BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA
BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA
Volumen XCVII Nº 202
Julio–diciembre 2019
Quito–Ecuador
BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA
Volumen XCVII
Nº 202
Julio–diciembre 2019
Quito–Ecuador
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ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Director Dr. Franklin Barriga Lopéz
Subdirector Dr. Cesar Alarcón Costta
Secretario Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
Tesorero Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C.
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EDITORA
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BOLETÍN de la A.N.H.
Vol XCVII
Nº 202
Julio–diciembre 2019
© Academia Nacional de Historia del Ecuador
ISSN Nº 1390-079X
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enero 2020
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p-ISSN: 1390-079X
e-ISSN: 2773-7381
40 AÑOS DE DEMOCRACIA
EL RETORNO AL ORDEN CONSTITUCIONAL (1976-1979)
–DISCURSO DE INCORPORACIÓN–
Roberto Aspiazu Estrada
1
Pertenezco a la generación de jóvenes ecuatorianos que votó
por primera vez hace 40 años, cuando el retorno al orden constitu-
cional.
A pesar del paso del tiempo, recuerdo, en forma vívida, la
emoción que supuso acércame a las urnas a fin participar de la vo-
luntad popular, esa manifestación soberana en las urnas.
Era el comienzo de una transformación política inédita que
abría un futuro esperanzador luego de una década de interdicción
de derechos políticos y libertades fundamentales.
El proceso que puso fin a la última dictadura militar inició
el 11 de enero de 1976, luego de la renuncia del dictador general Gui-
llermo Rodriguez Lara, para ser reemplazado por un triunvirato con-
formado por los jefes de las tres ramas de Fuerzas Armadas, y
culminó el 10 de agosto de 1979 con la posesión del presidente electo
Jaime Roldós Aguilera.
Fui testigo de privilegio de esa crucial etapa de transición del
poder como reportero de Canal 2 de Guayaquil, más tarde, Ecuavisa
en asocio con Canal 8 de Quito, habiéndome iniciado en el oficio el
1 de marzo de 1976, con apenas 21 años, cuando el procedimiento
de entrega del poder estaba aún por resolverse.
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1 Nació en Guayaquil, es periodista, dirigente empresarial e historiador. Inició su carrera en
1976, desempeñándose como reportero, jefe de información, editor, productor y conductor de
distintos espacios periodísticos. Además, fue colaborador de revista Vistazo. Actualmente es
Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, columnista de diario El Universo, con-
sultor empresarial, miembro de la Veeduría Ciudadana sobre la Deuda Pública. Es autor de
Crónicas de la historia (2017-2018), que tuvo una cálida acogida del público y de Hechos y perso-
najes (2019); además es coautor del libro Nebot, biografía política, El camino a la prosperidad (2019).
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De este modo, me correspondió monitorear cada día este in-
trincado y, por ratos, engañoso, Plan de Retorno que estuvo a punto
de fracasar por la intervención reaccionaria de sectores que preferían
seguir en dictadura, sobre todo, después del sorpresivo triunfo de
Roldós en primera vuelta el 16 de julio de 1978.
Y en esta actividad me cupo entrevistar a todos sus protago-
nistas que iban desde hombres ya viejos, como: Galo Plaza Laso y
Benjamín Carrión, nacidos principios del siglo XX y finales del XIX,
pertenecientes a la generación de mis abuelos, hasta lo más jóvenes
como el mismo Roldós y su binomio, luego sucesor, Osvaldo Hur-
tado, que eran treintañeros, y otros como: León Febres-Cordero y Ro-
drigo Borja que rondaban la cuarentena.
También había el grupo de los “mayores” que promediaba
la cincuentena o sesentena como: Assad Bucaram, Sixto Durán Ballén
y Raúl Clemente Huerta.
Y lo propio respecto a los triunviros del Consejo Supremo de
Gobierno: su presidente almirante Alfredo Poveda Burbano por la
Marina; el General de División Guillermo Durán Arcentales por el
Ejército, que sería su figura más influyente; y el brigadier general
Luis Leoro Franco por la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Aunque es preciso destacar que su actuación pública fue dis-
creta prefiriendo evitar las cámaras de televisión y hacer declaracio-
nes a la prensa nacional, contrastando con el estilo de su antecesor,
el general Rodríguez Lara, bastante más mediático.
Antes de la relación de los pormenores del retorno a la de-
mocracia, algunos antecedentes sobre el momento histórico que vivía
el Ecuador.
La dictadura militar se había instaurado el 15 de febrero de
1972 al derrocar al presidente José María Velasco Ibarra, que, a su
vez, había asumido el poder de facto dos años antes al desconocer
al Congreso Nacional, así como a las autoridades seccionales y loca-
les recién electas, procediendo a encarcelar y exiliar a algunos de sus
opositores.
Las motivaciones del golpe de Estado que pasó a conocerse
como el “carnavalazo”, al coincidir con el feriado, eran obvias.
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Velasco, que era un dictador suigéneris, pues no pretendía
quedarse un día más del mandato popular que había recibido en
1968, se aprestaba a convocar elecciones para mediados de ese año,
anticipándose como seguro ganador a Bucaram, líder de Concentra-
ción de Fueras Populares, CFP, partido populista con poderoso rai-
gambre en Guayaquil y la Costa, en general.
Pero Bucaram era un político populista, de discurso chaba-
cano, recelado por las élites y las propias Fuerzas Armadas, que
ponía en tela de duda, su capacidad de gobernar un país de tantas
expectativas y demandas sociales.
De otra parte, el Ecuador se aprestaba a iniciar la explotación
de petróleo, una vez construido el oleoducto trasandino y el puerto
de almacenamiento en Balao, Esmeraldas. Suponía la administración
de una riqueza nunca vista, toda vez que, a diferencia del cacao y el
banano que eran de propiedad de particulares, el crudo pertenecía
al Estado Ecuatoriano y las reformas introducidas por Velasco a la
vieja Ley de Hidrocarburos en 1971, garantizaban el 20 por ciento de
la producción de crudo para consumo interno, así como regalías e
impuesto a la renta mejorados.
Otro factor que incidió es que las Fuerzas Armadas se veían
así mismas como una reserva institucional y moral del país, y des-
confiaban profundamente de la capacidad de la sociedad civil y sus
partidos políticos tradicionales, de enrumbar los destinos de la Na-
ción en un momento que se presentaba tan propicio al desarrollo na-
cional.
El 15 de agosto de 1972 se efectuó el primer embarque de pe-
tróleo con una producción inicial de 302 mil barriles diarios.
Con la visión de que el Estado se mantenga como protago-
nista en la industria hidrocarburífera en todas sus fases: exploración,
producción, transporte, almacenamiento, refinación y comercializa-
ción, se creó la Corporación Petrolera Ecuatoriana, CEPE, que en
1974 adquirió el 25% del consorcio Texaco-Gulf, participación que se
ampliaría al 62.5% al negociar dos años después, el remanente ac-
cionarial de la Gulf para dar origen al consorcio CEPE-Texaco.
Un sector sin duda emblemático para el autodenominado
Gobierno Nacionalista Revolucionario, que se bien proclamaría un
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ideario de socialismo de izquierda, no llegaría a los desvaríos esta-
tistas que conducirían al fracaso a los militares en el Perú.
Con la riqueza petrolera se pudo emprender una obra de mo-
dernización sin parangón en vialidad, vivienda, educación, salud,
seguridad, agua potable, riego y energía, permitiendo impulsar pro-
yectos de infraestructura básica como la Refinería de Esmeraldas y
la Central Hidroeléctrica de Paute.
Se crearon una sucesión empresas estatales que incrementa-
ron el aparato burocrático de una forma sin precedentes; por men-
cionar: Transnave, Flopec, Astinave, Ecuatoriana de Aviación,
Empresas Nacional de Comercialización (ENAC), Empresa Nacional
de Productos Vitales (EMPROVIT), etc.
El incremento del gasto público pasaría factura con el re-
punte de la inflación que había sido un problema marginal en las dé-
cadas precedentes; en 1974 fue de 22.7% y al año siguiente 15.4%;
hacia 1979, se reduciría al 10% pero no tardaría en repuntar.
El primer boom petrolero cabe dividirlo en dos períodos; el
primero del 72 al 74 que estuvo caracterizado por mayores tasas de
crecimiento, 16% anual en promedio, financiadas por el crecimiento
de las exportaciones; y el segundo del 75 al 81 con tasas menores al
6%, subvencionadas por el aumento del endeudamiento externo, que
se multiplicaría por 18 entre principios y finales de la década al pasar
de 200 a 3.552 millones de dólares.
Cabe destacar que este ciclo de expansión económica se vio
favorecido por una tendencia alcista en el precio del petróleo que
pasó de 2.50 dólares en barril en 1972 a 35 dólares en 1980.
Las altas tasas de crecimiento permitieron disminuir la po-
breza, afianzar una pujante clase media, a la vez que, activar la mi-
gración del campo a las principales ciudades en búsqueda de trabajo,
impulsando el crecimiento de sectores urbano-marginales.
El ejercicio del poder, inevitablemente, politizó a las Fuerzas
Armadas, donde se fueron manifestando bandos, y las fue desacre-
ditando por el inevitable surgimiento de casos de corrupción, vin-
culados a una activa contratación pública producto de la abundancia
de recursos. La denuncia de compras excesivas y con sobreprecio de
insumos como fertilizantes y hierro, así como irregularidades, en la
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comercialización del crudo y endeudamiento externo, revelaron la
faz más sórdida del gobierno militar.
Las disensiones internas motivadas por el desvío del cum-
plimiento de su misión institucional, fundamentalmente, castrense,
se hicieron patentes el 1 de septiembre de 1975 cuando se produjo la
sublevación del general Raúl González Alvear que cercó la Plaza
Grande de Quito con unidades de tanques del Grupo Mecanizado
Azuay, para tomar por asalto la sede de Gobierno.
En una improvisada proclama dijo: “Los imperativos de la justicia
social no se han cumplido, la política petrolera es lamentable y las nuevas
autoridades toman el poder para corregir los yerros”.
2
La balacera dejó agujereada la fachada del Palacio de Caron-
delet ocasionando la muerte de 22 ciudadanos, en su mayoría uni-
formados, y una cincuentena de heridos. A la postre, el golpe de la
“funeraria”, llamado así porque el mando de la rebelión se situó en
una sala de velación de las inmediaciones, fracasó porque las prin-
cipales unidades de Quito no se sumaron a la asonada.
Lo ocurrido, sirvió para que, desde la vertiente civil, dirigen-
tes políticos como Carlos Julio Arosemena y Julio César Trujillo, al-
zaran su voz para reclamar un pronto retorno al orden constitucio-
nal. Ambos serian exiliados a Bolivia, recordando que la presunta
“dictablanda” ponía mano dura cuando quería frenar la incómoda
disidencia.
En 1981 entrevisté al general González Alvear en su exilio en
Santiago de Chile y reveló, que varios de sus colegas, que por enton-
ces ejercían el mando de las Fuerzas Armadas en el gobierno demo-
crático, lo habían traicionado dándole la espalda en el momento
crítico.
Se diría que el general Rodríguez Lara había recuperado el
gobierno más no al poder, luego de este episodio que lo obligaría,
en apenas cuatro meses, a apartarse de la presidencia de facto para
ser reemplazado por el triunvirato que le daría una tónica más ins-
titucional que personalista al nuevo régimen.
Hasta aquí, esta suerte de digresión para contextualizar el
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2 Alfonso Espinosa de los Monteros, Memorias 1961- 1988: Entre el populismo y la dictadura, tomo
I, Penguin Random, Bogotá, 2016, p.357.
punto de partida del Plan de Retorno, al cabo de cuatro años de dic-
tadura castrense.
En su primera proclama, el triunvirato anunció su decisión
de restablecer la institucionalidad democrática, fijándose un plazo
de dos años para el efecto (que terminaría extendiéndose casi al
doble). Se esperaba poner fin a la intermitencia de gobiernos civiles
y militares, que se habían sucedido desde la caída del cuarto velas-
quismo en noviembre de 1961.
Hay que anotar que el ambiente internacional se había tor-
nado hostil a las dictaduras militares. España estaba iniciando su
proceso de restauración democrática, luego de la muerte de Franco,
al tiempo que se intensificaban denuncias por violaciones a los de-
rechos humanos en contra de los regímenes de los generales Videla
y Pinochet, en Argentina y Chile, respectivamente.
Se concibió entonces el denominado Plan de Reestructura-
ción Jurídica del Estado que iría tomando forma en base a consultas
realizadas por el ministro de Gobierno coronel Richelieu Levoyer
Artieda, con distintos grupos políticos y de la sociedad civil.
Mientras los sectores de izquierda que habían sido cercanos
al nacionalismo revolucionario alentaban la continuación del régimen
militar, a fin de consolidar reformas sociales pendientes, los partidos
tradicionales: Conservador, Liberal y un debilitado Velasquismo apo-
yaban la habitual convocatoria a una Asamblea Constituyente, previa
a la elección presidencial. En tanto que jóvenes organizaciones pro-
gresistas como la Democracia Cristiana y la Izquierda Democrática,
respaldaban sentar primero las bases de una democracia represen-
tativa y participativa, a través de una Ley de Partidos que desperso-
nalice la actividad política permitiendo institucionalizarla y
garantizar su continuidad en el tiempo.
Así, el “Plan de Retorno” empezó a tomar forma con una
firme convicción anti caudillista, producto del rechazo a la gravita-
ción que, durante cerca de 40 años, había tenido la figura de José
María Velasco Ibarra, con cinco administraciones en 1934, 1944, 1952,
1960 y 1968, de las cuales apenas terminó la tercera.
Velasco, desde su exilio en Buenos Aires, procuró retomar
protagonismo en este nuevo período de transición, pero acabaría
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siendo un animador marginal por su avanzada edad. Regresaría al
país para “meditar y morir”, según sus palabras cuando trajo de
vuelta al país los restos de su esposa fallecida en la capital argentina
en un trágico accidente de tránsito. Cumpliendo su vaticinio murió
en Quito el 30 de marzo de 1979, poco después de cumplir 86 años,
quien fuera el político más influyente del siglo XX.
Por su lado, la dictadura declaró que, en su ánimo de alcan-
zar un “régimen constitucional renovado”, propiciaría “el manteni-
miento de un ambiente de concordia nacional en base al respeto a
las libertades y derechos amparados en la Ley”. Y aunque el discurso
era conciliador, en abril de 1976 aprobó, mediante decreto, la nueva
Ley de Seguridad Nacional que le brindaba amplias potestades para
reprimir cualquier forma de disidencia.
La “dictablanda” otra vez, evidenció su dureza cuando en
agosto de ese año, disolvió una reunión de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana que se efectuaba en Riobamba, por invitación del
obispo Leónidas Proaño; 16 prelados extranjeros serían expulsados
bajo la acusación de ser parte de un cónclave extremista y subver-
sivo.
Entrevisté a monseñor Proaño en repetidas ocasiones, apro-
vechando sus visitas a Guayaquil por motivos pastorales. Era la fi-
gura más emblemática de la Teología de la Liberación en el país; una
visión radical respecto al compromiso de la Iglesia con los más po-
bres. Con su voz apacible, con el tono propio de un redomado pre-
dicador, siempre puso énfasis en las formas pacíficas de protesta
social, en especial, por parte de los indígenas, a los que sirvió como
un verdadero padre.
Al concluir el ciclo de diálogo civil-militar, el triunvirato pro-
puso un complejo “Plan de Retorno”, tal como se lo conocería colo-
quialmente, que comprendía la integración de tres comisiones
jurídicas conformadas por prestantes ciudadanos de distintas ten-
dencias políticas, que se encargarían de elaborar dos proyectos de
Constitución, que se someterían a referéndum dirimente, y a la vez,
sendos proyectos de Ley de Partidos y de Elecciones.
Se procuró que no hubiera marginaciones de orden ideoló-
gico, pero unos pocos partidos decidieron autoexcluirse: el Partido
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Liberal, La Izquierda Democrática, el Partido Comunista Marxista
Leninista y los movimientos caudillistas.
La primera Comisión, presidida por el socialista Carlos Cueva
Tamariz, prepararía el texto de una nueva Carta Política, mientras
que la segunda, a cargo del conservador Ramiro Borja y Borja, actua-
lizaría la Constitución de 1945, considerada de vanguardia. En tanto
que la tercera, se ocuparía de los proyectos de la Ley de Partidos y de
Elecciones sería, encabezada por el joven democristiano Osvaldo
Hurtado, quien sería figura clave del proceso.
Ante el anuncio, la reacción de la opinión pública fue de
cierta perplejidad. Lo de someter a referéndum dos proyectos de
Constitución, no hacía mucho sentido bajo el entendido que los elec-
tores tendrían que leerlos y compararlos, a fin de ejercer un voto in-
formado.
De ahí que influyentes editorialistas, dirigentes políticos y
empresariales manifestaran su escepticismo, bajo el argumento que
el pueblo no estaba preparado para pronunciarse sobre complejas
materias, que requerían de alguna ilustración.
“Representantes de la sociedad política y de la sociedad civil, esco-
gidos por lo militares y no elegidos por el pueblo, iban a legislar en materia
constitucional y electoral, y a definir la forma en que se estructuraría el Es-
tado”,
3
anota Hurtado en su libro: Ecuador entre dos siglos.
Este fue el aspecto que generó rechazo debido a que la dicta-
dura estaba imponiendo un proceso suigéneris, contrario a la tradi-
ción nacional, que no garantizaba una transición dentro de plazos
definidos.
Entre los que cuestionaron la falta de representatividad de
los comisionados y, al tiempo, la falta de certidumbre, en la entrega
del poder estuvo el independiente Leon Febres Cordero Rybadeneira,
presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que estuvo se-
cundado por otros personajes de la política, como el expresidente
Carlos Julio Arosemena. Coincidían en la censura de un procedi-
miento que consideraban falto de transparencia.
En medio de la crítica, las comisiones se instalaron en enero
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3 Oswaldo Hurtado Larrea, Ecuador entre dos siglos, editorial Debate, Bogotá, 2017, p. 214
de 1977 con el mandato de concluir su trabajo antes de seis meses,
plazo que, en efecto, se cumplió. Cuando tocaba convocar al referén-
dum de forma perentoria, la dictadura decidió fijar los comicios para
el 15 de enero de 1978, esto es, otro medio año de trámite, con la ma-
nifiesta intención de prolongarse.
Con buen criterio, para darle credibilidad al proceso se con-
formó el Tribunal del Referéndum bajo la presidencia de Galo Plaza
Lasso, exmandatario del país y exsecretario general de la OEA, se-
cundado en la vicepresidencia, por Benjamín Carrión Mora, recono-
cido escritor, político, diplomático y promotor cultural, acompañados
por otros prestantes ecuatorianos incluyendo al también expresidente
Clemente Yerovi Indaburu.
Plaza, a quien asimismo entrevistamos en repetidas ocasio-
nes, era el estereotipo del patriarca bonachón. Alto, rubicundo, de
ojos garzos y mirada franca, rezumaba, en su conjunto, la sencillez
de un hombre de campo que, considerando su meritoria trayectoria
como hombre público, le confería una respetabilidad sin par.
Su participación como magistrado ad-hoc fue un paso estra-
tégico, con miras a que el “Plan de Retorno” vaya ganando apoyo
en sectores de la sociedad civil, que se mantenían incrédulos.
Entre sus primeras acciones, el Tribunal, se propuso depurar
el padrón electoral que tenía múltiples inconsistencias como resul-
tado de permanecer ocho años sin uso.
El 18 de octubre de 1977, la toma del ingenio Aztra, en La
Troncal, Cañar, que era de propiedad estatal, por parte de los traba-
jadores que demandaban mejoras salariales y el cumplimiento del
contrato colectivo, derivó en un violento desalojo de la fuerza pú-
blica, que ocasionó 25 muertos, en su mayoría, ahogados en el pro-
fundo canal que bordeaba las instalaciones. El episodio conmocionó
al país generando alarma ante esta represión violenta, que ponía en
tela de duda el compromiso del régimen militar de volver a la de-
mocracia.
En esa época, las comunicaciones no eran instantáneas como
ahora. Recién fuimos a La Troncal muy temprano, al día siguiente, y
encontramos un ambiente de aparente calma como si nada hubiera
pasado. Los cadáveres de los zafreros habían sido recogidos y des-
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pachados a sus comunidades, en la montaña, para un pronto entie-
rro. Apenas encontramos una víctima que estaba siendo velada en
una modesta casa, acostado en un piso enlozado, sin ataúd. Intenté
de comunicarme con sus familiares, pero sólo hablaban quichua, de
modo que tuve que apelar a un traductor. Un recuerdo impactante
de una realidad impensable del Ecuador del siglo XX.
Poco después, los partidos Liberal, Conservador y Socialcris-
tiano, entre otras agrupaciones, publicaron un remitido solicitando
que se suspenda el proceso, para dar paso a un gobierno interino civil-
militar “que estudie otras formas de retorno al régimen de derecho”.
La propuesta había sido acordada con el nuevo ministro de Gobierno,
general Bolívar Jarrín Cahueñas, que actuaba como intermediario del
hombre fuerte del triunvirato, general Durán Arcentales.
La reacción de rechazo de la opinión pública, así como la
firme oposición del vicealmirante Poveda Burbano, condujo a ratifi-
car la realización del referéndum el 15 de enero de 1978. Sin embargo,
mediante decreto, se dispuso la derogatoria de las disposiciones tran-
sitorias en ambos proyectos constitucionales, generando vacíos en el
procedimiento de transición; y, aunque se fijó el 16 de julio, como
fecha para realizar la elección presidencial y de autoridades seccio-
nales, el ofrecimiento impreciso fue: que la entrega del poder se pro-
duciría antes de finalizar el año.
En diciembre de 1977 otro suceso que sacudió al país fue el
secuestro y posterior asesinato del empresario quiteño José Antonio
Briz López, a quien sus captores, con sevicia, decapitaron colocando
su cabeza en una caja que apareció en la puerta del Colegio Las Mer-
cedarias. Se trataba de grupos extremistas de izquierda, que procu-
raban obtener un rescate para financiar sus actividades subversivas.
Felizmente, se mantuvo como un episodio aislado.
En este ambiente jalonado de tensión y expectativas, se llevó
a cabo la campaña electoral del referéndum, en el marco de una exa-
cerbada polarización política, así como del empeño del Tribunal para
difundir los pormenores de sendos textos constitucionales, de forma
asequible, para la mayoría de votantes.
El proyecto de nueva Carta Política incluía disposiciones
como: sufragio para los analfabetos, sistema de doble vuelta presi-
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dencial, no reelección, supresión de las senadurías funcionales, Con-
greso unicameral, régimen de partidos, la conformación del Consejo
Nacional de Desarrollo y la definición de cuatro áreas de la econo-
mía: privada, estatal, mixta y comunitaria. Muchas de estas tesis fue-
ron promovidas por la democracia cristiana. El apoyo a esta
propuesta provino de los mismos sectores progresistas de centro iz-
quierda que habían avalado el “Plan de Retorno”, incluido el CFP.
Por su lado, el proyecto de Constitución del 45 reformada,
condicionaba el derecho de ciudadanía a saber leer y escribir, per-
mitía la reelección presidencial después de un período, las represen-
taciones corporativas, el Congreso Bicameral, etc. Pese a cuestionar
que se someta a consulta popular textos extensos y complejos, los
partidos tradicionales apoyaron lo que se consideraba un mal menor.
Una tercera postura fue la del voto nulo, que promovida por
los movimientos caudillistas- velasquista, y arosemenista- en con-
junto con el Frente Radical Alfarista de Abdón Calderón Muñoz y
León Febres-Cordero, aún independiente, quien con su carácter
tenaz y enérgico, se iría convirtiendo en figura nacional.
Cabe compartir con la audiencia una impresión del personaje
a quién conocimos al seguir de cerca su carrera política, que lo con-
duciría a la presidencia de la República en 1984.
Muy orgulloso de su estirpe que se remontaba a la indepen-
dencia, era una trabajador incansable, meticuloso y perfeccionista.
Buen lector y conversador, muy seguro de sí mismo, al expresarse
comunicaba autenticidad. De actitud grave ante las presiones de la
política, era habitualmente, poco sociable y de sentido del humor
discreto. Su principal entretenimiento eran los hobbies de armas, pe-
rros y caballos, a tono con su imagen de líder combativo.
La confrontación de posiciones, condujo a la aparición de
“campañas sucias”, que inaugurarían el aprovechamiento de la te-
levisión, como medio de propaganda electoral.
Con una concurrencia del 90% de los electores empadrona-
dos, el proyecto de Nueva Constitución obtuvo 744 mil votos, esto
es, el 45% del sufragio total, mientras que la del 45 reformada 522
mil votos, equivalentes al 32%, a más de 397 mil votos nulos, que re-
presentaron el 23%, a más de muy pocos votos en blanco.
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Conocido el resultado, se publicó un decreto de la dictadura
modificando la Ley de Elecciones para impedir la candidatura de los
expresidentes de la República (Velasco y Arosemena) y de Bucaram
a quien se introdujo la dedicatoria de que para ejercer la primera ma-
gistratura debía ser de padre o madre ecuatoriana, siendo los suyos
ambos libaneses.
Cumplida su misión, el Tribunal del Referéndum, presentó
su excusa procediéndose a conformar el Tribunal Supremo Electoral,
qué salvo alguna honrosa excepción, se convertiría en instrumento
de quienes seguían maniobrando en contra del “Plan de Retorno”.
Al concretarse la alianza del CFP con la Democracia Popular,
nuevo partido producto de la fusión de la democracia cristiana de
Hurtado, con la facción conservadora progresista de Julio César Tru-
jillo, se apeló a un formulismo del registro de firmas para invalidar
su personería jurídica.
Al tiempo, se descalificaba como candidato al joven director
del Partido Liberal, Francisco Huerta Montalvo, alegando que la fun-
dación que dirigía, FEDESARROLLO, mantenía un contrato con el
Estado. Una maquinación de la que participó su Junta Suprema, para
favorecer a su tío el prestigioso jurisconsulto Raúl Clemente Huerta,
quien había postulado a la presidencia en 1956 y 1967.
Bucaram privilegió un acuerdo con los liberales. En marzo
de 1978, en una reunión mantenida en Guayaquil, ofreció el apoyo
de CFP a Huerta, condicionándolo a la candidatura vicepresidencial
de Hurtado, a quien guardaba gratitud por su firme rechazo a la des-
calificación de la que fuera objeto; pero éste se rehusó. Quienes asis-
tieron cuentan que el caudillo cefepista se despidió y al darle la mano
le dijo: “Doctor Huerta, Usted acaba de perder la presidencia por tercera
ocasión”.
Inevitable hacer una breve semblanza de este personaje a
quien entrevistamos en múltiples ocasiones. Su sola mención era in-
timidante por su reputación de político implacable. Era alto de esta-
tura y vestía con pulcritud de traje y corbata, generalmente, de
colores obscuros. Al atacar a sus enemigos solía utilizar un lenguaje
irónico y mordaz, que, eventualmente, podía ser vulgar, pero, en su
trato, era un hombre educado y afable, siendo recurrente en su dis-
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curso aquello del pueblo contra las oligarquías, del mismo cuño po-
pulista de Velasco Ibarra y de su mentor, Carlos Guevara Moreno.
Le gustaba que lo llamen “Don Buca”, acostumbrando a ape-
larse, a sí mismo, en tercera persona. Sin embargo, sus adversarios
lo apodaban “El Chueco” a manera de burla, por la escoliosis que lo
afectó de adulto.
Ante la marginación de la que fuera objeto, optó promover
la candidatura presidencial de Jaime Roldós Aguilera, quien carecía
de reconocimiento nacional, pero que era un joven y brillante abo-
gado con dotes oratorias, cuya primera participación en política
había sido como diputado en el Congreso de 1968.
Una amplia gama de partidos y movimientos de tendencia
conservadora apoyaron la candidatura del exalcalde de Quito Sixto
Durán Ballén, conformando el denominado Frente Constituciona-
lista. Los otros animadores de la contienda fueron el ya citado, Raúl
Clemente Huerta por el Partido Liberal; Rodrigo Borja Cevallos, por
la Izquierda Democrática, de tendencia socialdemócrata; Abdón Cal-
derón Muñoz por el FRA, un partido escindido del liberalismo, y;
René Maugé Mosquera, por el Frente Amplio de Izquierda.
La campaña supuso una confrontación de la vieja clase polí-
tica con la nueva. El binomio Roldós-Hurtado de la alianza cefepista-
demopopular denominada “La Fuerza del Cambio”, posicionó las 21
bases programáticas que no eran sino un listado de generalidades en
materia de derechos y garantías ciudadanas, con un aire renovador.
Los favoritos eran Durán-Ballén y Huerta, políticos de dilatada tra-
yectoria, pero un electorado, predominantemente joven, se decantó
por quienes se identificaban mejor con sus anhelos y esperanzas.
Efectuados lo comicios del 15 de julio de 1978, el resultado
fue: Roldós 32%, Durán Ballén 21%, Huerta 21%, Borja 12%, Calde-
rón 9% y Maugé 5%.
Durante el escrutinio oficial, que se volvió interminable, sur-
gieron acusaciones infundadas de fraude electoral, cuyo único obje-
tivo era sabotear el legítimo triunfo de Roldós. Originalmente, se
suponía que se habían producido irregularidades en la provincia de
Esmeraldas, en verdad muy acotadas, pero el vicepresidente del Tri-
bunal Supremo Electoral Rafael Arízaga Vega, un viejo velasquista
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marrullero, simpático, pero a la vez cínico, sostuvo que éstas eran
“un pálido reflejo” de lo que se verificaría después.
Sin pruebas fehacientes, hablaría de una presunta “mano
negra”, acusación que le reversaría toda vez que la ciudadanía em-
pezó a referirse con mordacidad al TSE, precisamente, como el Tri-
bunal de la “mano negra”.
Era una maniobra de los sectores derrotados en las urnas,
que pretendían desconocer el resultado con la finalidad de prolongar
la dictadura. Algunos, sabiendo que Durán Ballén era el otro candi-
dato finalista, que tendría que ir a la segunda vuelta, pretendían ma-
nipular el cómputo para favorecer a Huerta, considerando la poca
diferencia entre los dos, bajo el convencimiento que éste último ten-
dría mejores posibilidades de vencer a Roldos.
A partir de septiembre, se desató una campaña terrorista en
Guayaquil, con una potente bomba en el edificio de Filanbanco, vin-
culado a Canal 10 luego TC Televisión, seguidas por otras, contra
diario El Universo y la revista Vistazo; incluso el vehículo de Calde-
rón Muñoz fue objeto de un dinamitazo. Se procuraba intimidar a
quienes denunciaban con valentía la artimaña.
Resultaba obvio que una facción de la dictadura, con algún
apoyo civil, obraba desde la clandestinidad, para sembrar un am-
biente de zozobra que impidiera la continuidad del cronograma del
retorno.
Trascendió que habían tenido un fallido acercamiento con
Durán Ballén para proponerle que retire su candidatura para generar
un vacío en el proceso, a lo cual este caballero de la política se negó
rotundamente.
La presión de la opinión pública obligó al cese de esta ma-
niobra a fin de proceder a la proclamación de resultados, a la vez
que, a la restructuración del Tribunal, que no garantizaba la impar-
cialidad del proceso. Solo entonces, se confirmaría el 29 de abril de
1979, como fecha para la realización de la segunda vuelta electoral,
al cabo de nueve meses de la primera.
En medio de este anuncio esperanzador, a fines de noviem-
bre, se produjo el atentado que costó la vida al economista Calderón
Muñoz, que había sido un valiente luchador en contra de la dicta-
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dura, denunciando distintos negociados en el área petrolera y de la
deuda pública. Las investigaciones, a cargo de la prensa indepen-
diente, revelaron que los ejecutores tenían vinculación con el minis-
tro de Gobierno, general Jarrín Cahueñas, a través de elementos
operativos de la Policía Nacional. Fue un escándalo colosal.
El juicio respectivo, con un poderoso influjo de la cobertura
mediática, derivaría en la sentencia a 12 años de prisión, al presunto
autor intelectual. De conformidad a las pruebas, se validó la tesis de
que se quiso intimidar al economista Calderón, pero el rato de agre-
dirlo algo salió mal y acabó con tres disparos a quemarropa.
Ante la renovada incertidumbre que ocasionó el asesinato,
la ciudadanía se galvanizó en un solo frente cívico para exigir a los
militares la entrega del poder, sin más dilatorias.
Luego del triunfo electoral de primera vuelta, la relación in-
terpersonal entre Roldos y Bucaram experimentó un rápido deterioro,
al punto que cada cual hizo campaña por separado. Un motivo de di-
sensión fue que, al respaldar partidos como Izquierda Democrática y
Frente Radical Alfarista la candidatura de Roldos, sus listas de dipu-
tados se beneficiaron de su ascendente popularidad, en perjuicio del
interés del CFP de obtener un mayor número de legisladores.
Aunque, la verdadera causa, era el natural celo por la disputa
del liderazgo del CFP en circunstancias que se demostró que el “del-
fín” político tenía personalidad e ideas propias como para ser títere
de alguien.
El eslogan de: Roldos a la presidencia, Bucaram al poder, no pasó
de ser una proclama de quienes pretendían desacreditar, sin éxito,
al candidato de 38 años.
Durante la campaña de segunda vuelta, cobró relevancia la
figura de León Febres-Cordero que tuvo que afiliarse al Partido So-
cial Cristiano, PSC, para ser candidato a diputado nacional a la Cá-
mara de Representantes.
Con mucho polarizó el debate descalificando al binomio Rol-
dos-Hurtado, al acusarlo de representar al extremismo de izquierda,
contrario a la propiedad privada, amparado en el ideario de la de-
mócrata cristiana internacional, de favorecer la propiedad comuni-
taria. Apelando a su experiencia, como exitoso gerente de empresas,
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afirmaría que ambos no estaban preparados ni para administrar la
tienda de la esquina.
Un tanto colmado la paciencia, Roldos le devolvería la puya
tildándolo de “insolente recadero de la oligarquía”.
Por su lado, Duran Ballén, haría una campaña mucho más a
tono con su carácter apacible y su discurso de tecnócrata, presentán-
dose como un hombre probado y de reconocida trayectoria.
En comicios de mero trámite, Roldós confirmó su amplio fa-
voritismo triunfando con el 62% de la votación, siendo la primera
vez que un candidato presidencial superaba el umbral del millón de
votos; ganó en todo el país, con excepción de la provincia de Loja.
En la noche del 29 de abril de 1979, lo entrevistamos en vivo
junto a su esposa Martha Bucaram de Roldós, en el set de Ecuavisa
de Guayaquil, junto con Alfonso Espinosa de los Monteros y Gloria
Gallardo. Antes de salir al aire, se acercó y me dijo en voz baja: “Ya
ve Roberto Usted no confiaba en mí; yo le dije que si entraba era para
ganar”.
Esto, a propósito de una visita que le realizara, junto a Al-
fonso, en marzo del 78, a su despacho profesional, en la primera
planta de un edificio en las calles Chimborazo y Aguirre, para acon-
sejarle que era más segura su candidatura a la alcaldía de Guayaquil,
antes que la presidencia de la República, toda vez que no habría
tiempo para darse a conocer en el ámbito nacional en una campaña
tan corta. Luego de escucharnos nos dijo algo solemne pero suspicaz
a la vez: “yo nunca he perdido una elección, si entro es para ganar”.
Roldos era un hombre que irradiaba optimismo y confianza;
su mirada era franca y proyectaba calidez humana. No daba la im-
presión de tomarse tan en serio, a pesar de una personalidad formal
que traslucía su sólida formación académica. Su intelectualidad era
sencilla y espontánea, sin atisbo alguno de arrogancia. El destino le
tendría deparada una transición singular ante la historia como el pre-
sidente bueno, que encarnaba una promesa de renovación política,
que quedó trunca, al fallecer prematuramente en el trágico accidente
aéreo del 24 de mayo de 1981, al cabo de año y medio de un man-
dato. Apenas había cumplido 40 años.
En su mensaje a la Nación, el flamante mandatario, dijo que
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le tocaba: “echar a andar a un paralítico”; a la vez que, advirtió ante la
Cámara Nacional de Representantes, presidida por su mentor y tío
político Assad Bucaram, que “no caigamos en la pugna de poderes que
comienza obstaculizando al Gobierno y termina liquidando a la democra-
cia”. Una profecía que ha sido la pauta de sucesivas crisis que el país
tendría que afrontar hacia futuro, por su inveterada pugnacidad que
ha prevalecido sobre la capacidad de alcanzar acuerdos políticos.
Y así fue como se consumó el retorno al orden constitucional,
al cabo de una década de dictadura, iniciando la mayor etapa de con-
tinuidad de democrática en la historia republicana que recientemente
cumplió 40 años. Pero ha sido una continuidad con algunos quebran-
tos, que deja al descubierto una frágil institucionalidad política.
De 13 presidentes, tres afrontaron golpes de Estado que in-
terrumpieron sus respectivos mandatos, forzando a las respectivas
sucesiones constitucionales. El primero fue el que puso fin al Go-
bierno de Abdalá Bucaram en 1997, con lo cual inició un período de
inestabilidad política que se prolongaría una década; incluye la caída
de Jamil Mahuad el 2000 y la de Lucio Gutiérrez en 2005, hasta el ad-
venimiento del régimen del presidente Rafael Correa en 2007.
Penosamente, la estabilidad política se obtendría a costa de
un régimen personalista y autoritario, que al cabo de otra década,
dejaría al país arruinado, tanto en la parte institucional por su exclu-
yente modelo de concentración de poderes, como en el ámbito eco-
nómico y ético, donde el colapso no ha tenido precedentes; tanto por
el dispendio de los recursos provenientes del segundo boom petro-
lero, como por la corrupción que ha permeado a la sociedad desde
la cima del poder, hasta sus pequeños resquicios.
El balance de estos 40 años, a ratos, deja más sombras que
luces. El sentir sigue siendo de una manifiesta inconformidad con la
situación actual.
El país no ha sido capaz de afianzar un sistema de partidos
políticos, que sean la expresión de la democracia, no sólo represen-
tativa, sino también participativa.
El modelo de desarrollo económico ha venido dando tum-
bos, sin que sea factible articular una estrategia de largo aliento. La
dependencia de los ingresos petroleros y su continúa fluctuación por
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el vaivén del precio del crudo, así como la falta de disciplina fiscal,
obligaron a adoptar la dolarización hace casi 20 años.
Se suponía que iba a ser una camisa de fuerza que obligaría
a la austeridad fiscal, toda vez que el país resignó su potestad sobe-
rana monetaria, pero el correísmo demostró que hay formas de bur-
larla, a través del agresivo endeudamiento público, interno y
externo, que ha permitido financiar el crecimiento desmedido del
aparato burocrático; tres veces más, de lo que teníamos en 2007,
cuando el tamaño de la economía apenas se ha duplicado.
La dolarización tuvo la ventaja de contener la inflación y de
permitir que la población pueda endeudarse en la compra de una
vivienda, un automóvil o electrodomésticos, con la garantía del pago
de cuotas fijas, a mediano y largo plazo; pero, desde el punto de vista
del sector productivo ha supuesto asumir una elevada estructura de
costos que lo ha vuelto poco competitivos.
Lo sucedido con el levantamiento indígena, que vino de la
mano de un nuevo intento de golpe de Estado, ha sido una especie
de clarinada que nos ha obligado a aceptar que vivimos en una so-
ciedad fracturada en lo étnico: los indios confrontados con el esta-
blecimiento blanco mestizo; y en lo regional de Sierra contra Costa,
que se resiste a comprender la naturaleza de este conflicto derivado
de la marginalidad histórica de la población aborigen.
Las escenas de violencia y vandalismo nos dejaron conmo-
vidos, y más allá de su instrumentación política por parte de la diri-
gencia de la CONAIE y del propio correísmo, dejó al descubierto la
frustración de la juventud, que se siente excluida por la falta de opor-
tunidades de trabajo y educación que les asegure un futuro de bien-
estar.
Desde la política pública, esta pujante situación, debe ser
procesada para brindar soluciones oportunas, que eviten que se
agrave el problema del calentamiento de las calles, despojándolo de
la contaminación del oportunismo y la politiquería.
Hemos llegado a los 40 años de democracia, con beneplácito
sí, pero también con un espíritu de escepticismo sobre el porvenir
ecuatoriano, que se presenta con más preguntas que respuestas, que
permitan avizorar un futuro más promisor.
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Aun así, los hombres de bien, que amamos entrañablemente
a nuestro país, debemos cerrar filas, para luchar desde nuestras res-
pectivas ocupaciones, por un país mejor donde prevalezca el imperio
de la Ley sobre el poder, instituciones del Estado independientes,
que no sean botín político; una economía que mantenga en armonía
el trabajo y el capital; que en un escenario de reactivación y creci-
miento económico que genere más empleo digno para el que lo ne-
cesita; que la inclusión social de los más desfavorecidos sea una
realidad alcanzable dentro de un concepto de mayor calidad de gasto
público.
Temas que siguen gravitando en la vida nacional, luego de
este prolongado período iniciado en 1979. Esperemos que, en la pró-
xima década, tengamos éxito concretando estos avances que sean,
de una vez por todas, irreversibles y para siempre. ¡Viva la Patria!
Quito, 19 de diciembre de 2019
Bibliografía
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Alfonso, Memorias 1961- 1988: Entre el popu-
lismo y la dictadura, tomo I, Penguin Random, Bogotá, 2016.
HURTADO LARREA, Oswaldo, Ecuador entre dos siglos, editorial Debate, Bo-
gotá, 2017.
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