-  
nancieros que alimentaron las arcas fiscales, especialmente, a partir  
de 2009. De nada sirvieron las constantes advertencias de expertos  
economistas que fueron objeto de burlas y ridiculizados, cuando re-  
cabaron la creación de un fondo para circunstancias como éstas. Los  
expertos apreciaban que si se hubiese ahorrado 3 dólares por barril  
de petróleo, en los últimos 8 años, el gobierno habría dispuesto de  
más de 5.000 millones para enfrentar esta crisis.  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
64  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Con todas las funciones bajo su control, y con el objeto de  
consolidar un modelo similar al de Venezuela, el presidente Rafael  
Correa dispuso a la Asamblea aprobar varias reformas constitucio-  
nales, calificándolas ilegalmente como enmiendas. Entre ellas, la ree-  
lección indefinida de todas las autoridades de elección popular,  
transformar la comunicación social en un servicio público, permitir  
a las Fuerzas Armadas intervenir en el orden público y combate a la  
delincuencia, eliminar la competencia de rendición de cuentas de la  
Contraloría y limitar ciertas competencias de los gobiernos locales.  
Varios juristas denunciaron la violación de normas constitucionales  
como las señaladas en el Art. 11, numeral 4: “Ninguna norma jurídica  
podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitu-  
cionales” y en el numeral 9: “El más alto deber del Estado consiste en res-  
petar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. Es  
evidente, afirmaban, que se trataba de reformas que restringían de-  
rechos y modificaban el carácter de la democracia participativa. El 3  
de diciembre de 2015, la Asamblea aprobó las falsas enmiendas.  
El espejismo de prosperidad, en un escenario de precios cre-  
cientes y sostenidos del petróleo, había animado al presidente para  
incrementar desmedidamente el aparato estatal y emprender en una  
gran obra pública, lastimosamente, imposible de sostener y peor  
mantener, en el mediano plazo. Cerrado el ejercicio del año 2014, las  
cifras eran preocupantes: la balanza comercial no petrolera fue ne-  
gativa en USD 7.612 millones y su déficit total de USD -727 millo-  
nes.59 La situación empeoró en 2015. El Presupuesto se había  
aprobado con una previsión del precio del barril de petróleo de USD  
8
0, desfinanciado en USD 8 mil 900 millones; como el precio pro-  
medio real fue de USD 45 por barril, la necesidad de financiamiento  
superó los 12 000 millones de dólares. Para salir de apuros, Correa  
suprimió el aporte del 40% para el fondo de Pensiones del IESS, des-  
conoció la deuda de USD 1749 al fondo de salud del IESS; dejó de  
pagar a contratistas; expropió fondos particulares de ahorro; entregó  
el campamento petrolero Auca a una empresa francesa; vendió an-  
59 Una visión amplia se puede encontrar en: CEPAL, Balance preliminar de las economías de  
América Latina y el Caribe, 2014, Ecuador  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
65  
Paco Moncayo Gallegos  
ticipadamente la producción del hidrocarburo; y, contrató créditos  
duros respaldados con la entrega anticipada de petróleo.  
Si las condiciones eran ya duras, un terremoto que afectó a  
las provincias de Manabí y Esmeraldas, con el saldo luctuoso de más  
de 600 fallecidos y miles de damnificados, en el mes de abril, vino a  
agravarlas. La respuesta del gobierno fue, una vez más, al margen  
de cualquier planificación y manejo técnico. Ese mismo día, el pre-  
sidente anunció varias medidas económicas: aumento de dos puntos  
porcentuales al IVA, por un año; una contribución obligatoria del 3%  
sobre las utilidades de las empresas; el cobro por una sola vez del  
0,9 % a las personas con patrimonio superior a un millón de dólares;  
y, una contribución de un día de sueldo por mes a quienes ganen  
más de mil dólares. El gobierno organizó un comité para la recons-  
trucción, dirigido por el vicepresidente Jorge Glass. Como algo sin-  
gular, pero no extraño, en el modelo que el presidente Correa se  
encontraba implementando, llegaron de Rusia como ayuda humani-  
taria 5000 fusiles de guerra.  
9.4 Seguridad y Defensa  
En el área de seguridad, el equipo de gobierno del presidente  
Rafael Correa llegó cargado de prejuicios y animosidades en contra  
de la Doctrina de Seguridad Nacional. Sus asesores nacionales y ex-  
tranjeros, algunos de ellos ex miembros de movimientos subversi-  
vos, aportaron para desarmar el sistema vigente. En el año 2008, bajo  
la dirección del ministro coordinador de Seguridad Gustavo Larrea,  
se publicó el documento Hacia una Nueva Política de Seguridad Interna  
60  
y Externa. En este documento se propone una revolución en la se-  
guridad, desde una visión integral y multidimensional, que garan-  
tice los derechos humanos, la gobernabilidad, el fortalecimiento de  
la democracia, las libertades, los derechos del buen vivir de las per-  
sonas. Además, refiere que “Las Fuerzas Armadas dieron un énfasis im-  
portante históricamente tanto a los aspectos relacionados a la defensa del  
6
0 Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Hacia una nueva política de seguri-  
dad interna y externa: seguridad, soberanía y democracia, siglo XXI. Ministerio de Seguridad In-  
terna y Externa, 2da.edición, Quito, 2008  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
66  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
territorio como al apoyo al desarrollo económico y social del país, bajo un  
61  
esquema altamente nacionalista y antiimperialista”. Igualmente, plantea  
una visión integral y una “nueva” política de seguridad sustentada  
en los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y la democra-  
cia. Hace, también, referencia a “una seguridad soberana” en todos  
62  
los ámbitos de la política. En las relaciones internacionales, consi-  
dera aplicar los principios de asistencia recíproca y la solidaridad,  
promover la integración latinoamericana, las relaciones Sur- Sur y la  
63  
seguridad global.”  
El ataque de las fuerzas militares colombianas a la base gue-  
rrillera de Angostura, obligó a una revisión de la planificación. Se  
señalaron como principales problemas: “… las incursiones de fuerzas  
militares regulares e irregulares, el tráfico de drogas, intentos por establecer  
plantaciones ilegales en nuestro país, tráfico de armas, precursores químicos  
64  
y explosivos, y la presencia del crimen organizado.” ; por esta razón, se  
hizo “necesaria una respuesta en términos de seguridad, entendida  
ésta no sólo como acciones policiales y militares coercitivas, sino  
también como acciones de desarrollo económico y social que, entre  
otros factores, debe prestar señalada atención al factor transfron-  
terizo y sus decisivas implicaciones para la promoción de la paz”.  
La política No. 5 de la Agenda reza:  
Asegurar la presencia estatal en la frontera norte para promover el de-  
sarrollo, la paz y la vigencia de los derechos humanos enmarcados en  
el buen vivir de los habitantes de la región… La paz social también se  
busca a través de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador en la reducción  
65  
de las inequidades de la frontera norte con relación al resto del país.  
La elaboración del Plan de Seguridad 2011-2013 estuvo diri-  
gida por el vicealmirante Homero Arellano, quien prologó el docu-  
mento en los siguientes términos:  
61 Ministerio Coordinador de Seguridad, Hacia una Nueva Política de Seguridad Interna y Externa,  
p.70  
2 Ibidem, p.95  
3 Ibidem, p.23  
4 Agenda de Seguridad 2009, p.7  
5 Ibidem, p.11  
6
6
6
6
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
67  
Paco Moncayo Gallegos  
(…) especialmente durante los años de dictaduras militares y la lucha  
anti-subversiva que se dio en el país... En la guerra antisubversiva se  
privilegiaron las labores de inteligencia, se crearon, entonces, estamen-  
tos similares a los norteamericanos; se militarizaron y policializaron  
los servicios de inteligencia, legitimando la persecución, el hostiga-  
miento, la detención arbitraria, la tortura y desaparición como métodos  
válidos de esta guerra anti subversiva. Las consecuencias de este pro-  
ceso fueron violaciones de los Derechos Humanos, la desprofesionali-  
zación militar y la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía  
66  
Nacional, en defensa de intereses de los grupos de poder.  
Finalmente, el Plan de Seguridad Integral y las Agendas 2014-  
017 se apoyan en tres orientaciones: la Doctrina de Seguridad Na-  
2
cional, la Seguridad Humana (ONU), y la Seguridad Multidi-  
mensional (OEA). La integralidad del concepto de seguridad se ve  
reflejada en los cinco ámbitos que se interconectan entre sí y enmar-  
can su accionar: defensa y relaciones internacionales, seguridad ciu-  
dadana y justicia, gestión de riesgos y ambiente, soberanía  
tecnológica y ciencia, e inteligencia estratégica para el fortalecimiento  
democrático. Termina el plan estableciendo para cada uno de ellos,  
de forma sistemática, la problemática, la oportunidad y política sec-  
67  
torial, las estrategias, planes, proyectos macro, actividades y metas.  
Lo original de este documento es el tratamiento que se da al  
tema de la soberanía, ampliando sus campos (energética, alimen-  
taria), el mismo que se apoya en el criterio de que: “Las acciones en-  
caminadas a la procura de una seguridad integral deben ser “…  
multisectoriales, integrales, específicas para cada contexto, y orientadas a  
la prevención”.6  
8
En el campo de la Defensa Nacional, se publicaron varias  
agendas. La Agenda Política de la Defensa Nacional 2007- 2011, que  
fundamenta la defensa en la conservación de la soberanía nacional  
y la integridad territorial, el impulso de la integración regional y la  
seguridad cooperativa entre los pueblos. Coloca en el centro de su  
preocupación al ser humano, la satisfacción de las necesidades de la  
6
6
6
6 Ministerio Coordinador de Seguridad, Plan de Seguridad 2011-2013, pp.12-13  
7 Ibidem, p.25  
8 Ibidem, p.24  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
68  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
población y la potenciación de sus capacidades y libertades. La se-  
guridad es resultado de la paz y el desarrollo.  
Se mantiene el principio que la Defensa Nacional es un pa-  
trimonio de todas y todos, y no exclusivo del ámbito militar y un  
bien público que debe ser construido socialmente, con una visión in-  
tegral. Desde esta perspectiva, la Defensa Nacional contribuye “a la  
consolidación del sistema democrático, al fortalecimiento del Estado social  
de derecho, y al respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades  
sociales.”6  
9
La Agenda Política de la Defensa 2011-2014 pone énfasis en  
considerar que la defensa exige un grado de cultura de seguridad y  
defensa en la sociedad, una conducción democrática, con una visión  
integral, buenas relaciones cívico-militares, para la defensa de la so-  
beranía y la solución pacífica de las controversias interestatales. Se  
insiste en el fomento de los valores y prácticas democráticas de la  
institución militar, con estricto respeto al orden constituido, al orde-  
namiento jurídico y los Derechos Humanos, así como, a la autoridad  
70  
civil legalmente constituida. De manera subsidiaria, las Fuerzas Ar-  
madas cumplen actividades de apoyo a la protección interna, al man-  
71  
tenimiento del orden público y al desarrollo nacional.  
La Agenda Política de la Defensa 2014-2017 se sustenta en  
tres pilares fundamentales: la defensa como un bien público, la de-  
fensa del ejercicio de las soberanías y la cultura de paz. La introduc-  
ción del término “soberanías” cambia totalmente los enfoques de las  
anteriores agendas y abre la posibilidad de la participación militar  
en un amplio y casi ilimitado espectro de misiones. La Defensa, como  
un bien público, es un componente del Sistema de Seguridad Pública  
y del Estado, y de la Seguridad Integral; esto supone que el objetivo  
de la defensa es contribuir en la consecución del bienestar de las ciu-  
dadanas y los ciudadanos, y al desarrollo de la sociedad, con sus me-  
dios y su contingente. Esta agenda hace referencia a una disposición  
de la Constitución, artículo 158, que establece como misión de las  
69 Agenda Política de la Defensa Nacional 2007- 2011, p.9  
70 Agenda Política de la Defensa 2011-2014, p.35  
71 Ibidem, p. 36  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
69  
Paco Moncayo Gallegos  
Fuerzas Armadas, la protección de los derechos, libertades y garan-  
tías de los ciudadanos.  
En la defensa del ejercicio de las soberanías, el Estado con-  
trola y defiende todos aquellos bienes estratégicos para la reproduc-  
ción de la vida, como el alimento, la energía, la tecnología, los  
recursos naturales y el conocimiento. La soberanía se extiende a  
todos los campos en los que se desarrolla la vida, para cumplir el rol  
de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudada-  
nos y ciudadanas.72  
10. El gobierno de Lenin Moreno  
Lenin Moreno asumió el cargo el 24 de mayo de 2017, con  
un mensaje de inclusión, diálogo, participación y unidad; colabo-  
ración entre el sector público y privado, austeridad gubernamental.  
Al poco tiempo de iniciado su período de gobierno, denunció la si-  
tuación desastrosa de la economía heredada del anterior gobierno.  
El 18 de septiembre del 2017, anunció la convocatoria a una  
Consulta Popular, a realizarse el 2 de octubre; el 29 de noviembre  
envió el proyecto a la Corte Constitucional; como ésta no se pronun-  
ció en el plazo legal de 20 días, emitió el decreto correspondiente.  
El referéndum se efectuó el 4 de febrero de 2018. Los votantes  
respondieron mayoritariamente sí a todas las preguntas aprobando:  
la eliminación de la reelección indefinida; la sanción a los funcio-  
narios corruptos para que nunca más puedan acceder a cargos pú-  
blicos o candidaturas y a las empresas corruptas y corruptoras para  
que jamás puedan contratar con el Estado; cesar inmediatamente de  
sus cargos a los miembros del Consejo Nacional de Participación  
Ciudadana y Control Social y la creación de un Consejo Transitorio  
con la misión de evaluar a las autoridades y procesos en marcha. Se  
aprobó también: incrementar la zona intangible en al menos 50.000  
hectáreas y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Na-  
cional Yasuní, de 1.030 a 300 hectáreas; prohibir, sin excepción, la mi-  
nería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas  
72 Agenda Política de la Defensa 2014-2017, p. 27 y ss.  
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70  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
intangibles y centros urbanos; y, enmendar la Constitución de la Re-  
pública del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales  
en contra de niñas, niños y adolescentes.  
Durante los últimos tres años que cierran el período de este  
trabajo, el país ha enfrentado graves eventos que han afectado a la  
seguridad y al prestigio del gobierno del presidente Lenin Moreno.  
10.1 Secuestro de un equipo de periodistas  
El 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico de diario El  
Comercio fue secuestrado en la parroquia Mataje, provincia de Es-  
meraldas, por fuerzas disidentes de las FARC. El 28 de marzo, el pre-  
sidente convocó por primera vez a reunión del Consejo de Seguridad  
Pública y del Estado al que informó que se estaba haciendo todo lo  
posible para liberarlos. Aseguró que el secuestro era resultado del  
‘
desmantelamiento’ que se había hecho de las Fuerzas Armadas y  
de la Policía, así como de la permisividad del gobierno anterior con  
los guerrilleros. Anunció que iba a dotar a las fuerzas del orden del  
equipamiento y armamento necesarios para combatir el crimen or-  
ganizado. El ministro del interior César Navas informó que ya hubo  
acercamientos con los secuestradores y que los comunicadores esta-  
ban bien de salud.  
El 1 de abril, los familiares de los secuestrados, en un acto  
realizado en la Tribuna del Sur, dieron a conocer sus nombres: Paúl  
Rivas Bravo, de 45 años, fotógrafo. Javier Ortega Reyes, de 32 años,  
periodista y Efraín Segarra Abril, de 60 años, conductor. El día si-  
guiente se difundió en Colombia una prueba de vida del equipo pe-  
riodístico mediante un video en que aparecían con cadenas  
alrededor del cuello. Su mensaje fue: “Señor presidente Lenin Moreno  
en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el inter-  
cambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas para ir sanos y  
73  
salvos a Ecuador…”. A sus familiares les pidieron que no desmayen  
en sus exigencias al gobierno. El 5 de abril, la Iglesia Católica de  
Ecuador pidió que se considere un canje.  
73 https://www.clarin.com/mundo/ruego-periodistas-secuestrados-lenin-moreno-senor-presi  
dente-manos-vidas_0_Sk5Kisxsf.html (28-04-2021)  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
71  
Paco Moncayo Gallegos  
El martes 10 de abril, dio inicio en Lima la VIII Cumbre de  
las Américas. El tema fue analizado por los presidentes de Colombia  
y Ecuador. El 13 de abril, el presidente anunció el asesinato de los  
secuestrados. Sus familiares solicitaron la conformación de una co-  
misión independiente que tenga acceso a la documentación reser-  
vada; pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
(
CIDH) la creación de un grupo de investigación de los hechos, y  
viajaron a la ciudad de Washington, donde fueron recibidos por el  
secretario general de la OEA, Luis Almagro y por miembros de or-  
ganizaciones como Human Rights Watch y Freedom House.  
Como es usual, el fracaso en la conducción de la crisis les  
costó el cargo a los ministros del Interior, César Navas, y de Defensa,  
Patricio Zambrano, que fueron reemplazados por Mauro Toscanini  
como ministro de Gobierno y Policía y por el general (r) Oswaldo Ja-  
rrín, como ministro de Defensa y Secretario de Seguridad.  
Posteriormente, se conoció que un oficial de la Policía Na-  
cional mantenía fluida comunicación con miembros del Frente Oli-  
ver Sinisterra, responsable del secuestro, desde el mes de enero y que  
informó a sus superiores, solamente, en el mes de febrero. Los con-  
tactos se mantuvieron aún después del secuestro. El 21 de junio, se  
encontraron los cadáveres de tres personas que, luego de analizados  
por los expertos forenses, se comprobó que correspondían a los tres  
miembros del equipo periodístico.  
10.2 Octubre negro  
El 1 de octubre, el presidente anunció la eliminación del sub-  
sidio a los combustibles y la liberalización de los precios, medida  
que entró en vigencia dos días después, con la firma del Decreto 883.  
La intención del gobierno era cubrir, en parte, la brecha fiscal y cum-  
plir un compromiso con el FMI, para acceder a una línea de crédito  
de 4.200 millones de dólares. Ese mismo día, el gremio del transporte  
paralizó sus actividades y bloqueó calles y carreteras, en varias zonas  
del país; el movimiento indígena, por su parte, inició movilizaciones.  
En respuesta, el Ejecutivo decretó el estado de excepción por 60 días,  
74  
“con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos”.  
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72  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Después de negociar con representantes del gobierno, el día  
los transportistas levantaron el paro, no así la Confederación de  
5
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y las organiza-  
ciones de trabajadores, estudiantes y activistas políticos. La demanda  
no se limitaba, únicamente, a la derogación del Decreto 883, sino que  
buscaba un cambio de gobierno. El día 7 de octubre, el presidente  
traslada la sede del Ejecutivo a la ciudad de Guayaquil y denuncia  
un intento de golpe de Estado, maquinado por el expresidente Rafael  
Correa; en la noche del 8 de octubre, encapuchados se tomaron las  
instalaciones de la estación petrolera de Lago Agrio y, en los días si-  
guientes, fueron capturados 11 campos petroleros, ocasionando pér-  
didas millonarias al Estado.  
El día 9 de octubre, Guayaquil conmemoró 199 años de su  
independencia. La Alcaldía canceló las celebraciones programadas  
y convocó a una gran “Marcha por la Paz”. Miles de ciudadanos par-  
ticipan de una contramarcha. Para el día 10, los indígenas retuvieron  
a periodistas y policías en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito.  
El 12 de octubre, la ciudad de Quito fue tomada por grupos armados,  
que destruyeron parte de su patrimonio e incendiaron el edificio de  
la Contraloría General del Estado; grupos de encapuchados atacan  
a medios de comunicación. El gobierno ordenó emplear las fuerzas  
militares.  
El día 13, se iniciaron conversaciones entre el gobierno y la  
CONAIE, mediadas por la ONU y la Iglesia Católica; al día siguiente,  
se derogó el Decreto 883 y el país retornó a la normalidad. El saldo  
final fue de 11 muertos, 1507 heridos y 1128 detenidos, según el in-  
forme: “Ecuador: Lecciones de las protestas del 2019”, de Human  
Rights Watch, publicado el 6 de abril de 2020.  
Casi un año después, se realizó el lanzamiento del libro “Es-  
tallido”, de autoría de Leonidas Iza, presidente del Movimiento In-  
dígena y Campesino de Cotopaxi, Andrés Tapia, militante de la  
CONFENIAE, y Andrés Marín. El presentador de la obra se refirió a  
una supuesta “Comuna de Quito” comparándola con el movimiento  
de 1871, que inauguró el efímero primer gobierno obrero del mundo  
74 Decreto de Estado de Excepción, 3 de octubre 2019  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
73  
Paco Moncayo Gallegos  
en París. Tampoco faltaron referencias al pensamiento de intelectua-  
les marxistas como el peruano Mariátegui y el boliviano René Zaba-  
leta. En otros textos, los protagonistas calificaron al período como  
“
los 11 días que estremecieron al mundo” (…) “Un fantasma recorre  
Latinoamérica, es el fantasma de octubre” (parafraseando al Mani-  
fiesto Comunista)”, y otras frases del mismo estilo.  
75  
Como en el caso del secuestro y muerte de los periodistas  
del diario El Comercio; al final de estos deplorables acontecimientos,  
hubo chivos expiatorios. El Presidente relevó al jefe del Comando  
Conjunto y al comandante general del Ejército. Nunca se supo las  
razones que justificaron esta decisión.  
10. 3 La Pandemia COVID-19  
Llega así el país al año 2020, en el que se cumple un siglo  
desde que la Academia de Historia Nacional inició sus fecundas la-  
bores; este hecho de gran trascendencia en la vida nacional, contrasta  
con la imagen de un país atormentado por la pandemia de la  
COVID- 19, que ha afectado a la humanidad y puesto a prueba la ca-  
pacidad de las organizaciones internacionales y de todos los Estados,  
para enfrentar una amenaza de terrible naturaleza, que ha eviden-  
ciado las carencias de los sistemas de salud y de atención social, para  
cumplir con su misión de proteger a los sectores marginados, en la  
mayoría de países del mundo, incluidos los europeos y Estados Uni-  
dos de Norteamérica.  
En el Ecuador, esta emergencia destapó un escándalo de pro-  
porciones insospechadas, sobre listas de puestos exigidos y cuotas  
de poder entregadas a asambleístas, para familiares y amigos, en el  
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Corporación Nacional  
de Telecomunicaciones, la Agencia Nacional de Tránsito, las empre-  
sas públicas, los organismos de control, embajadas, distritos minis-  
teriales, Etc. Y, lo que es incalificable, en hospitales y otras entidades  
sanitarias.  
75 Andrés Tapia, Leonidas Iza, Hernán Ouviña, Madrid Tamayo, Estallido, La Rebelión de Octubre  
en Ecuador, Ediciones Red Kapari, 2020  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
74  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Tampoco, en esta ocasión, ha funcionado un sistema de segu-  
ridad nacional que, como se ha dicho, fue desmantelado. Será nece-  
sario que culmine este doloroso período de sufrimiento e indefensión  
para que pueda realizarse una evaluación, serena y objetiva de los  
acontecimientos que le ha correspondido vivir a la sociedad ecuato-  
riana, en el contexto de esta pandemia.  
10.4 Seguridad y Defensa  
Después de la tragedia del secuestro de los periodistas del  
diario El Comercio, el nuevo ministro, el general (sp) Oswaldo Jarrín,  
a cargo de la coordinación de la Seguridad Nacional, cambió la orien-  
tación de los planes, alineándolos a la visión de Seguridad Multidi-  
mensional originada en la Declaración de Bridgetown y oficializada  
en la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OEA,  
76  
en México, el año 2003. Consecuentemente, en el plan consta que:  
La visión política del Estado ecuatoriano se enfoca en tres ejes estratégicos,  
“
al estar caracterizada por su naturaleza multidimensional, incluye las ame-  
nazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la  
77  
seguridad de los Estados del Hemisferio.”  
El Estado ecuatoriano, de acuerdo a lo que establece el art. 1  
de la Constitución, y sobre la base de sus intereses soberanos, consi-  
dera que la seguridad constituye la esencia y el deber ser del Estado,  
en tres áreas específicas: a) la defensa frente a la agresión de amena-  
zas tradicionales externas al Estado –representadas principalmente  
por otros Estados– y nuevas amenazas intraestatales, que es materia  
de la seguridad nacional; b) la seguridad pública que es responsabi-  
lidad del Gobierno y que abarca la seguridad ciudadana y el orden  
público, áreas que, a pesar de ser específicas, requieren la participa-  
ción de todos los niveles de gobierno; y, d) la seguridad de las per-  
78  
sonas frentes a los riesgos naturales y antrópicos.  
7
6 Organización de los Estados Americanos, Conferencia Especial sobre Seguridad, México,  
003  
2
7
7
7 Plan Nacional de Seguridad Integral 2018, p.33  
8 Ibidem, p.35  
BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
75  
Paco Moncayo Gallegos  
En el espíritu de la Seguridad Multidimensional, se conside-  
ran aspectos claves de la seguridad nacional: identificar las priori-  
dades nacionales de seguridad para definir planes, estrategias y  
acciones; reafirmar el enfoque a la protección de la persona humana  
y el medioambiente; reiterar el respeto a los derechos humanos y  
libertades fundamentales; fortalecer la democracia representativa,  
que es una condición indefectible para la estabilidad, la paz y el de-  
sarrollo; reconocer que las amenazas tradicionales a la seguridad si-  
guen siendo importantes y que las controversias internacionales  
deben resolverse de forma pacífica; reconocer que muchas de las  
amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son de na-  
turaleza transnacional y requieren una adecuada cooperación inter-  
nacional; considerar que el terrorismo constituye una grave amenaza  
a la seguridad; buscar relaciones positivas, constructivas e integrales  
con otros Estados; reconocer las amenazas y riesgos naturales o crea-  
dos por el ser humano; y, enfrentar exitosamente las amenazas cri-  
minales transnacionales.79  
En concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Integral,  
el Ministerio de Defensa publicó el documento “Política Nacional de  
Defensa” (Libro Blanco 2018), en el que se explicita la concepción po-  
lítica de la defensa que, acorde con el mandato constitucional, estará  
centrada en el ser humano; con una institución militar que proteja  
los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y, como misión  
fundamental, defienda la soberanía e integridad territorial.  
La Defensa Nacional es un bien público y como tal requiere  
del accionar de todas las instituciones del Estado para su preserva-  
ción; por tanto, incluye actividades políticas, psicosociales, econó-  
micas y militares para enfrentar situaciones que comprometen los  
intereses nacionales.  
La actitud estratégica del Estado ecuatoriano es defensiva,  
fundamentada en la prevención y la alerta temprana. Considera el  
empleo de la fuerza militar en caso de una inminente amenaza ex-  
terna que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos, del terri-  
80  
torio y de los intereses estratégicos y vitales del Estado.  
79 Ibidem, pp. 37-38  
80 Política Nacional de Defensa (Libro Blanco 2018), p.64  
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76  
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa  
Las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos, las  
normas del Derecho Internacional Humanitario, la equidad de gé-  
nero y la protección del ambiente; participan en el desarrollo econó-  
mico del Ecuador, a través de las actividades vinculadas a la  
industria de la defensa y a sus institutos de investigación para coad-  
yuvar al desarrollo nacional y disminuir la dependencia externa, en  
los ámbitos tecnológico y científico.  
Los intereses estratégicos del Estado en el ámbito nacional  
se orientan a proteger los sectores y recursos estratégicos; garantizar  
a sus habitantes una cultura de paz, libre de corrupción; y, hacer  
frente a las amenazas y riesgos que afecten a la seguridad del Estado.  
En el contexto internacional, impulsan la solución pacífica de las con-  
troversias y conflictos internacionales, y la cooperación para contri-  
buir a un orden internacional estable, de paz, de seguridad y respeto  
a los derechos humanos.  
La defensa nacional constituye un componente esencial de  
la seguridad nacional que, articulada con la seguridad pública, la  
política exterior, el apoyo del sistema de inteligencia nacional, ga-  
rantiza la defensa de la soberanía e integridad territorial y la protec-  
ción de la población y de los recursos; con los mecanismos de  
cooperación internacional contribuye a crear un entorno nacional y  
regional estable y seguro. Está orientada a garantizar la paz, la esta-  
bilidad y la prosperidad, que permitan lograr un desarrollo econó-  
mico y social sostenible y sustentable, contribuye así a la seguridad  
81  
integral y al fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad.  
Conclusión  
En los cien años de vida del Ecuador que se han revisado en  
el presente estudio, con énfasis en los temas de seguridad y defensa,  
cabe señalar que han sucedido algunos acontecimientos positivos,  
muchos negativos, pero todos dignos de reflexión y estudio, para no  
reincidir en las equivocaciones y, por el contrario, buscar cómo evi-  
tarlas, ante la necesidad de construir un país que pueda asegurar a  
su población las posibilidades de realización espiritual y material,  
tanto para las presentes como para las futuras generaciones.  
81 Ibidem, p. 66.  
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77  
Paco Moncayo Gallegos  
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BOLETÍN ANH Nº 205 • 13–80  
80  
ꢀ
ꢀ
ꢀ
ꢀ
ꢀ
La Academia Nacional de Historia es  
una institución intelectual y científica,  
destinada a la investigación de Historia  
en las diversas ramas del conocimiento  
humano, por ello está al servicio de los  
mejores  
intereses  
nacionales  
e
internacionales en el área de las  
Ciencias Sociales. Esta institución es  
ajena a banderías políticas, filiaciones  
religiosas,  
intereses  
locales  
o
aspiraciones individuales. La Academia  
Nacional de Historia busca responder a  
ese  
carácter  
científico,  
laico  
y
democrático, por ello, busca una  
creciente profesionalización de la  
entidad, eligiendo como sus miembros  
a
historiadores  
profesionales,  
quienes  
entendiéndose por tales  
a
acrediten estudios de historia y ciencias  
humanas y sociales o que, poseyendo  
otra formación profesional, laboren en  
investigación  
histórica  
y
hayan  
realizado aportes al mejor conocimiento  
de nuestro pasado.  
Forma sugerida de citar este artículo: Moncayo Gallegos, Paco,  
"
Ecuador: 100 años de seguridad y defensa", Boletín de la  
Academia Nacional de Historia, vol. XCIX, Nº. 205, enero - junio  
021, Academia Nacional de Historia, Quito, 2021, pp.13-80  
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